La Ley Mordaza es utilizada para multar a trabajadoras del sexo

Por Colectivo Hetaira:

“Han comenzado a multar a las trabajadoras del sexo en el Polígono de Villaverde”

A la Delegada de Gobierno, Concepción Dancausa, se le ha olvidado un pequeño detalle al anunciar el 24 de julio “que se utilizará la nueva ley para acabar con este modo de explotación de las mujeres”. 

Y es que las propias trabajadoras del sexo, esas que dice que sufren explotación, también están siendo multadas por el Cuerpo Nacional de Policía utilizando la Ley Orgánica de “Protección” de la Seguridad Ciudadana. 

Dancausa ha dejado muy claros los objetivos de la intervención policial “controlar, erradicar y combatir la prostitución”. Todo ello sin contar con las protagonistas, sin interesarse por sus necesidades, sin ofrecer alternativas. 

Ha tenido en cuenta la opinión de empresarios y vecinos/as, ignorando el punto de vista de las trabajadoras del sexo y poniendo en marcha una potente maquinaria represiva y punitiva contra ellas. De esta manera, se hace efectiva la criminalización y penalización del colectivo de personas que ejercen la prostitución en los espacios públicos, situación que venimos previendo y denunciando desde que conocimos las primeras noticias de esta ley infame. 

Desde el Gobierno se vendió como una Ley que “solo” penalizaría al cliente, sin embargo, las trabajadoras del sexo que captan su clientela en los espacios públicos han comenzado a ser multadas desde la semana pasada. El acta de denuncia a una de las mujeres que ejercen en el Polígono de Villaverde venía motivada por “no obedecer de forma reiterada los mandatos de los funcionarios policiales para que no ofrezca servicios sexuales en la calle xxxxxx, vía pública con peligro para la seguridad vial”. 

Desde el Colectivo Hetaira denunciamos la violencia institucional contra quienes ejercen la prostitución en las vías públicas, amparada por la Ley de Seguridad Ciudadana. 

Se traduce en persecución y acoso, que lejos de solucionar ningún problema social, de convivencia, o de seguridad ciudadana, empeora más, si cabe, las condiciones en las que se ejerce esta actividad. Contribuye al aumento de la vulnerabilidad porque, antes o después, las mujeres buscarán lugares más alejados y, desde ya, deben negociar las condiciones del servicio sexual de manera más rápida y clandestina, lo que supone la pérdida de control en la negociación del preservativo, el precio, las prácticas, etc. 

También denunciamos los abusos que comenten algunos mandos policiales hacia las mujeres. Situaciones que, desgraciadamente, son más habituales de lo que debieran y que están aumentando preocupantemente a raíz del anuncio y de la puesta en marcha de la ley. Insultos, amenazas, vejaciones, chantajes… que contribuyen al clima de inseguridad e indefensión y, por tanto, incrementa la vulnerabilidad ante cualquier otro tipo de violencia.

Esta Ley de “Protección” de la Seguridad Ciudadana hace efectiva la prohibición de la prostitución en el espacio público, favoreciendo solamente los intereses de los empresarios de los locales, donde las mujeres carecen de cualquier ley que proteja sus derechos, dado que no existe un reconocimiento de la prostitución como trabajo. 

La prostitución es un fenómeno muy complejo en el que se deben tener en cuenta a todas las partes implicadas, especialmente a quienes ejercen la prostitución. 

Las trabajadoras del sexo no necesitan políticas que las criminalicen y empeoren sus condiciones de vida, las trabajadoras del sexo requieren políticas valientes con perspectiva de derechos humanos, que escuchen sus necesidades y que se les dote de los derechos de ciudadanía que actualmente les son negados.