Panrico pagó a UGT y CCOO 30.000 € anuales por no ejercer el derecho de huelga en el conflicto de los ERE`s

Trabajadoras de Panrico en la manifestación del 22 de marzo de 2014 en Madrid

Por Burgos Dijital

El 16 de octubre de 2015 la Audiencia Nacional sentenciaba[1] a Panrico-SAU a indemnizar a CCOO por haberle cortado la financiación acordaba en el 2011 de 30.000€ por año y dos liberaciones completas.

Panrico pone precio al compromiso de CCOO y UGT

El 5 de abril de 2011 la dirección de Panrico suscribe un acuerdo con la Federación Agroalimentaria de CCOO (FEAGRA-CCOO), UGT no quiere firmar otro similar. El texto analiza la “situación difícil” de la empresa y “el importante papel a desempeñar por los trabajadores para afrontar los retos a los que ha de enfrentarse en los próximos años”, y para “contribuir a la mejora del clima laboral” es “necesario dotar de medios suficientes a la legítima representación de los trabajadores”. 

El objetivo de esos recursos a CCOO es la “búsqueda constante de soluciones negociadas a cuantas controversias pueden surgir en el  devenir de las relaciones laborales”. 
Estos “medios suficientes” tienen “la finalidad de garantizar el desarrollo de manera efectiva de la labor (…) de CCOO dirigida a la consecución de los objetivos reseñados en el presente acuerdo”, son: 1) dos “liberados institucionales”  a tiempo completo, con todos los derechos y garantías; 2) “PANRICO aportará a dicha Federación la cuantía de 30.000 € al año”, y esa cantidad se actualiza con el IPC; 3) “los gastos derivados de las reuniones entre CCOO y la empresa se hace cargo PANRICO”.

Cuando la empresa tiene dificultades económicas decide gastar una importante cantidad adicional en financiar a los dos sindicatos mayoritarios. Pero esa cantidad tiene por objetivo comprar la paz social: Con lo que retroceden los derechos de los trabajadores, se recuperará la inversión con creces.

Y por si no fuera claro el objetivo de la empresa con el acuerdo, el 6 de junio de 2013,  la empresa deja de pagar el dinero acordado a CCOO y escribe: “el citado acuerdo definía el marco de colaboración entre PANRICO y la FEDERACION AGROALIMENTARIA DE CCOO para que esta desarrollase adecuadamente su actividad sindical, sobre la base del diálogo, la negociación y la paz social entre las partes.” y considera que CCOO está incumpliendo su parte cuando por ejemplo impugna la aplicación del Convenio Colectivo de Catalunya. Panrico propone a CCOO darle 10.000 € para liquidar definitivamente el acuerdo y “renegociar” uno nuevo. Pero CCOO no acepta y exige sus 30.000.

La empresa dice claramente ante el juez que el acuerdo firmado con CCOO “fue un acuerdo mercantil”, que se trata de un “contracto de servicios” y que una parte vulneró su contenido. UGT que si firmó todos los acuerdos recibe íntegros dinero y liberados hasta el día de hoy. 
La sentencia reconoce que “la empresa extinguió unilaterlamente el contrato como penalización por la negativa del sindicato demandante a alcanzar acuerdos con la empresa.”. Pero da la razón a CCOO que dice que no fue un acuerdo mercantil sino una “mejora de derechos sindicales”, que “una cosa es dialogar y otra alcanzar acuerdos, puesto que si lo hubiera hecho, se habría convertido en un sindicato rehén de la empresa a cambio de un precio”.

CCOO intenta imponer paz social hasta el último instante

Pero así como dialogar no implica acordar, tampoco querer imponer la paz social supone conseguirlo. CCOO intentó por todos los medios imponer la paz social, pero no consiguió doblegar la resistencia de los trabajadores/as. 
La secuencia no deja lugar a dudas: El 10 de octubre se firma un acuerdo[1] en presencia del propio Gila, UGT y CCOO (incluido el presidente del comité de empresa de Sta. Perpètua),. En el punto 5 dice: “las partes se comprometen a negociar en un marco de buena fe, procurando el mantenimiento de la paz social”; en el 6: “El presente acuerdo supone la no convocatoria de la huelga objeto del presente conflicto”; en el 7: “La parte social se compromete a que no se desarrolle ninguna jornada de huelga que se inicie el 13 de octubre, para lo que harán las gestiones que en su caso corresponda.” y el punto 8: “En el supuesto que en algún centro de trabajo llegase a desarrollar alguna jornada de huelga que se inicie el 13 de octubre, el presente acuerdo quedará sin efecto”. ¡Faltaban tan solo tres días para el inicio de la huelga! Efectivamente la siguiente reunión ya se hace sin los representantes de CCOO, porque la dirección de CCOO en Sta Perpètua -a pesar de que lo intenta- no consigue imponer la desconvocatoria de la huelga.

Pero esa actitud continúa a lo largo de todo el conflicto: aislamiento de la huelga de Panrico del resto de movilizaciones (Alston...); negar el apoyo material a la caja de resistencia; negativa a pagar el autocar para viajar a Madrid en juicios por el ERE, a pesar que la gran mayoría eran afiliados/as; firma de tres delegados de CCOO del EREs que castigaba especialmente a la planta de Sta Perpètua en huelga, uno de ellos es el tal Argimiro[2], delegado LOLS estatal de CCOO; maniobra para aplazar el juicio del 20 de marzo; denuncia pública brutal de la CONC contra los trabajadores/as del 24 de marzo; y por si fuera poco la denuncia explícita del Jefe de los abogados del Interfederal de CCOO Enrique Lillo el 24 de setiembre de 2014[3], publicando las cartas en la que demuestra las presiones y amenazas que ha sufrido desde FEAGRA-CCOO para que dejara en indefensión a los trabajadores/as en plena huelga indefinida. No hay ninguna duda: la dirección de CCOO ha defendido con uñas y dientes su parte del trato con Panrico, traicionando la lucha de los y las trabajadoras...

¿Cómo se desprende Panrico de Argimiro? Dice la sentencia: “La empresa consintió que el sr Argimiro estuviera relevado hasta la conclusión del despido colectivo.” La empresa le quita la representatividad y le obliga a volver al trabajo, “inmediatamente después de la negativa de CCOO a firmar el acuerdo de 19-05-2015”, no mientras va firmando los ERE's: Roma no paga traidores.

¿Cuánto valía la traición a la huelga indefinida de Sta. Perpètua: ¿30.000€ o más?

En una de esas cartas que publicó el abogado de CCOO Enrique Lillo, fechada en 7 de julio de 2014 y dirigida al Secretario General de FEAGRA le dice:

"...se dice que la empresa ha efectuado alguna donación o aportación a la Federación, aunque esta no está vinculada al desistimiento del pleito.No obstante, si ello fuera cierto, estas donaciones podrían interpretarse como donaciones remuneratorias, lo cual implicaría que el asunto podría tener una dimensión penal, cuya trascendencia no debo esconderte.”

Sería estraño que el abogado de CCOO no supiera del acuerdo Panrico FEAGRA- CCOO de fecha 5 de abril de 2011, más cuando es el abogado para la reclamación de ese dinero en el reciente juicio. ¿A qué cantidades se refiere Lillo en plena huelga indefinida de Sta. Perpètua?

Los afiliados/as de Panrico de CCOO ante el escándalo que suponen los contenidos publicados por Lillo se dirigieron a CCOO para pedir explicaciones, pero lo que encontraron fueron desprecio y amenazas, sin que se hayan tomado medidas ni sobre las presiones contra el abogado ni sobre la posible financiación que podía ser motivo de denuncia penal.

¿Daños morales a CCOO o a los trabajadores/as?

La sentencia condena a Panrico a pagar a CCOO los 3 años a razón de 30.000 + IPC. Pero también le reconoce 6000euros por daños morales. Al sr Argimiro le asigna 4322'34 € por el “daño patrimonial importante” que supone reatirarle su liberación “obligándole a trabajar en vez de representar a sus compañeros” ¡a razón de 58'41€ por día a lo largo de 74 días hábiles! Y también una indemnización por daños morales de 1000€.

Leer esta resolución y lo ocurrido a lo largo de estos años en los que se imponen 2 terribles ERE's a los trabajadores (cientos de despidos y recortes brutales de salario)  provoca rabia y un daño moral terrible. Es immoral lo ocurrido y parece increible que CCOO tenga la cara dura de reclamar el dinero con el que la patronal exigía que impusiera el silencio de los trabajadores/as. La empresa se preparó para los ERE's atando en corto a CCOO y UGT con la compra de la paz social. 
Los trabajadores/as tuvieron que salir a luchar por sus puestos de trabajo contra la empresa, la Generalitat, las direcciones de CCOO y UGT. Por ello es más asombroso aún la capacidad de estos poco más de 200 trabajadores/as que resistieron ocho meses de huelga contra tan poderosos enemigos coaligados. Esa lucha, que al final tuvo que dejar la huelga pero no cedió en la firma que tanto buscaban y necesitaban ellos, es lo que explica las dificultades que tienen para cerrar el conflicto, porque pisotearon tantos derechos de los trabajadores/as que necesitaban que alguien pasara página para olvidar lo ocurrido. Pero no lo han conseguido y la lucha sigue para recuperar puestos de trabajo y condiciones laborales perdidas.

  

[1]    Citado en la sentencia del TSJC.  http://luchainternacionalista.org/IMG/pdf/sentencia_2790-2015-1panrico_tsjc.pdf

[2]    Argimiro: es uno de los “liberados institucionales”, se trata de José Oliva de Puente Genil, el otro liberado institucional de CCOO demandante es Pedro Izquierdo de Sta. Perpètua, aunque deja las indemnizaciones para cuando se vea su despido.

[3]    Reproducimos cartas de Enrique Lillo colgadas en el bloc de López Bulla http://luchainternacionalista.org/spip.php?article2642&var_mode=calcul

La paz social compra el silencio premeditado

Por Basilio el Bagauda

SMAC es el acrónimo de Secciones de Mediación, Arbitraje y Conciliación. Concretamente en Castilla y León son a día de hoy organismos públicos dependientes  de la Consejería que tenga entre sus materias competenciales la Economía y el Empleo.

Las SMAC han sufrido, como muchas secciones de la Administración, una reducción de más del 40% del personal. Nada que sorprenda ante la estrategia neoliberal de “adelgazamiento de la administración pública” y ante una más que preocupante debilidad, cuando no consentimiento, de los tres principales sindicatos de la Administración autonómica: CCOO, CSIF y UGT.

La otra gran línea maestra de la estrategia, y esta seguida al dedillo tanto por los conservadores ibéricos como por los social-liberales del puño mutilado y la rosa espinada, es la de la absorción de todo actor inconveniente que bien pudiera alborotar las aguas mansas de la economía de mercado o desmontar el mecano de las élites extractivas para su posterior adiestramiento y sedación. Han sido necesarias unas pocas décadas para captar aquellos grupos de presión que podrían ejercer algún tipo de contrapeso democrático y social, para que la gran mayoría (la inventada clase media) se olvidara de que el conflicto es el principal motor de la historia y que el capitalismo es el modelo que perpetua el triunfo de los que compran el tiempo y la vida de los que tienen que vender su tiempo y su vida para poder vivir, y los más malvivir.

No se podrá decir que ambas familias políticas no hayan tenido éxito, especialmente con los dos grandes sindicatos CCOO y UGT, que antaño se decían de clase y de los que ahora mismo y al ritmo que llevan ni si quiera se pueda decir “que tienen clase”. Bastará recordar en este cuatrienio negro para la clase trabajadora sus corruptelas en los dineros destinados a la formación o a los damnificados de las expulsiones de sus puestos de trabajo (lo de “regulaciones de empleo” para el enemigo), sus inmoralidades en las cajas de ahorros y, lo más grave, su pertinaz y testaruda ceguera en la situación de millones de personas expulsadas del “sistema” a través de brutales despidos y del inmenso y creciente precariado.

Sería injusto en cualquier caso no poner en la mesa la cantidad de personas que aún pelean en estos sindicatos con un claro sentido de identidad en muchos sectores privados y públicos por impedir innumerables despidos, recuperar los derechos perdidos o evitar la precarización de los trabajadores en su ámbito laboral: baste recordar, como ejemplo, la lucha contra el cierre de Coca Cola en Madrid o las medidas de presión que ahora mismo se empiezan a ejercer en nuestra tierra contra la negligente y criminal situación de los trabajadores que se juegan la vida en nuestra tierra para acabar con los incendios forestales. Pero uno no puede dejar de sentir que son maravillosas excepciones, chispas que aún saltan de las brasas que antes fueron un fuego crepitante, dado el escaso e incluso nulo protagonismo de estas centrales en los movimientos y plataformas más potentes surgidas desde el 15M: optaron por el reformismo y la historia les pilló a contrapelo…

Un claro ejemplo de las contradicciones en las que ambas organizaciones están inmersas, y que es producto del sostenimiento económico de sus aparatos y del monstruo burocrático creado a su alrededor, es la creación, como así denuncia la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU), de una futura fundación junto a la patronal de Castilla y León (CECALE) para gestionar buena parte de las funciones de las SMAC.

En la actualidad hay una por provincia y se encargan fundamentalmente del depósito de elecciones sindicales dónde se recogen las actas elaboradas por las mesas electorales en las elecciones, de las asociaciones profesionales, de los convenios colectivos y del soporte administrativo de los arbitrajes en caso de impugnación de las elecciones sindicales.

Resulta de todo punto incomprensible, cuando no perverso, que unas organizaciones que dicen defender el empleo y los servicios públicos actúen en contra de lo que dicen defender. Pero es aún más grave cuando además se coaligan sin ningún rubor con quien se supone, si no se trata de una comedia, que representa al inevitable “enemigo de clase”, con quien deben de negociar los convenios colectivos o con quien deben de pelear en favor del trabajador en un despido improcedente…

La creación de la fundación con estos mimbres supondrá además una confusión y una gran desconfianza para el trabajador respecto adónde debe acudir.

Por otro lado no debemos olvidar lo tramposo que puede llegar a ser que una fundación soportada por dos organizaciones que compiten en las elecciones sindicales, sea a su vez la que tenga una relación directa con estas y dirima en caso de impugnación. Parece que una vez más el sistema legisla contra la moralidad.

Por su parte funcionarios han informado a este medio que la creación de dicha fundación, soportada con dinero público, crearía una duplicidad absurda y que a día de hoy en muchas provincias con un jefe de negociado, un auxiliar y un jefe de sección se están cubriendo conciliaciones, elecciones sindicales, sus impugnaciones, asociaciones y convenios colectivos.  Las citaciones se realizan en el momento si se entregan en mano o al día siguiente las que entran por correo. La celebración se produce a los diez días, el tiempo justo para que se reciba el acuse de recibo de las conciliaciones de notificaciones administrativas y que si se pudiera citar por mail se podría realizar incluso al día siguiente.

Además a día de hoy, siguen informando los empleados públicos, se realizan conciliaciones "express" y funciones de primera llegada y asesoramiento, y  que jamás han recibido una queja.

Al parecer cada árbitro-mediador privado cobrará en función de las conciliaciones que realice. Además deberá crearse una infraestructura de apoyo al mismo cuyos gastos correrán en exclusiva por la Consejería de Economía y Empleo, tendrá que crearse una sede y personal administrativo a su servicio que realice funciones de atención al público, proceda a las citaciones y grabe las actas.

Por último los funcionarios denuncian que el SMAC como órgano administrativo no desaparecerá debido al resto de competencias funcionales que posee y que no asume ni podrá asumir la futura fundación con lo que, dicen, trabajarán menos al mismo precio. Con lo que “nos encontraremos con un gasto completamente superfluo, duplicación de órganos con doble coste, una infrautilización de los medios personales y de infraestructura de la Administración  y todo ello a costa de nuestras mermadas arcas públicas  nutridas del bolsillo del maltrecho contribuyente”. Y el que escribe esto añade una nueva compra de lo que Herrera ha dado en llamar “paz social”.

La Junta malversa sus truchas y nuestros dineros

El despilfarro de dinero público en Castilla y León se ha convertido en algo cotidiano en la tierra de Pavor

Por Burgos Dijital

El movimiento Viernes Negro no parece descansar y vuelve a la carga con una nueva denuncia en la que podría haber irregularidades rayanas en la prevaricación y en la malversación de caudales públicos, y ello a pesar de que los sindicatos Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras, siguiendo la estela de CSIF, han dejado de firmar las comunicaciones de manifestación en un claro acto de hostilidad tras las denuncias de la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) en el, a su juicio, compadreo de los representantes de estas dos centrales sindicales con los representantes de la Junta al aprobar una campaña de dignificación al funcionario que, finalmente y tras las presiones sufridas, no se hará y que iba a suponer 250000 euros de nuestros impuestos. ¡¡Si alguien quiere hacerse una campaña electoral que se la pague!!

En este caso la información que hacen pública sigue la misma trama de las denuncias sobre malversación en obras públicas sin uso o cerradas como el Laboratorio Agrario Regional o la Estación de Avisos de plagas construída en Pedrosa de Duero. Hemos de recordar que en  la primera infraestructura fueron más de 2 millones de euros invertidos en una reforma que ampliaba el complejo y que nunca ha sido utilizada, y en el segundo fueron un total de 500.000 euros los que se fueron por el vertedero de las ocurrencias Populares cuyo gobierno no puede sacar pecho a estas alturas.

Según fuentes consultadas por Burgos Dijital a día de hoy el asunto del Laboratorio parece estar siendo ya más que espinoso para la Consejería de Silvia Clemente, ya que tras varios meses de petición de documentación por parte del Procurador del Común aún no ha obtenido respuesta, caso muy parecido al de la Comisión Europea que estudia el inmenso dislate fraudulento del HUBU y a la que no se le ha enviado la documentación solicitada. En cuanto al asunto de la Estación de Avisos la OLAF (Oficina de Lucha Antifraude), órgano fiscalizador de la Unión Europea abrió expediente a la Junta y sigue su curso.

El asunto que a continuación detallamos parece que va a ir por los mismos derroteros y en este caso podríamos estar hablando de más de tres millones de euros, sólo que en este caso afecta a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en la construcción y mantenimiento de la red de piscifactorías.

Viernes Negro recuerda en su denuncia que el 16 de julio de 2012 aparece en el Diario de Burgos una noticia con este encabezamiento: “La Junta cierra la Piscifactoría de Quintanar y lleva las truchas a León”.

El diario de cabecera de la ciudad, siempre tan interesado en ir más allá de lo que los gabinetes de prensa de las Consejerías cocinan, se limita a trasladar a sus lectores que, y siempre citando a fuentes de la Delegación Territorial, “no se trata de un cierre sino de un cese temporal, que traerá consigo una reorganización interna de los recursos y que forma parte del Plan de Optimización de los Recursos, que busca mejorar la eficiencia y eficacia”. Sigue apuntando que el cese temporal de la Piscifactoría de Quintanar de la Sierra (Burgos), llamado “La Pesquera”, no será el único en la Comunidad Autónoma, “sino que afectará a otras dos piscifactorías de las provincias de Soria –en la localidad de Ucero- y de Palencia  -en Celadilla del Río-“. Por último el periódico acaba apuntando que en “las próximas semanas se procederá al traslado de los ejemplares a las instalaciones de Vegas del Condado en León”.

Pues bien parece ser que tras esa información tan meliflua se escondía toda una panoplia de malas decisiones que le habrían supuesto al erario público un agujero que los periodistas de tan afamado diario no estuvieron por la labor de investigar.

Parece ser que en el año 2008, y cofinanciado con fondos europeos del “Programa IFOP” destinados a la mejora de centros de acuicultura, se ejecutó un proyecto de modernización de esta instalación, donde se invirtió más de 1.000.000 de euros, con el objetivo de conseguir el mantenimiento de 6 líneas de trucha autóctona para realizar la repoblación y mantenimiento de los ríos trucheros de la provincia de Burgos, dado que la cría de la trucha autóctona solamente está autorizada en piscifactorías públicas.

La decisión del gasto resulta increíble cuando la propia administración sabía que la falta de caudal del río Arlanza en la época estival provocaba inequívocamente que durante este periodo el funcionamiento se hacía inviable, por lo que se trasladaban los ejemplares de las distintas líneas genéticas a la piscifactoría de Oña, propiedad de la Diputación Provincial de Burgos.

Por otro lado, si esto ya resulta de por sí suficientemente llamativo, el Movimiento VIERNES NEGRO de Burgos denuncia una serie de hechos que hacen que el asunto pase de ser cómico, si no fuera por la cantidad de dinero burlada por el gobierno de Herrera a la Educación o a los Servicios Sociales, a alcanzar tintes trágicos.

El colectivo informa de un desvío presupuestario de cerca del 15 %: de los 887.661,49 € se pasa a más de 1.000.000 de euros finales. El supuesto cese temporal es hoy ya definitivo tanto en la piscifactoría burgalesa como en las de Soria y Palencia, en las que también se despilfarraron fondos europeos. Con el agravante de que una vez cerradas quedan inservibles para futuras reutilizaciones.

A continuación dejan entrever la existencia de unos informes técnicos elaborados por funcionarios competentes en la materia contrarios al cierre. En dichos informes parece ser que se indicaba que el mantenimiento de estas instalaciones era mínimo, alrededor de unos 15.000 € anuales, y que el traslado en pleno verano de los alevines a León era una imprudencia por la alta tasa de mortalidad que dicho operativo producía. Además también se indicaba que había muchas dudas respecto a la capacidad de las instalaciones de la Piscifactoría de León para seguir con las investigaciones y el mantenimiento de las líneas genéticas de truchas autóctonas que se realizaban en las instalaciones de Soria, Palencia y Burgos.

Tal es así la realidad del despropósito cometido que la Junta de Castilla y León tiene ahora que adquirir las Truchas Arco Iris a empresas privadas de La Rioja para repoblar zonas de pesca recreativa en Burgos.

Por todo ello, el colectivo de funcionarios va a llevar esta denuncia a la OLAF como ya ha anunciado a Juan Vicente Herrera.

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Por Basilio el Bagauda

Los caminos del Señor son insondables… y las puertas traseras de la Junta de Castilla y León también. Una vez más el pacto y el consenso llegan a esta tierra para quedarse y los ufanos habitantes de este territorio ni si quiera miran para otro lado, simplemente los desconocen: ¡¡Qué para eso Dios es inefable y los renglones dichosos los escribe torcidos!!

¡¡Y qué decir de los ángeles y sus trompetas!! Si fueran ellos los que tuvieran que advertirnos del miserable descalabro moral de los indeseables que dirigen nuestros destinos, apañados andaríamos. Ellos ya se valen para informarnos de lo bien qué ha ido el fin de semana cidiano, de las morcillas más grandes del mundo, de las bienaventuranzas de los prohombres de las Cámaras o de las Confederaciones de Empresarios, o de la gloriosa y económica gestión de un hospital privatizado.

Y si algo resulta muy escandaloso, con advertir un día y con sordina ya cumplen para evitar el aumento de ateos, que esa gente siempre ha sido muy molesta y no es de orden ni de ley.

“Menos mal que nos queda el dijital” para poder siquiera de vez en cuando remojarse uno los pies en el Rubicón, y a eso vamos.

Si a estas alturas alguien cree que las instituciones en Castilla y León respetan la Constitución está muy equivocado y, como no, hablando de la provisión de recursos humanos en la administración pública se ha dado un paso más para orinar sobre el artículo 103 que, recordemos, expresa como principios del acceso a la función pública de todos los españoles el mérito y la capacidad, cualidades que sólo se deben medir en procesos trasparentes y abiertos que eviten estómagos agradecidos y obediencias debidas.

En este caso además con la que parece ya inestimable ayuda de dos sindicatos que en el sector público dejaron hace ya mucho tiempo de ser “de clase” para ser “de desvergüenza”, la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras, tanto monta, monta tanto…

El 2014 ha estado sembradito para ambas organizaciones. Como ya parece obvio ni están ni se las espera… ni se las quiere en la gran multitud de plataformas, marchas y mareas que a lo largo de estos años se han ido creando para combatir y protestar contra los recortes de los servicios públicos más esenciales.

Concretamente en nuestra Comunidad a lo largo de este año no sería justo olvidar los principales hitos conseguidos por estas esforzadas organizaciones, lo que haré a modo de resumen para entender mejor la información de la que daremos cuenta en este artículo.

En primer lugar ambos sindicatos cosecharon su primer triunfo firmando un acuerdo con la Junta de Castilla y León para recibir cientos de millones de euros en concepto de servicios de cursos de formación, cursos que sirven para que funcionarios y laborales obtengan mayores puntuaciones en los concursos y cuya opacidad en la gestión es absoluta. Posteriormente y en un alarde de generosidad se pusieron de acuerdo para que la Junta se gastara 250000 euros en una campaña electoralista en la dignificación del trabajador público, campaña que no pudieron hacer por las presiones ejercidas por plataformas que denunciaron la estafa.

A continuación y arriesgando su inmejorable posición, aceptaron una contrarreforma de la administración pública que les sustraía materias de negociación y derechos laborales a los trabajadores y ahondaba en el impulso de las empresas garrapatas y la privatización de servicios públicos. Y por último, y como demostración de su fuerza, se convirtieron en compadres y compinches de Pilar del Olmo y Juan Vicente Herrera para crear una nueva puerta trasera que introducirá a nuevos parásitos que sirvan a los fines particulares del Partido Popular y de los dos sindicatos.

Y todo ello trufado con el enésimo silencio de la oposición política en verdadero estado zombi.

Así, tras dos reuniones de un grupo de trabajo de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo para el personal laboral de la administración autonómica que se celebraron en Valladolid entre el 29 de enero y el 4 de febrero los representantes de la Administración propusieron la posibilidad de que el personal contratado en la modalidad de relevo de las jubilaciones anticipadas pudiera extender su relación laboral hasta más allá de la jubilación de la persona que se sustituye. Ello conllevaría en la práctica que a todos los efectos estos contratados tendrían la misma posibilidad de alargar su “relación sentimental” con la Junta que aquellos que aprobaron una oposición.

Se da la circunstancia que además el personal contratado para este fin procede o bien de bolsas de empleo creadas con pruebas que para nada tienen que ver con las que realizan los que se ganan su puesto en una oposición o bien de la afortunada llamada de una oficina del ECYL a un desempleado que termina milagrosamente con sus desdichas. Así de fácil… o de difícil.

 A estas alturas muchos de vosotros os estaréis imaginando la trasparencia de los procesos de llamada, que no selección. Por muy pendiente que uno esté de una bolsa de empleo cuando lo que uno se juega es un contrato semejante es de imaginar la desconfianza que despierta que sea un funcionario con una lista de nombres y una serie de contratos que pueden ser de dos días o de 4 años el que con el teléfono a mano resuelva la papeleta.

¿Y qué decir de aquellos puestos a cubrir sin bolsas de empleo? Ahí el proceso de selección consiste también en una feliz llamada de algún listillo bien-informado una semana antes de que la administración requiera la contratación a un afortunado que cumpla los requisitos de titulación pero que a lo mejor ni estuviera inscrito como demandante de empleo en la categoría que posteriormente se exigirá. Una semana después se llama a dicho afortunado que está clavado al teléfono de manera clarividente, y “et voilà!” el contrato es suyo.

Pues bien, este procedimiento que a tantos jóvenes castellanos y leoneses les parecerá tan competente y maravilloso y que les obliga como tantas otras igualdades de oportunidades al exilio económico es el que se aprobó definitivamente el 24 de febrero con los votos contrarios de CGT y de CSIF. Y para añadir más leña al fuego se le da carta blanca a la Administración, es decir al Partido Popular, para extender la duración de esos contratos hasta donde consideren oportuno.

Es de esperar que aquellos afortunados trabajadores que se conviertan en empleados públicos en 24 horas no morderán la mano ni de la Administración que los contrata ni de los sindicatos que los colocan, sindicatos que se han convertido en corporaciones dedicadas a la captación de capitales y de clientes.

Sin duda alguna, una medida más para acabar con la corrupción pública y con la desmovilización de los empleados públicos.

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Funcionario de la Junta de Castilla y León

Soy un funcionario de la Junta de Castilla y León en Burgos y miembro activo de Viernes Negro y de la Plataforma en defensa de lo Público (PLADEPU). Desde el único medio posible e intentando jugar con las mismas cartas que los sindicatos tienen, quiero enviar esta reflexión a los mismos y a todos mis compañeros, porque sinceramente creo que a estas alturas a la mayoría, tengamos las ideas y los valores que tengamos, nos hierve la sangre por la desfachatez de la Viceconsejería de la Función Pública y por la pusilanimidad de los que dicen nos representan y que quedaron más que retratados en el acta de la Sesión del Consejo de Función Pública del 15 de abril de 2014 que se ha filtrado a la prensa y al conocimiento de todos nosotros, concretamente y para poner los puntos sobre las íes al CSIF, CCOO, UGT y FSES. Esta es la verdadera y única razón por la cual todos los interesados están reaccionando, aunque eso sí tarde y mal.

En primer lugar he de decir a mis representantes y a mis superiores que yo no necesito, como creo que ocurrirá con la mayoría de mis compañeros, que me dignifiquen porque yo ya soy una persona digna, un funcionario digno por diversas razones: soy honrado y mi puesto me lo he ganado con mis méritos y mi capacidad en igualdad frente al resto de los españoles, como dice la Constitución; tengo un trabajo digno, independientemente del puesto que ocupe; mi trabajo está al servicio de los ciudadanos y no de intereses partidistas ni espúreos; cumplo, como debe de ser, con mi cometido y utilizo los medios que mi formación y experiencia me aportan y porque además me siento orgulloso de mi condición de empleado y servidor público.

En segundo lugar, y dado lo dicho previamente, no acepto bajo ningún concepto que se me venda lo que es un claro acto electoralista como una campaña de dignificación del empleado público cuando hace menos de un mes se ha publicado una reforma de la Ley 7/2005 que debilita nuestra posición de independencia frente a los aparatos políticos y sus LDs tentaculares y potencia la privatización y externalización de servicios con el uso masivo de las encomiendas de gestión y con el reforzamiento de las empresas garrapatas (empresas públicas, fundaciones, agencias, institutos y demás chiringuitos). Los mismos que quieren dignificarnos son los que han hecho semejante disparate legislativo: unos por acción y otros, nuestros representantes sindicales, por omisión y silencio ante tamaña barbaridad que incluso les deja en fuera de juego en diversas materias a negociar en el Consejo de la Función Pública.

Indignante es que la misma pléyade de políticos que llevan varios años despreciando y alimentando rumores mal intencionados en la opinión pública sobre todos nosotros y que han ido pudriendo las administraciones públicas con sus corruptelas, ahora nos insulten intentando regalar a unos cuantos “emprendedores” de la comunicación 250.000 euros.

Repasemos todas las medidas políticas, avaladas con el silencio cómplice de nuestros supuestos representantes, que han mejorado nuestra dignidad y nuestra calidad de vida como trabajadores públicos y como ciudadanos, que también somos, no lo olvidemos:

1º.- Reduciendo y congelando hasta la perpetuidad nuestros salarios cuando muchísimos de nuestros compañeros no llegan a los 1.100 euros mensuales.

2º.- Después de insultarnos y de extender la mancha a todos calificándono de vagos y maleantes, justificaron el aumento de nuestra jornada semanal de 35 a 37,5 horas, casi un mes más de Trabajo al año. Y ya de paso aumentar la jornada a sanitarios y horas a docentes para ahorrar una de cada 10 plazas en estos Cuerpos. Y todo ello con el aval de todo un Secretario autonómico de CC.OO. y su famoso apretón de manos con nuestro Presidente.

3º.-  Quitarnos los derechos laborales, ya que ahora ponernos enfermos llega a costarnos el 50% del sueldo durante los primeros días de baja y el 25% hasta un total de 21 días siguientes.

4º.- Denostar nuestro trabajo para justificar permanentemente privatizaciones, empresas públicas, fundaciones, institutos, gerencias, desmanes y corrupciones que muchos llevamos denunciando desde hace años. Cuantas malas prácticas y delitos no habrían aflorado sin las denuncias de empleados de las Administraciones, que jugándose el puesto de trabajo pusieron en manos de policías y fiscales ciertos asuntos.

Los empleados públicos sabemos que la sociedad conoce y valora nuestro trabajo, sabe que quienes han defendido y defienden con mayor ahínco la sanidad pública, el Estado de Derecho y la gratuidad de la Justicia y el Registro Civil, la Educación pública y universal, la Administración al servicio del ciudadano, los Servicios Sociales y la atención a los más desfavorecidos y dependientes y el Estado Social, Democrático y de Derecho son los empleados públicos que comprueban a diario como voluntariamente se deterioran los servicios que prestan.

Desde aquí quiero decir a mis representantes sindicales que para nada me siento representado por quien mira egoístamente con desprecio y con temor otros movimientos que se hacen fuera de sus Organizaciones.

Que no me siento representado por aquellos que aceptan sumisamente todos y cada uno de los recortes y una serie de reformas legislativas que harán de la administración pública un mero recaudador de impuestos para distribuirlo entre inversores y especuladores en el nuevo negocio de los servicios públicos.

Que no me siento representado por aquellos que con su silencio han aceptado el crecimiento paralelo de una administración B cuyo mayor patrimonio es el de colocar a muchos “afectos” en el chollo público por la puerta de atrás y el de llenar sus contabilidades de gravísimas irregularidades, e incluso generando deudas imposibles de pagar por todos los tontos de esta Comunidad.

Que no quiero ser representado por los palmeros del CSIF José Mariano Prieto Arribas, Carlos Hernando Redondo, Isabel Madruga Bajo y Juan Carlos Gutiérrez Rodilla; por Jesús Goicoechea Torres, Nuria Martínez de la Torre, José Miguel García Álvarez, Tomás Pérez Urueña, de la UGT; por Juan Carlos de la Rosa Muñoz, Juana Olmeda Gómez, Pablo Vicente Vida, Luis C. Ramón Carreira, José L. Paniagua Alonso, Elena Fernández Gutiérrez y Francisco J. Martínez Alonso, de CCOO; y por  Patricia San Martín Videira y Pilar Gredilla Fontaneda, de FSES.

Todos ellos culpables de agradecer a los representantes de la Administración los recortes presupuestarios, la inexistencia del concurso anual para todos los funcionarios, las ofertas de empleo inexistentes, el deterioro de los recursos materiales, el hacinamiento de los empleados, las congelaciones salariales y la campaña de dignificación de los empleados públicos.

Ya no valen medias tintas y desde este humilde rincón pido a las bases de esos sindicatos, si es que les quedan, que despidan “procedentemente” a sus Aparatos por mostrar esa gran empatía con los Altos Cargos y ese desprecio por nuestra dignidad.

En última instancia a UGT: si como decís LA DIGNIDAD ES EL SALARIO, acaso en esa campaña vergonzosa en la que insistís, ¿se va a promover las subidas salariales de los empleados públicos, y muy especialmente de los que menos ganan…?

La empresa ETM y los políticos

La empresa ETM localizada en el Polígono de Villalonquéjar en Burgos

Por A. G. (ex-trabajador de ETM)

Carta de los lectores

Como  ex-trabajador de la empresa  ETM (Equipos Termo Metálicos) ubicada en el polígono de Villalonquéjar, quiero exponer ante la opinión pública burgalesa lo siguiente:

Como saben, el pasado día 1 de Agosto del año en curso, el Gobierno de España, con Rajoy a la cabeza, acordó la liquidación (cierre) de la empresa, rechazando un pedido de 25.000 horas que hubiera supuesto trabajo para todos los empleados, para aproximadamente 6 u 8 meses, y que entretanto se hubiera podido conseguir (yo pienso) algún pedido más, alguno de ellos confirmado por clientes.

Argumentan ,entre otras causas: equipos obsoletos, elevado coste de fabricación y reducida cartera de pedidos lo cual, sin dejar de ser cierto,  deja a las claras que la empresa no ha invertido un duro en modernizar equipos e instalaciones  en más de 40 años;  que ha mantenido en el equipo directivo personal de más de 65 años,  con dudoso desempeño y un coste elevadísimo, por encima de 200.000 euros,  y que la manera  más inteligente de obtener pedidos no es la de eliminar la oficina comercial… ¡¡¡VERGONZOSO!!!

En otro orden de cosas, tengo que  decir que hay dos personas con cierto renombre en Burgos, dos burgaleses que se visten por los pies (como aquel presidente autonómico que nos privatizó el hospital) que considero no han hecho nada por nosotros. Perdón,  sí han hecho, y es  echarnos la culpa a los obreros de haber llegado a esta situación. Estos dos burgaleses de pro son: D. Jaime Matéu  y D. Juan Carlos Aparicio.

Del  primero, todavía estamos esperando mantener una reunión que se solicitó al PP,  como al resto de fuerzas políticas, y que se comprometió a realizar, pero se ve que, aunque es cierto que ha contactado un par de veces con nuestros representantes, espera que el problema se resuelva por sí solo sin hacer nada con el cierre de la empresa.

                  

          Del segundo, miren ustedes, les voy a contar algo que quizá  muchos ciudadanos de a pie no sepan: Bankia, tenía unas acciones en la empresa INDRA, éstas las compra SEPI, con lo cual entra a formar parte o nacionaliza parte de esa empresa, y nombra a  Juan Carlos Aparicio del PP (Ex- Secretario de Estado, Ex-alcalde de Burgos y ex-ministro de Trabajo) como consejero delegado, quizás también,  además de todos los “méritos” anteriores, por ser muy amigo del presidente de SEPI, señor  Aguirre.  Por cierto, no se sabe a cuántos consejos  acude, pues es muy habitual verle a diario en nuestra ciudad.

Pues bien, sabido esto, un día me encuentro al Sr. Aparicio por la calle  y tengo una larga conversación con él, en la que le pregunto sobre nuestra situación, y me responde que estamos en periodo de liquidación. Le pido que hable con Aguirre (dada su amistad) para que éste tenga a bien escucharnos, para tratar de salvar la empresa, y me dice que él no va a hablar con nadie, pues los responsables de ésta situación éramos los obreros, los obreros ¡¡¡qué coincidencia con Matéu!!!  que no habíamos querido llegar a ningún acuerdo, porque los más mayores queríamos irnos con dinero a casa. ¿A qué tipo de acuerdo se puede llegar, cuando ni siquiera se cuenta con los trabajadores en la venta de una empresa, cuando no se garantiza ningún tipo de plan de viabilidad y se sospecha se quiere utilizar esta plantilla como arma para rebajar las condiciones socio laborales de los compañeros de Miranda? ¿Qué futuro  se puede decidir del  18 al 20 de Diciembre del año pasado, sin ningún elemento de juicio? También me expresó que su deseo es que nadie perdiera su empleo, que había tres grupos interesados por la empresa. Nada más se supo de ellos, pero usted nada hizo por  nosotros, así que a los dos, les digo “MUCHAS GRACIAS POR NADA”  y qué pena que no se vean en nuestra misma situación y la de muchos millones de españoles. ¡Ah,  señor Aparicio!, ¿quiere decir a los ciudadanos  lo que usted cobra por figurar en ese consejo de administración? Según mi información son más de 100.000 Euritos de nada, corríjame si es falso, y le recuerdo que de nuestra conversación hay testigos.

Por último quiero dar las gracias públicamente  a los sindicatos mayoritarios, especialmente a UGT por su labor en reuniones y negociaciones, al PSOE por su ayuda  ante la SEPI, en el Congreso y en el Senado, en las  personas  sobre todo de Luis Tudanca y de Ander  Gil, al resto de partidos, que más decididamente como IU, o más tímidamente, nos han mostrado su apoyo,  y a las Juventudes del Partido Comunista de los Pueblos de España  por habernos apoyado en todas movilizaciones que hemos llevado a cabo, tanto en la subdelegación del gobierno, en la empresa y en el edificio de los Sindicatos donde se desarrollaba la negociación . De verdad, GRACIAS, y lo digo con lágrimas en los ojos, también a la FAE, que lo cortés no quita lo valiente, y a todos los que nos han escuchado, excepto al PP que como digo más arriba, como partido no ha hecho nada.  También me gustaría destacar el silencio de la Cámara de Comercio o de partidos con vocación de gobierno como UPyD, que no se dignaron en celebrar reunión alguna con nuestros representantes.

GRACIAS DE VERDAD, a la mayoría por vuestro apoyo, a otros por vuestro silencio cómplice que os retrata.