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jueves, 18 de febrero de 2016

La Consejería de Educación no atiende las sustituciones inmediatas de profesorado

La falta de sustituciones de profesorado hace perder al alumnado hasta dos semanas sin clase

Por CGT Educación


Desde 2012 está regulado que las ausencias del profesorado por bajas o permisos no se cubran hasta trascurridos 10 días hábiles, es decir, dos semanas. 
Como consecuencia de este sinsentido son muchísimas las horas lectivas perdidas por el alumnado. En enero de este 2016. la Consejería ha sacado nueva normativa en esta materia, para adaptarla a lo establecido en la última Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Según la nueva instrucción la Consejería se compromete a autorizar de forma inmediata las sustitución del profesorado en algunos casos, como por ejemplo en centros de especial dificultad, centros rurales, profesorado tutor de Infantil o primer ciclo de Primaria, Educación Especial, ausencias de dos docentes simultáneamente, profesorado de segundo de Bachillerato, permisos no retribuidos, sustituciones por maternidad o paternidad y poco más. 
Sin embargo, y cuando solamente ha transcurrido un mes desde su puesta en marcha, CGT ha detectado a nivel de Castilla y León un número notable de casos en los que no se está cumpliendo esta norma y se sigue penalizando al alumnado con más de dos semanas sin clase, mientras los centros tienen que hacer encaje de bolillos para sustituir al profesor o profesora ausente. 

Desde CGT instamos a la Consejería de Educación a que cumpla con su función de velar por el interés público y por tanto por la calidad de la Escuela Pública, comenzando para ello con el cumplimiento de su propia normativa que establece sustituciones inmediatas para determinadas situaciones. 
Pero si verdaderamente la Enseñanza Pública está entre las prioridades de la Administración, el resto de ausencias de docentes también deberían cubrirse desde el primer día, algo que CGT no se cansará de reivindicar. 

martes, 16 de febrero de 2016

Reunión regional de Plataformas por la Escuela Pública

Por Burgos Dijital

Durante la mañana del pasado sábado tuvo lugar un encuentro regional de las Plataformas por la Escuela Pública existentes en las provincias castellanas y leonesas, entre las que se encontraban representantes de la plataforma burgalesa, junto con algunas organizaciones sindicales, responsables del área de Educación de algunos partidos políticos y de otros organismos, como el Concejo educativo de Castilla y León. 
El objetivo de la reunión era estrechar lazos entre las distintas plataformas y organizaciones, y plantear algunos puntos en común para trabajar durante los próximos meses en los temas más urgentes de interés educativo.


Al margen de las particularidades propias de cada provincia (como en el caso de Segovia, por ejemplo, donde tienen serios problemas con la gestión de los comedores escolares por parte de empresas como Serunión y los alimentos en mal estado), se mantienen las principales reivindicaciones respecto a la LOMCE, como la paralización inmediata de las pruebas externas de 3° y 6° de Primaria, una titulación única para los estudiantes de secundaria obligatoria, la recuperación del poder de decisión de los consejos escolares y los claustros de los centros, recuperación de la inversión en Educación y paralización de los recortes en recursos y plantillas, y en el ámbito universitario, algunas de las cuestiones de mayor impacto en estos momentos tienen que ver con el famoso 3+2, las facilidades que se dan a universidades privadas que duplican algunas titulaciones a existentes en la pública, o cuestiones relativas a la financiación de la investigación (las últimas noticias indican que se busca favorecer la inversión privada en la investigación).

Por otro lado, las recientes declaraciones del PSOE acerca de no derogar la actual ley educativa (el documento de Sánchez solo habla de paralización), en el caso de que llegara a gobernar, no deja muy tranquila a la comunidad educativa, puesto que lo ven como un paso atrás en la derogación inmediata de esta ley tan polémica.

domingo, 31 de enero de 2016

El fracking cada vez más cerca de Burgos

Caravana contra el fracking en Merindades. 2012

Por Burgos Dijital

Este miercoles 3 de febrero, según ha comunicado Asamblea Antifracking Merindades, tendrá lugar en las Cortes de Castilla y León el debate de la proposición presentada por el PSOE de Castilla y León en la cual "se prohíbe el fracking" en toda la Comunidad. Esta propuesta está apoyada fundamentalmente en los riesgos medioambientales y sanitarios que trae consigo la técnica de extracción de gas por estos métodos no convencionales, destructivos e invasivos de las capas del suelo.
En la legislatura pasada el Partido Popular, con mayoría absoluta en el gobierno regional , rechazó tres propuestas parecidas apoyándose en que "no está demostrado que esta técnica conlleve los riesgos que se señalan" y por lo tanto "es una técnica segura y aceptable".
Con la nueva conformación del gobierno regional en la que ya el PP no tiene la mayoría absoluta, es posible aprovechar la oportunidad para aprobar en Castilla y León las leyes antifracking que ya se han aprobado en otras comunidades autónomas (Euskadi y Cataluña).
Es un momento muy importante para hacer caso a las más de 70 localidades, 150 asociaciones, sindicatos agrarios, ganaderos y gran parte de la población que rechazan el fracking.
En caso de que se desestime la propuesta en la Cortes regionales, por una alianza del PP-Ciudadanos, no existiendo ningún impedimento, el fracking será una realidad en la provincia de Burgos.


Leer más:


martes, 4 de agosto de 2015

La paz social compra el silencio premeditado



Por Basilio el Bagauda

SMAC es el acrónimo de Secciones de Mediación, Arbitraje y Conciliación. Concretamente en Castilla y León son a día de hoy organismos públicos dependientes  de la Consejería que tenga entre sus materias competenciales la Economía y el Empleo.

Las SMAC han sufrido, como muchas secciones de la Administración, una reducción de más del 40% del personal. Nada que sorprenda ante la estrategia neoliberal de “adelgazamiento de la administración pública” y ante una más que preocupante debilidad, cuando no consentimiento, de los tres principales sindicatos de la Administración autonómica: CCOO, CSIF y UGT.

La otra gran línea maestra de la estrategia, y esta seguida al dedillo tanto por los conservadores ibéricos como por los social-liberales del puño mutilado y la rosa espinada, es la de la absorción de todo actor inconveniente que bien pudiera alborotar las aguas mansas de la economía de mercado o desmontar el mecano de las élites extractivas para su posterior adiestramiento y sedación. Han sido necesarias unas pocas décadas para captar aquellos grupos de presión que podrían ejercer algún tipo de contrapeso democrático y social, para que la gran mayoría (la inventada clase media) se olvidara de que el conflicto es el principal motor de la historia y que el capitalismo es el modelo que perpetua el triunfo de los que compran el tiempo y la vida de los que tienen que vender su tiempo y su vida para poder vivir, y los más malvivir.

No se podrá decir que ambas familias políticas no hayan tenido éxito, especialmente con los dos grandes sindicatos CCOO y UGT, que antaño se decían de clase y de los que ahora mismo y al ritmo que llevan ni si quiera se pueda decir “que tienen clase. Bastará recordar en este cuatrienio negro para la clase trabajadora sus corruptelas en los dineros destinados a la formación o a los damnificados de las expulsiones de sus puestos de trabajo (lo de “regulaciones de empleo” para el enemigo), sus inmoralidades en las cajas de ahorros y, lo más grave, su pertinaz y testaruda ceguera en la situación de millones de personas expulsadas del “sistema” a través de brutales despidos y del inmenso y creciente precariado.

Sería injusto en cualquier caso no poner en la mesa la cantidad de personas que aún pelean en estos sindicatos con un claro sentido de identidad en muchos sectores privados y públicos por impedir innumerables despidos, recuperar los derechos perdidos o evitar la precarización de los trabajadores en su ámbito laboral: baste recordar, como ejemplo, la lucha contra el cierre de Coca Cola en Madrid o las medidas de presión que ahora mismo se empiezan a ejercer en nuestra tierra contra la negligente y criminal situación de los trabajadores que se juegan la vida en nuestra tierra para acabar con los incendios forestales. Pero uno no puede dejar de sentir que son maravillosas excepciones, chispas que aún saltan de las brasas que antes fueron un fuego crepitante, dado el escaso e incluso nulo protagonismo de estas centrales en los movimientos y plataformas más potentes surgidas desde el 15M: optaron por el reformismo y la historia les pilló a contrapelo

Un claro ejemplo de las contradicciones en las que ambas organizaciones están inmersas, y que es producto del sostenimiento económico de sus aparatos y del monstruo burocrático creado a su alrededor, es la creación, como así denuncia la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU), de una futura fundación junto a la patronal de Castilla y León (CECALE) para gestionar buena parte de las funciones de las SMAC.

En la actualidad hay una por provincia y se encargan fundamentalmente del depósito de elecciones sindicales dónde se recogen las actas elaboradas por las mesas electorales en las elecciones, de las asociaciones profesionales, de los convenios colectivos y del soporte administrativo de los arbitrajes en caso de impugnación de las elecciones sindicales.

Resulta de todo punto incomprensible, cuando no perverso, que unas organizaciones que dicen defender el empleo y los servicios públicos actúen en contra de lo que dicen defender. Pero es aún más grave cuando además se coaligan sin ningún rubor con quien se supone, si no se trata de una comedia, que representa al inevitable “enemigo de clase”, con quien deben de negociar los convenios colectivos o con quien deben de pelear en favor del trabajador en un despido improcedente…

La creación de la fundación con estos mimbres supondrá además una confusión y una gran desconfianza para el trabajador respecto adónde debe acudir.

Por otro lado no debemos olvidar lo tramposo que puede llegar a ser que una fundación soportada por dos organizaciones que compiten en las elecciones sindicales, sea a su vez la que tenga una relación directa con estas y dirima en caso de impugnación. Parece que una vez más el sistema legisla contra la moralidad.

Por su parte funcionarios han informado a este medio que la creación de dicha fundación, soportada con dinero público, crearía una duplicidad absurda y que a día de hoy en muchas provincias con un jefe de negociado, un auxiliar y un jefe de sección se están cubriendo conciliaciones, elecciones sindicales, sus impugnaciones, asociaciones y convenios colectivos.  Las citaciones se realizan en el momento si se entregan en mano o al día siguiente las que entran por correo. La celebración se produce a los diez días, el tiempo justo para que se reciba el acuse de recibo de las conciliaciones de notificaciones administrativas y que si se pudiera citar por mail se podría realizar incluso al día siguiente.

Además a día de hoy, siguen informando los empleados públicos, se realizan conciliaciones "express" y funciones de primera llegada y asesoramiento, y  que jamás han recibido una queja.

Al parecer cada árbitro-mediador privado cobrará en función de las conciliaciones que realice. Además deberá crearse una infraestructura de apoyo al mismo cuyos gastos correrán en exclusiva por la Consejería de Economía y Empleo, tendrá que crearse una sede y personal administrativo a su servicio que realice funciones de atención al público, proceda a las citaciones y grabe las actas.

Por último los funcionarios denuncian que el SMAC como órgano administrativo no desaparecerá debido al resto de competencias funcionales que posee y que no asume ni podrá asumir la futura fundación con lo que, dicen, trabajarán menos al mismo precio. Con lo que “nos encontraremos con un gasto completamente superfluo, duplicación de órganos con doble coste, una infrautilización de los medios personales y de infraestructura de la Administración  y todo ello a costa de nuestras mermadas arcas públicas  nutridas del bolsillo del maltrecho contribuyente”. Y el que escribe esto añade una nueva compra de lo que Herrera ha dado en llamar “paz social.


miércoles, 20 de mayo de 2015

PP y Ciudadanos no firman el compromiso de recuperar el hospital de Burgos


Por Burgos Dijital
Ayer, 19 de mayo, por iniciativa de la Plataforma por la Sanidad Pública de Burgos quedó firmado un compromiso por la Sanidad Pública y la recuperación del hospital de Burgos HUBU en la sala Polisón del Teatro Principal.  La Plataforma hizo un llamamiento a los partidos que se presentan a las elecciones del día 24 para dejar por escrito y firmado dicho compromiso que representa la decidida voluntad de las fuerzas políticas para devolver la titularidad pública al hospital de Burgos y trabajar por recuperar una Sanidad de carácter público, universal y equitativa.

Los partidos que asistieron y firmaron los documentos fueron: Imagina Burgos, IU-Equo, Partido Castellano, Podemos, PSOE, y UPyD.   Fue destacable la notoria ausencia del partido Ciudadanos que tuvo un relevante protagonismo a favor de la recuperación del Hospital en el debate celebrado en el centro cívico de San Agustín el día 7 de Mayo y que ni ha asistido al acto ni ha firmado los documentos que ha propuesto la Plataforma por la Sanidad Pública. 
Por otro lado el Partido Popular tampoco asistió a la firma del compromiso, algo que no ha representado una excesiva sorpresa. 
¿Podría ser éste el primer pacto del Partido Popular y Ciudadanos ?







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jueves, 14 de mayo de 2015

Video: Debate político sobre la gestión privada del hospital de Burgos y la Sanidad Pública

Por Burgos Dijital

El debate político que tuvo lugar el día 7 de mayo en el Centro Cívico de San Agustín organizado por la Plataforma Sanidad Pública SÍ de Burgos, y en el cual participaron los representantes de las formaciones políticas Ciudadanos, Izquierda Unida (IU), Partido Castellano (PCAS), Podemos, Partido Socialista Obrero Español (PSOE) , SAIN y Unión, Progreso y Democracia (UPyD), dejó claro un aspecto, en el que coincidieron todas las formaciones, también el Partido Popular, promotor de la actual situación de gestión privada que mantiene el hospital de Burgos :
- poner en marcha todos los mecanismos legales para la recuperación del hospital hacia la gestión pública.

 Se comenzó con el lanzamiento de las siguientes preguntas a la mesa, que respondieron por orden los diferentes representantes políticos:


- ¿El programa de su partido incluye para las próximas elecciones autonómicas la atención sanitaria pública, universal, financiada con presupuesto público?

 - ¿Su partido está a favor de las Unidades de Gestión Clínica y qué opina de la Ley 15/1997( ley que posibilita la privatización de algunos servicios sanitarios)

- ¿Qué medidas concretas se compromete adoptar su partido para la recuperación de la titularidad y la gestión pública del hospital?.

A partir de las respuestas a estas preguntas comenzó un debate entre los representantes de los diferentes partidos y las contestaciones a las preguntas realizadas por los asistentes.
Dependiendo del ponente y sus respuestas, se escucharon aplausos y en otros casos murmullos y réplicas. 
El salón del centro cívico San Agustín estuvo lleno hasta el final.





miércoles, 13 de mayo de 2015

El Consejero de Sanidad de Castilla y León no ha cumplido sus compromisos

Cabecera del portal de Salud de la Junta de Castilla y León  "...por una sanidad aún más humana", mirando a un ordenador


Por SATSE

SATSE denuncia que el consejero de Sanidad ha incumplido la mayor parte de las 55 medidas a que se comprometió en el inicio de la legislatura

·         La Estrategia de Crónicos, las unidades de gestión clínica o la reducción y agrupación de las estructuras de Sacyl para ser más eficaces en el gasto no se han llevado a cabo, mientras los recortes han afectado a las plantillas y a los usuarios del sistema regional de salud.

El Sindicato de Enfermería, SATSE, de Castilla y León denuncia que el consejero de Sanidad ha incumplido la mayor parte de las 55 medidas a que se comprometió en el inicio de la legislatura que ahora finaliza, lo que ha tenido graves consecuencias para la asistencia sanitaria a los ciudadanos y para las condiciones laborales y profesionales de los sanitarios de la Comunidad.

Asimismo, el consejero se comprometió a la desaparición de las Gerencias de Salud de Área y a la reducción de las transferencias a fundaciones adscritas a la Consejería, medidas que planteó como un ahorro en el gasto y que no se han llevado a la práctica. Tampoco ha llegado a culminar su medida de integración de las gerencias de Atención Primaria y Especializada en un único centro de gestión ni el despliegue de las demarcaciones de salud pública.

Además, sólo ha publicado la Estrategia de Atención a Pacientes Crónicos, pero dicha estrategia no ha entrado en funcionamiento, algo grave en una Comunidad como la de Castilla y León, con una elevada población envejecida y pluripatológica, ni ha puesto en marcha las unidades de continuidad asistencial hospitalarias en la totalidad de las Áreas de Salud.

De las 119 unidades de gestión clínica que el consejero de Sanidad comentó que se crearían, tan solo 19 proyectos siguen adelante y el resto han sido frenados por la fuerte oposición de los profesionales enfermeros y SATSE y tampoco se ha puesto en marcha el programa de atención farmacéutica en residencias y centros de atención de personas con discapacidad, ni se ha abierto el Hospital de Día Psiquiátrico en el Área de Valladolid Oeste, ni se han implantado unas nuevas guías electrónicas compartidas entre Primaria y Especializada.

De igual modo, no se ha implantado la receta electrónica en Sacyl, otro de los objetivos de la legislatura, y sin embargo, SATSE ha constatado que el consejero se ha alejado de los tres objetivos con los que se presentó en la legislatura que ahora acaba, como son los de garantizar la calidad asistencial y la eficiencia del sistema sanitario con medidas como la Estrategia de Crónicos, la mejora de la gestión  y el control de los recursos.

Los profesionales y usuarios del sistema regional de salud, en cambio, han tenido que asistir a recortes de plantillas y no sustituciones del personal sanitario, a reducciones en sus retribuciones y a demoras en la asistencia por sobrecarga de trabajo y aumento de la presión asistencial; a que medidas como la de la receta electrónica se hayan demorado y que, para colmo de males, el sistema informático en Primaria sufra cortes por falta de recursos de mantenimiento y capacidad suficiente. También se comprometió a la concesión de ayudas por desplazamiento, manutención y alojamiento para los usuarios de la Sanidad de la Comunidad que se desplazaran con fines asistencial y en recientes fechas hemos visto la realidad concreta de la medida: 0,41 € para un enfermo oncológico que tenga que desplazarse de Valladolid a Salamanca.

martes, 16 de diciembre de 2014

¿Qué hay detrás del llamado “servicio público” en la administración de Castilla y León

Edificio de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos

Carta de los lectores
Funcionario de la Junta de Castilla y León

Lo que representa o debe representar la Administración Pública de Castilla y León, según las leyes y normas, que por otra parte, son muchas, es una imagen que no se corresponde con la realidad. Pero llegar hasta esta afirmación y lograr ésto, no ha sido espontáneo, sino progresivo. Se puede deducir que a la Administración, en general, ocurre lo mismo que a la sociedad actual.

En esta Institución se ha ubicado como poder absoluto el político, sostenido por el poder económico. Esto no debería ser así, puesto que según la Constitución y la Ley de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas, entre otras, determinan cuáles son los principios generales de actuación. Es paradójico que los dirigentes políticos aludan tanto al cumplimiento de nuestras leyes y Carta Magna, para después no cumplirlas.

Estos son: Articulo 3, Ley de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y procedimiento administrativo común...

“Las Administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, des-centralización, des-concentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho... Las Administraciones públicas, en sus relaciones, se rigen por el principio de cooperación y colaboración, y en su actuación por los criterios de eficiencia y servicio a los ciudadanos... Bajo la dirección del Gobierno de la Nación, de los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas y de los correspondientes de las Entidades que integran la Administración Local, la actuación de la Administración pública respectiva se desarrolla para alcanzar los objetivos que establecen las leyes y el resto del ordenamiento jurídico”.

Con lo anterior, la Administración debe actuar “bajo” la dirección del gobierno, para alcanzar sus objetivos (que no deberían ser los del gobierno). Esta afirmación de la ley hace ya mucho tiempo que no se respeta.

¿Cómo se ha llegado a esta situación? Algunos elementos, no todos, que han contribuido a este hecho son:

Cambios en la ley de función pública que afecta a los funcionarios. La mayoría de plazas, sobre todo, pero no solo, del cuerpo superior de funcionarios de esta Administración, son conseguidas en una modalidad que determina la propia ley como libre designación. Estos funcionarios, recordemos, son los que firman la mayoría de los informes administrativos. Esto significa que los puestos son ocupados por las personas que quiere el superior jerárquico, normalmente de una tendencia política elegida, y no por los criterios marcados por la ley. 
Esto supone una manipulación programada del trabajo. Así, los/as funcionarias/os que consideran su independencia en la actuación y criterios de servicio al ciudadano, son relegados a otros puestos y apartados, en la mayoría de los casos, a puestos de trabajo “sin funciones”. La maquinaria normativa y sobre todo, esta dinámica de funcionamiento, ha creado una serie de clientelismos difíciles de desentrañar.
Los puestos laborales que tienen como funciones, según las leyes, controlar internamente la actuación de la Administración, son ocupados por personas elegidas por los poderes políticos en plazas de libre designación. ¿Podemos asegurar objetividad y transparencia en estos casos? ¿Cómo puede decidir un supervisor sobre una actuación administrativa si ha sido elegido por la persona responsable de esa actuación?.
En la Administración se piensa primero en qué persona se quiere colocar y luego se crea una plaza.
Unido a lo anterior, la política imperante en esta Comunidad ha realizado y realiza, una labor de manchar, calumniar y desacreditar la labor de los funcionarios. El tema ha llegado, no solo a tachar de incompetente su actuación, sino también a divulgar apelativos ofensivos. Ellos tienen el poder de la propaganda, lo están haciendo y estiman que la ciudadanía debe confiar qué es veraz.

Este clientelismo predispone a que la mayoría de los puestos relevantes sean ocupados, no por quién correspondería, sino más bien, por quienes fueran proclives a dejar sus decisiones a merced de “otros” que, en definitiva, les han puesto en ese cargo, y por ello deben pagar ese “canon”.

No se puede perder la perspectiva de la dificultad que supone trabajar en estas condiciones. Manteniendo una independencia ideológica y profesional. Y todo ello unido a que “nadie” se lo cree y los trabajadores van cada uno a lo suyo (el sistema logra esta situación).

Esta red clientelar está asentada en la institución y las conexiones son tan amplias que puede resultar difícil trabajar como dice la ley.

¿Se podría pensar que una institución de servicio a la ciudadanía es un cortijo donde unos cuantos deciden y casi siempre no para favorecerla?

Todo este entramado es el idóneo para que las fuerzas en el poder determinen que lo público no es lo eficiente ni adecuado y que lo privado en lo eficaz y necesario. Habría que pensar si ése no es el objetivo último de todo esto.


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martes, 11 de noviembre de 2014

A Pilar del Olmo le sobra el dinero; privatizaciones encubiertas?


Por Burgos Dijital

Mientras Pilar del Olmo, Consejera de Hacienda, “regala” 1.800.000 a un Alto Cargo para convertir una nave ubicada en un polígono industrial de Valladolid en un gran archivo, la documentación generada en el resto de las provincias por la Junta de Castilla y León, patrimonio documental y garante en muchos casos de los derechos de los castellanos y leoneses, acaba arrumbada en cualquier pared, rincón o estructura arquitectónica de las delegaciones territoriales.

Esta es la última denuncia realizada por el Movimiento Viernes Negro, que no sólo se ocupa de informar a la opinión pública de las irregularidades que se producen en la administración autonómica, sino que también, como en este caso, llama la atención sobre hechos tan graves como la posible vulneración de las leyes de protección de datos, de la falta de control de una información que afecta a derechos y deberes, y del incumplimiento reiterado de la legislación vigente en materia de archivos. En este caso, en la línea del gobierno Herrera cuyo deporte más practicado es la conculcación de las leyes, cuando no el puenteo de las sentencias judiciales, como está siendo el caso de su rebeldía ante el despropósito de la ya sepultada “Ciudad del Medio Ambiente” de Garray (Soria).

Foto de archivo
Los funcionarios denunciantes informan de que tras la puesta en marcha del sistema de archivos en Castilla y León con su primera Ley en 1991 y tres planes de intervención en el patrimonio documental que han demostrado ser pura propaganda institucional, los archivos administrativos de las provincias se apoyan en el mejor de los casos en un solo técnico y que incluso existen delegaciones territoriales sin siquiera la cobertura de la plaza del único técnico adscrito como es el caso de Palencia y Ávila, y en otras provincias incluso se produce la acumulación de funciones, siendo el mismo técnico el responsable de la dirección del Archivo Territorial y del Archivo Histórico Provincial como es el caso de Segovia o Zamora.

En cuanto a los medios materiales parece ocurrir otro tanto: Delegaciones territoriales donde sigue sin existir un espacio propio como es el caso de Palencia y de Segovia y otras donde ni siquiera se tuvieron en cuenta las necesidades reales de generación de documentos, lo que ha provocado el colapso del sistema provincial de archivos como es el caso de Zamora y Burgos. Esta situación está causando graves trastornos, como se argumenta, en los procesos de custodia y seguridad de la información y en el propio entorno de trabajo de los empleados públicos.

Pues bien, mientras estaba ocurriendo este desastre provocado por un sinfín de años de desidia presupuestaria a pesar del empeño puesto por la Junta en demostrarnos lo que le importa la trasparencia y el acceso a la información pública, la Secretaría General de la Consejería de Hacienda comenzó a evaluar en el 2010 las posibilidades de “mercadeo” interrogando a todas las Consejerías por el volumen de documentos externalizado a otras empresas privadas.

En realidad la información le iba a servir a esta Consejería para justificar un presupuesto que ya tenía destino: la empresa pública CYLSOPA (Castilla y León Sociedad Patrimonial), dirigida por el que en ese momento era Alto Cargo de Hacienda, Gerardo Marcos Gómez. De esta manera el flamante Gerente se haría cargo de sustituir al Grupo Norte como cobrador de los servicios de custodia, entrada y salida de los expedientes.

Por otro lado y casualmente, el CYLSOPA se encargó a su vez de adaptar unos bajos cercanos a la Delegación Territorial de Burgos para convertirlos en las dependencias de la Oficina Territorial de Trabajo, de la Gerencia de Servicios Sociales y de la Dirección Provincial de Educación sin crear un espacio para el propio archivo de gestión de cada servicio lo que ha acabado provocando el colapso absoluto en Burgos.

Con estos antecedentes el Movimiento Viernes Negro realiza una serie de preguntas inquietantes que aquí detallamos y que pretenden buscar la confirmación de una posible acción voluntaria de la Junta para privatizar el enésimo servicio y de paso soltar dinero público a personas afines al aparato del Partido Popular:

¿A qué se debe el incumplimiento reiterado de las leyes relativas al Reglamento del sistema de archivos, hasta el punto de poner en entredicho la prevención de riesgos laborales a la que tienen derecho los empleados públicos?

¿Qué tipo de motivaciones ha habido para la inexistencia durante un prolongado tiempo de inversiones en los archivos públicos administrativos y que sea una empresa pública de creación muy posterior al sistema de archivos la que asuma con presupuestos públicos las inversiones no realizadas anteriormente a través de las consejerías?

¿Cuál es la diferencia entre la externalización de los servicios de gestión documental pagando a una empresa privada respecto a derivar dinero público a una empresa pública de derecho privado? ¿No estaremos ante el enésimo caso de derivación de gasto público a intereses privados designados políticamente?

¿Por qué resulta tan fácil para el Gerente del CYLSOPA, Técnico en Derecho y con puesto definitivo en la Consejería de Hacienda, conseguir una financiación de Pilar del Olmo, Consejera de Hacienda, que se le ha negado durante años a los órganos superiores en materia de cultura y de administración territorial?

¿A qué se debe “el olvido” en el proyecto de adaptación de locales a dependencias administrativas de los recursos materiales necesarios para la implementación de los archivos de gestión? ¿Por qué no se han pedido responsabilidades por dicha negligencia?

¿Existirá acaso la intención de que el CYLSOPA haga caja posteriormente en el resto de provincias de la Comunidad, dados los problemas existentes y el caso omiso hecho hasta ahora por los servicios centrales?

¿Es cierto que se intentó suplir la carencia de los archivos de gestión en estas nuevas dependencias buscando otros espacios en las oficinas que podrían atentar contra la salud laboral de los empleados públicos? ¿Es cierto que la situación fue revertida tras las visitas de inspectores de trabajo y sus advertencias de aperturas de expedientes?

A este movimiento ha llegado la información de que a pesar de que el principal motivo que movió al Gerente del CYLSOPA y que “vendió” a la administración autonómica era la sustitución del contratante para abaratar los costes de los contratos con empresas externas el mismo CYLSOPA ha acabado por contratar a la empresa de servicios documentales ARCAL, Grupo Norte, ¿es eso cierto?

¿La Junta de Castilla y León tiene certeza de que se cumple estrictamente con la ley 15/1999 de Protección de datos de carácter Personal, al intervenir diferentes empresas privadas y públicas en la custodia y manejo de los diferentes archivos, con multitud de datos personales en ellos contenidos?


¿Qué controles y protocolos lleva la Junta de C y L respecto al uso privilegiado de ingente cantidad de información, susceptible de posibles utilizaciones fraudulentas, que contienen los diferentes archivos?


A buen seguro que todos estos interrogantes quedarán sin responder por el Presidente de la Junta y el Delegado Territorial de Burgos en éste y otros foros...

sábado, 11 de octubre de 2014

¿Sindicatos, de verdad creéis que nos representáis?

¿De verdad creéis que nos representáis ?


Por Carta de los lectores
Funcionario de la Junta de Castilla y León

Soy un funcionario de la Junta de Castilla y León en Burgos y miembro activo de Viernes Negro y de la Plataforma en defensa de lo Público (PLADEPU). Desde el único medio posible e intentando jugar con las mismas cartas que los sindicatos tienen, quiero enviar esta reflexión a los mismos y a todos mis compañeros, porque sinceramente creo que a estas alturas a la mayoría, tengamos las ideas y los valores que tengamos, nos hierve la sangre por la desfachatez de la Viceconsejería de la Función Pública y por la pusilanimidad de los que dicen nos representan y que quedaron más que retratados en el acta de la Sesión del Consejo de Función Pública del 15 de abril de 2014 que se ha filtrado a la prensa y al conocimiento de todos nosotros, concretamente y para poner los puntos sobre las íes al CSIF, CCOO, UGT y FSES. Esta es la verdadera y única razón por la cual todos los interesados están reaccionando, aunque eso sí tarde y mal.


En primer lugar he de decir a mis representantes y a mis superiores que yo no necesito, como creo que ocurrirá con la mayoría de mis compañeros, que me dignifiquen porque yo ya soy una persona digna, un funcionario digno por diversas razones: soy honrado y mi puesto me lo he ganado con mis méritos y mi capacidad en igualdad frente al resto de los españoles, como dice la Constitución; tengo un trabajo digno, independientemente del puesto que ocupe; mi trabajo está al servicio de los ciudadanos y no de intereses partidistas ni espúreos; cumplo, como debe de ser, con mi cometido y utilizo los medios que mi formación y experiencia me aportan y porque además me siento orgulloso de mi condición de empleado y servidor público.



En segundo lugar, y dado lo dicho previamente, no acepto bajo ningún concepto que se me venda lo que es un claro acto electoralista como una campaña de dignificación del empleado público cuando hace menos de un mes se ha publicado una reforma de la Ley 7/2005 que debilita nuestra posición de independencia frente a los aparatos políticos y sus LDs tentacularespotencia la privatización y externalización de servicios con el uso masivo de las encomiendas de gestión y con el reforzamiento de las empresas garrapatas (empresas públicas, fundaciones, agencias, institutos y demás chiringuitos). Los mismos que quieren dignificarnos son los que han hecho semejante disparate legislativo: unos por acción y otros, nuestros representantes sindicales, por omisión y silencio ante tamaña barbaridad que incluso les deja en fuera de juego en diversas materias a negociar en el Consejo de la Función Pública.



Indignante es que la misma pléyade de políticos que llevan varios años despreciando y alimentando rumores mal intencionados en la opinión pública sobre todos nosotros y que han ido pudriendo las administraciones públicas con sus corruptelas, ahora nos insulten intentando regalar a unos cuantos “emprendedores” de la comunicación 250.000 euros.



Repasemos todas las medidas políticas, avaladas con el silencio cómplice de nuestros supuestos representantes, que han mejorado nuestra dignidad y nuestra calidad de vida como trabajadores públicos y como ciudadanos, que también somos, no lo olvidemos:



1º.- Reduciendo y congelando hasta la perpetuidad nuestros salarios cuando muchísimos de nuestros compañeros no llegan a los 1.100 euros mensuales.



2º.- Después de insultarnos y de extender la mancha a todos calificándono de vagos y maleantes, justificaron el aumento de nuestra jornada semanal de 35 a 37,5 horas, casi un mes más de Trabajo al año. Y ya de paso aumentar la jornada a sanitarios y horas a docentes para ahorrar una de cada 10 plazas en estos Cuerpos. Y todo ello con el aval de todo un Secretario autonómico de CC.OO. y su famoso apretón de manos con nuestro Presidente.



3º.-  Quitarnos los derechos laborales, ya que ahora ponernos enfermos llega a costarnos el 50% del sueldo durante los primeros días de baja y el 25% hasta un total de 21 días siguientes.



4º.- Denostar nuestro trabajo para justificar permanentemente privatizaciones, empresas públicas, fundaciones, institutos, gerencias, desmanes y corrupciones que muchos llevamos denunciando desde hace años. Cuantas malas prácticas y delitos no habrían aflorado sin las denuncias de empleados de las Administraciones, que jugándose el puesto de trabajo pusieron en manos de policías y fiscales ciertos asuntos.



Los empleados públicos sabemos que la sociedad conoce y valora nuestro trabajo, sabe que quienes han defendido y defienden con mayor ahínco la sanidad pública, el Estado de Derecho y la gratuidad de la Justicia y el Registro Civil, la Educación pública y universal, la Administración al servicio del ciudadano, los Servicios Sociales y la atención a los más desfavorecidos y dependientes y el Estado Social, Democrático y de Derecho son los empleados públicos que comprueban a diario como voluntariamente se deterioran los servicios que prestan.



Desde aquí quiero decir a mis representantes sindicales que para nada me siento representado por quien mira egoístamente con desprecio y con temor otros movimientos que se hacen fuera de sus Organizaciones.



Que no me siento representado por aquellos que aceptan sumisamente todos y cada uno de los recortes y una serie de reformas legislativas que harán de la administración pública un mero recaudador de impuestos para distribuirlo entre inversores y especuladores en el nuevo negocio de los servicios públicos.



Que no me siento representado por aquellos que con su silencio han aceptado el crecimiento paralelo de una administración B cuyo mayor patrimonio es el de colocar a muchos “afectos” en el chollo público por la puerta de atrás y el de llenar sus contabilidades de gravísimas irregularidades, e incluso generando deudas imposibles de pagar por todos los tontos de esta Comunidad.



Que no quiero ser representado por los palmeros del CSIF José Mariano Prieto Arribas, Carlos Hernando Redondo, Isabel Madruga Bajo y Juan Carlos Gutiérrez Rodilla; por Jesús Goicoechea Torres, Nuria Martínez de la Torre, José Miguel García Álvarez, Tomás Pérez Urueña, de la UGT; por Juan Carlos de la Rosa Muñoz, Juana Olmeda Gómez, Pablo Vicente Vida, Luis C. Ramón Carreira, José L. Paniagua Alonso, Elena Fernández Gutiérrez y Francisco J. Martínez Alonso, de CCOO; y por  Patricia San Martín Videira y Pilar Gredilla Fontaneda, de FSES.



Todos ellos culpables de agradecer a los representantes de la Administración los recortes presupuestarios, la inexistencia del concurso anual para todos los funcionarios, las ofertas de empleo inexistentes, el deterioro de los recursos materiales, el hacinamiento de los empleados, las congelaciones salariales y la campaña de dignificación de los empleados públicos.



Ya no valen medias tintas y desde este humilde rincón pido a las bases de esos sindicatos, si es que les quedan, que despidan “procedentemente” a sus Aparatos por mostrar esa gran empatía con los Altos Cargos y ese desprecio por nuestra dignidad.



En última instancia a UGT: si como decís LA DIGNIDAD ES EL SALARIO, acaso en esa campaña vergonzosa en la que insistís, ¿se va a promover las subidas salariales de los empleados públicos, y muy especialmente de los que menos ganan…?

jueves, 9 de octubre de 2014

Viernes Negro denuncia graves irregularidades en la concesión de la Renta Garantizada de Ciudadanía


Por Burgos Dijital

Una vez más la Junta de Castilla y León dirigida por Juan Vicente Herrera vuelve a burlarse de las leyes y normas que se da a sí misma en lo que parece ser ya una conducta habitual, aunque no parezca tener relevancia para los medios militantes conservadores de la localidad, Diario de Burgos  y El Correo de Burgos. En esta ocasión el tema es suficientemente espinoso como para que a nadie se le escape…

El Movimiento Viernes Negro  de Burgos ha informado a este medio de unas instrucciones dictadas desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y dirigidas a través del correo electrónico a los empleados públicos de todas las provincias relacionados con la tramitación de expedientes de concesión de la renta garantizada de ciudadanía (RGC).

En dichas instrucciones, según se denuncia, se ordena que “aquellos titulares de la RGC que hayan estado trabajando a través del Plan de Empleo de 2013 de la Junta de Castilla y León  y derivado del mismo se les reconozca algún tipo de prestación, como pudiera ser el subsidio de desempleo, no se les extinguirá la prestación, sino que se les imputará como ingresos la cuantía de la misma”. Además la Consejería especifica que “la revisión de estos expedientes se realizará desde Servicios Centrales”.

Pues bien, al parecer en el Decreto Legislativo 1/2014, de 27 de febrero, por el que se aprueba  el texto refundido de las normas legales vigentes en materia de condiciones de acceso y disfrute de la prestación esencial de renta garantizada de ciudadanía , especifica en lo relativo a los requisitos del titular que éste no podría percibir prestaciones contributivas o no contributivas a cargo de cualquiera de las administraciones públicas.

Por lo tanto y lo que en primer lugar se evidencia es que los altos cargos de la Consejería de Familia y de la Gerencia de Servicios Sociales están invitando a todos los empleados públicos que se encarguen de dicha tramitación a que realicen una masiva prevaricación. Por ello aunque el “movimiento estima loable el esfuerzo de la administración autonómica por luchar (…) contra la exclusión social de los desafortunados trabajadores golpeados por la crisis económica y por un más que cuestionable reparto de daños y esfuerzos”, Viernes Negro  invita al Legislativo a que modifique la Ley 7/2010, dado que la Comunidad tiene en este caso la competencia exclusiva en materia de servicios sociales.

El movimiento denuncia que es gravísimo que si la propia Ley se fundamenta en el principio de ausencia de cualquier discriminación en el acceso a la renta garantizada de ciudadanía, no se entiende bajo ningún concepto que al resto de colectivos excluídos del Plan de Empleo 2013 no puedan beneficiarse del incumplimiento de la Ley, añadiendo la RGC a otras prestaciones.

Viernes Negro, preocupado por el deterioro, la mala gestión y la arbitrariedad en los servicios públicos, le detalla a Juan Vicente Herrera otra serie de interrogantes por lo francamente sospechoso de la gestión:

¿Qué tiene de especial este Plan de Empleo 2013 para que a este colectivo sí se le permita?

¿Por qué concretamente en estos casos la revisión de estos expedientes se hará desde Servicios Centrales?

¿Es este nuevo “rapto” de competencias y de carga de trabajo una nueva estrategia para justificar nuevas contrataciones a través de empresas de servicios y fundaciones como FUCODA, obviando de nuevo el derecho constitucional de los españoles a poder ocupar un puesto de trabajo público en condiciones de igualdad, mérito y capacidad?

Por último los empleados públicos de Viernes Negro llegan a la conclusión de que la Junta con esta medida admite implícitamente que las ayudas que se reciben a través de la RGC  son insuficientes para poder llevar una vida mínimamente digna, por lo que le piden al Presidente de la Junta que impulse la modificación de la Ley para que todos los ciudadanos puedan acceder en condiciones de igualdad a todas las prestaciones, y de esta manera también asegurar los valores de independencia, imparcialidad, trasparencia y especial sujeción a la legalidad vigente.

Se trata de un asunto muy candente en la opinión pública y en diversos foros dada la extrema necesidad de cada vez más personas desempleadas en Castilla y León sin ningún tipo de prestación, por lo que son bastantes las organizaciones que comienzan a movilizarse para que se palie con mayor celeridad los principales efectos de esta estafa a gran escala.

Burgos Dijital ha podido saber que miembros del colectivo Viernes Negro han contactado con la Asamblea de Parados y Precarios de Burgos. Este colectivo se reunió el día 7 de octubre con el Procurador del Común para denunciar e informarle del excesivo tiempo en resolver y asignar las ayudas, hasta seis meses, lo que hace que muchas familias en situación de pobreza se vean en la necesidad de tener que acudir a organizaciones benéficas para sobrevivir; la denegación de solicitudes por motivos subjetivos y juicios de valor; los requisitos incoherentes y restrictivos, e incompatibilidades entre ayudas aún no superando ingresos que permitan la mera subsistencia y que la entrega de documentación requerida supone, en algunos casos, un desembolso económico.

Tras comunicarles la denuncia los representantes de la Asamblea de Parados aún no salen de su asombro por la arbitrariedad inhumana, la injusticia y la falta de trasparencia de los dirigentes populares en la administración autonómica, por lo que la Asamblea decidirá aumentar la presión y convocar ruedas de prensa para dar a conocer lo que está sucediendo.

Parece ser que mañana muy probablemente miembros de la Asamblea, invitados por Viernes Negro,  pasen a protestar a la concentración-manifestación que tendrá lugar a las 11 en la Delegación Territorial de Burgos.

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