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miércoles, 24 de febrero de 2016

¡4.000 euros por un día de trabajo!

Por CGT Enseñanza Castilla y León

No, esto no es lo que cobra un o una docente cada día, sino lo que deja de pagarle la Administración a l@s docentes interin@s que comienzan la sustitución el día 16 de Septiembre en lugar del día 15 de Septiembre, que es cuando empiezan aquell@s que obtienen una vacante, (en el caso del Cuerpo de Maestros, las vacantes empiezan el día 1 de septiembre y las sustituciones el día 9). 
¿Y cuál es la diferencia entre ambos casos? La Consejería de Educación oferta a l@s docentes interin@s vacantes de curso completo, que abarcan desde el 15 de septiembre de 2015 al 14 de septiembre de 2016 (del 1 de septiembre al 31 de agosto en el caso de Maestr@s). 

Estas vacantes se corresponden con necesidades que se conocen en el momento de realizar la adjudicación (finales de agosto) y que abarcan el curso completo. L@s docentes que se vean en este caso cobran, como no podía ser de otra manera, todo un año de salario. Después de la cobertura de vacantes, la Consejería lleva a cabo otros procedimientos para sustituciones de docentes. 

Estos contratos de sustitución se inician el 16 de Septiembre y deberían cubrir los siguientes casos: jubilaciones que produzcan entre finales de Agosto y el 16 de Septiembre (9 de Septiembre para Maestr@s), nuevas necesidades por aumento de matrícula, bajas de profesorado que se produzca entre esas fechas… ¿Y cuál es la diferencia entre obtener una vacante y una sustitución? Pues que a l@s docentes que obtienen sustituciones y no vacantes y finalmente presten servicio todo el curso no se les abonan las retribuciones correspondientes al verano (cesan el 30 de Junio) y de esta forma se ahorran unos 4.000 €. 
Además, para mayor cabreo del personal, si fuera necesario se le vuelve a contratar de lunes a viernes (podrían tener la decencia de mantener el contrato también el fin de semana) para realizar los exámenes de septiembre. ¿Cuál es la trampa de la Consejería? Un premio a la sutileza no va a ganar. Como se podrá adivinar fácilmente, no oferta las necesidades de docentes de curso completo, que se conocen desde el verano, sino que las oferta como sustituciones a partir del 16 de Septiembre y lo justifica bajo la falsedad de Nuevas Necesidades (por ejemplo). 

Aunque esto es una forma de hablar, ya que la Consejería no suele ni tener la necesidad de justificar sus actuaciones. Si hacemos números podemos ver lo miserable de estas actuaciones. Si cometieran este fraude a unos 1.000 docentes, la Consejería dejaría de pagar 4 millones de €, cantidad que sería menor puesto que muchos de los docentes que se vieran en esta situación podrían cobrar algo de desempleo. 

Supongamos entonces que estafar a 1.000 personas puede suponer 2 millones de €. ¿En cuántas cosas innecesarias (por decirlo suavemente) se han gastado las Administraciones 2 millones de euros o mucho más en los tiempos del despilfarro y corrupción de los políticos? ¿Cuánto tiempo y dinero perdido durante los años de bonanza que podríamos aprovechar si hubieran invertido inteligentemente nuestro dinero? 


Pensemos en aeropuertos (los de Castilla y León han generado pérdidas de 300 millones de € hasta el momento y 20 millones más cada año), pensemos en el AVE (cada km cuesta 18 millones de €, nos quitan el equivalente a 120 metros de AVE), edificios con sobrecoste alto y utilidad baja (la cúpula del milenio de Valladolid costó casi 20 millones de €), autovías con poco tráfico (una autovía de 180 km cuesta 400 millones de € y casi 10 millones anuales de mantenimiento). Claro que cabe plantearse, ¿por qué les interesaba tanto gastarse el dinero en estas cuestiones? 
No hay más que ver las noticias para imaginárselo.

jueves, 18 de febrero de 2016

La Consejería de Educación no atiende las sustituciones inmediatas de profesorado

La falta de sustituciones de profesorado hace perder al alumnado hasta dos semanas sin clase

Por CGT Educación


Desde 2012 está regulado que las ausencias del profesorado por bajas o permisos no se cubran hasta trascurridos 10 días hábiles, es decir, dos semanas. 
Como consecuencia de este sinsentido son muchísimas las horas lectivas perdidas por el alumnado. En enero de este 2016. la Consejería ha sacado nueva normativa en esta materia, para adaptarla a lo establecido en la última Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Según la nueva instrucción la Consejería se compromete a autorizar de forma inmediata las sustitución del profesorado en algunos casos, como por ejemplo en centros de especial dificultad, centros rurales, profesorado tutor de Infantil o primer ciclo de Primaria, Educación Especial, ausencias de dos docentes simultáneamente, profesorado de segundo de Bachillerato, permisos no retribuidos, sustituciones por maternidad o paternidad y poco más. 
Sin embargo, y cuando solamente ha transcurrido un mes desde su puesta en marcha, CGT ha detectado a nivel de Castilla y León un número notable de casos en los que no se está cumpliendo esta norma y se sigue penalizando al alumnado con más de dos semanas sin clase, mientras los centros tienen que hacer encaje de bolillos para sustituir al profesor o profesora ausente. 

Desde CGT instamos a la Consejería de Educación a que cumpla con su función de velar por el interés público y por tanto por la calidad de la Escuela Pública, comenzando para ello con el cumplimiento de su propia normativa que establece sustituciones inmediatas para determinadas situaciones. 
Pero si verdaderamente la Enseñanza Pública está entre las prioridades de la Administración, el resto de ausencias de docentes también deberían cubrirse desde el primer día, algo que CGT no se cansará de reivindicar. 

miércoles, 17 de febrero de 2016

18 de febrero: charla "La otra verdad" del Hospital Universitario de Burgos



Si quieres conocer la otra realidad del HUBU, el día 18 presentamos el informe que elaboramos en su dia y que entregamos a la Comisión de Investigación, mas la información complementaria que hemos ido recogiendo en este periodo. Además os contaremos como van los trabajos de la Comisión.

jueves, 11 de febrero de 2016

Las Plataformas anti-desahucios de CyL denuncian la falta de viviendas sociales prometidas

Foto cedida por PAH Burgos
Por Burgos Dijital

Las plataformas anti-desahucios de CYL denuncian la falta de viviendas sociales prometidas por Junta y SAREB.  Exigen agilidad en la concesión de la renta básica para una familia en situación de emergencia.


Esta mañana la Plataformas de Afectados por la Hipoteca y grupos de STOP Desahucios de la comunidad de Castilla y León han acudido a las respectivas Delegaciones Territoriales de sus provincias para dejar en registro el escrito dirigido al Delegado Territorial solicitando información sobre las 100 viviendas que la SAREB, "Banco Malo" financiado con dinero público,  tenía intención de poner a disposición de la Junta de Castilla y León, para que las gestionara, facilitando su uso a las personas necesitadas mediante alquiler social.

Ya han pasado más de 4 meses y siguen sin llegar estas viviendas.  Según los datos manejados por las Plataformas, 100 viviendas son insuficientes para cubrir las necesidades reales de toda la Comunidad.  Por otro lado, en nota de prensa continúan diciendo, que la cesión de estas viviendas por 4 años a la Junta a cambio de 660. 000 euros es solamente un parche y no una solución, es un timo incluso, teniendo en cuenta que la SAREB está financiada con dinero público y por tanto la cesión debería ser gratuita, como así han hecho ya algunas entidades.  Todo parece apuntar que aquella promesa de las 100 viviendas, etc. etc., no era más que propaganda pre-electoral del Partido Popular, promesas en propaganda a las que suele tener acostumbrada a la ciudadanía.

La acción de esta mañana en Burgos ha llevado las protestas al interior del edificio de la Delegación Territorial para dar a una conocer la situación de emergencia en que se encuentra una familia de la Plataforma, que no tiene recursos económicos para hacer frente a un alquiler social ante la reiterada negativa del Delegado Territorial de agilizar los trámites de concesión de la Renta Básica.

El Delegado Territorial Sr. Baudilio Fernández Mardomingo es conocedor de la gravedad de la situación de esta familia, porque así se lo explicaban:  “Se trata de una familia con una niña de 5 años y su hermano de 19, que no tienen ni para cenar esta misma noche y debido al estado de salud de la madre, que se encuentra ingresada en el hospital con una enfermedad muy grave, no pueden esperar los dos-tres meses que la Junta tardará en otorgarle la renta”.  A estas explicaciones, el Sr. Baudilio respondía:  “que se vayan al comedor social, pero que nada más podían hacer”, consideraciones de un cargo público de la Junta de Castilla y León, que debe velar por el bienestar de la ciudadanía.

Para los miembros de la Plataforma esto es una actitud " inadmisible e inhumana, proviniendo de un responsable político que cobra casi 65.000€ anuales (esto es, más de 5.000€ mensuales) de dinero público"...." Creemos que esta persona debiera dimitir ya que aseguraba no ser capaz de resolver una situación como esta, de su competencia..."

En las protestas realizadas esta mañana, de una duración aproximada de hora y media en el edificio, la Plataforma ha podido comprobar que el Delegado anteriormente no dijo la verdad, porque ahora ha prometido que en semana y media estaría adjudicada la Renta Básica para esta familia:  "Queda demostrado así que podrían agilizarse mucho más los trámites pero no lo hacen, porque no quieren". 

En el escrito que ha registrado hoy la plataforma solicita "que se publique de forma inmediata el número real de viviendas de la SAREB en la Comunidad, que aumente el número de viviendas destinadas al alquiler social hasta alcanzar el 45% (proporción de titularidad pública de dicha entidad), que la cesión sea permanente para constituir un verdadero parque público de viviendas, y que se reduzca el precio del alquiler, estableciéndose en un 30% de los ingresos familiares, que es el máximo que una familia debiera destinar a la vivienda, incluidos los gastos de agua, gas y electricidad".

martes, 2 de febrero de 2016

Qué hay detrás de los Proyectos de autonomía de los Centros Escolares

Por CGT Educación

En enero la Consejería ha publicado la regulación de los proyectos de autonomía para primaria, ampliando los plazos de solicitud, pues no tenía ningún sentido que las solicitudes se hayan tenido que presentar antes de que se desarrollase la normativa correspondiente. Esta regulación, aunque sea específica para primaria, tiene que ser entendida también como un adelanto de la propuesta que se espera para el curso que viene en secundaria.

¿EN QUÉ CONSISTEN LOS PROYECTOS DE AUTONOMÍA?

Tras leer la regulación no está claro en qué consisten exactamente. Permiten la introducción de las siguientes asignaturas de libre configuración autonómica en todos los cursos de Primaria: segunda lengua extranjera en 5º y 6º de Primaria (al menos 1 hora semanal), profundización o refuerzo de áreas troncales o asignaturas relacionadas con sistema braille, tiflotecnología, autonomía personal o lenguaje de signos.
Esto se podrá hacer aumentando el horario lectivo más allá de las 25 horas. La otra alternativa es encajarlo en las 25 horas lectivas del centro, para lo que habrá que reducir horario del resto de asignaturas, estableciendo un mínimo de horas para cada asignatura, de modo que el centro disponga de las siguientes horas para el proyecto de autonomía: 1 hora en 1º, 2 horas en 2º, 3 horas en 3º y 5 horas en el resto de cursos.

Los centros también tendrán potestad para modificar el calendario escolar, pues podrán adelantar el inicio de curso al 7 de septiembre y prolongarlo hasta el 24 de junio.

Para su desarrollo, con carácter general los centros no contarán con recursos humanos y económicos adicionales, señalándose de forma específica que la introducción de una segunda lengua extranjera queda supeditada a que se disponga de profesorado con titulación o habilitación.

Al personal docente se le pedirá que firme por escrito un compromiso de participación en actividades de formación, firma que será voluntaria pero se tendrá en cuenta a la hora de autorizar el proyecto.

Los centros incompletos y CRAS con menos de cinco unidades, podrán solicitar proyecto de autonomía propio o con otros centros. Igualmente, los Centros de Educación Especial podrán presentar proyectos con otros centros en los que se favorezca la integración del alumnado.

Mientras en los centros públicos el proyecto ha de ser aprobado por el claustro y el consejo escolar, en los privados-concertados basta con la aprobación del claustro y la mera información al consejo escolar, facilitando que los centros privados-concertados presenten proyectos de autonomía

¿QUÉ SE ESCONDE REALMENTE DETRÁS DE ESTOS PROYECTOS DE AUTONOMÍA?

En CGT no vemos en estos proyectos una verdadera apuesta por la autonomía: las opciones son limitadas, no se permite participación en el diseño del currículum y no está pensado de cara a la implantación de nuevas metodologías. Además, los centros que impartan una segunda lengua extranjera en 5º y 6º de primaria, cuyo director/a finalice su mandato en 2016, se ven obligados a elaborar el correspondiente proyecto de autonomía, con todo el trabajo y papeleo que ello supone. Por otro lado, no se puede esperar dotación de una mayor autonomía en el marco de la LOMCE, una ley impuesta que resta competencias al Consejo Escolar.

Por tanto, si el objetivo no es fomentar la autonomía, ¿qué es lo que se persigue? Estos proyectos, además de una propaganda institucional, buscan fomentar la competencia entre centros, máxime cuando la Consejería se reserva el derecho de hacer propaganda de los centros que implanten proyectos de autonomía. Fácilmente podemos esperar que los centros privados-concertados amplíen tanto la jornada lectiva como el calendario lectivo, entrando en una “guerra” por ver quién es capaz de 
mantener más días y durante más horas al alumnado en las aulas, de tal manera que al final todo el profesorado acabaremos trabajando más por menos salario (no olvidemos los recortes salariales sufridos y que no hemos recuperado).

La dotación económica se articulará en torno a convocatorias exclusivas para centros que hayan puesto en marcha proyectos de autonomía, lo que acrecienta la competencia entre centros y, sobre todo, supone una grave discriminación para el resto de colegios.

En cuanto al ámbito pedagógico, ¿qué criterios se van a seguir a la hora de decidir qué asignaturas se recortan?, ¿qué pasa con estas asignaturas?, ¿están los currículos diseñados para soportar recortes horarios?, ¿contribuirá esta situación a la cohesión y el trabajo en equipo en los centros o generarán enfrentamientos que dificulten la cooperación pedagógica?

A todo ello hay que sumar que los centros que desarrollen estos proyectos serán sometidos a evaluaciones externas que se centrarán en los resultados académicos de las alumnas, ahondando en esa política educativa que solo contempla “los resultados inmediatos” y que desde CGT rechazamos profundamente.

El modelo de enseñanza que defiende CGT se basa en la autogestión, la participación, la cooperación... Por eso rechazamos propuestas que se basan en la competencia no solo entre centros sino también entre asignaturas, que conducen a la explotación laboral, al enrarecimiento del ambiente en los centros y a la discriminación de asignaturas, en lugar de a su integración en proyectos conjuntos.

domingo, 31 de enero de 2016

El fracking cada vez más cerca de Burgos

Caravana contra el fracking en Merindades. 2012

Por Burgos Dijital

Este miercoles 3 de febrero, según ha comunicado Asamblea Antifracking Merindades, tendrá lugar en las Cortes de Castilla y León el debate de la proposición presentada por el PSOE de Castilla y León en la cual "se prohíbe el fracking" en toda la Comunidad. Esta propuesta está apoyada fundamentalmente en los riesgos medioambientales y sanitarios que trae consigo la técnica de extracción de gas por estos métodos no convencionales, destructivos e invasivos de las capas del suelo.
En la legislatura pasada el Partido Popular, con mayoría absoluta en el gobierno regional , rechazó tres propuestas parecidas apoyándose en que "no está demostrado que esta técnica conlleve los riesgos que se señalan" y por lo tanto "es una técnica segura y aceptable".
Con la nueva conformación del gobierno regional en la que ya el PP no tiene la mayoría absoluta, es posible aprovechar la oportunidad para aprobar en Castilla y León las leyes antifracking que ya se han aprobado en otras comunidades autónomas (Euskadi y Cataluña).
Es un momento muy importante para hacer caso a las más de 70 localidades, 150 asociaciones, sindicatos agrarios, ganaderos y gran parte de la población que rechazan el fracking.
En caso de que se desestime la propuesta en la Cortes regionales, por una alianza del PP-Ciudadanos, no existiendo ningún impedimento, el fracking será una realidad en la provincia de Burgos.


Leer más:


miércoles, 27 de enero de 2016

Los pueblos burgaleses sin derecho a Sanidad

Por Burgos Dijital

Al parecer el gobierno popular sigue empeñado en luchar contra la despoblación en las zonas rurales de esta ya desértica Comunidad.

No contento con suprimir paulatinamente los exiguos servicios públicos secundarios en nuestros pueblos, persigue una sorda e impenitente destrucción en los servicios esenciales, la educación y la sanidad, una vez que los dineros de las "dependencias" se están yendo por las alcantarillas del partido que gobierna: trama éolica, Hospital ¿Público? de Burgos, trama Gürtell (que nadie se olvide del otrora Secretario General del PP Jesús Merino) o la cueva de ladrones en que se convirtió la Consejería de Economía y sus empresas públicas comandadas por Tomás Villanueva.

Mientras nos confunden con los dimes y diretes de la formación del gobierno de la nación o la entrañable estabilidad política del ejecutivo de Herrera avalada por los Ciutadans y la paz social de los sindicatos mayoritarios, los recortes siguen adelante imparables.

Uno de los que más han escocido en los últimos dos meses en nuestra provincia es la precarización de los servicios sanitarios en las guardias del Centro de Salud Burgos Rural tras la supresión de uno de los tres médicos con los que contaban las 198 localidades del alfoz que se asisten en este área.

El 12 de noviembre de 2015, uno de los diarios de la ciudad se hacía eco de una supuesta decisión técnica ejecutada por la Gerencia de Atención Primaria que consistiría en trasladar a este médico a cubrir las guardias de Gamonal y San Agustín, es decir como denunciaban los profesionales "desvestir a un santo para vestir a otro". 

Varios médicos, tras las débiles protestas del sindicato corporativo CESM, decidieron hacer pública su versión de los hechos y expresar su malestar por la precariedad de sus condiciones laborales, que se han visto empeoradas, y del servicio que prestan.

En primer lugar contradicen al diario local en las informaciones dadas a los y las burgalesas, en un nuevo ejemplo del tipo de periodismo que se ejerce en la ciudad, desmintiendo que la Gerencia se reuniera con la Junta de Personal para discutir esta decisión, ya que seis días antes ya se había tomado y fue la propia Gerente la que se lo comunicó al personal sanitario.

L@s profesionales denuncian la arbitrariedad de la decisión basándose en una comparativa de datos demoledora: una cobertura de población de más de 18.000 habitantes repartidos en 198 localidades para dos médicos respecto a localidades, para que sirvan de ejemplo, como Roa con 6.015 habitantes y dos médicos o Briviesca con 8.703 y tres médicos. A ésto habría que añadir la cobertura de localidades con distancias superiores a los 50 Km con pueblos considerados de especial asistencia por alta montaña como Pineda de la Sierra.

Los médicos también se quejan especialmente de las carencias de los recursos con los que cuentan así como de las obsoletas instalaciones sanitarias, llegando a exponer que tienen que manejar vehículos a los que les cuesta pasar la ITV y que trabajan en Centros de salud que incumplen las normativas de salud laboral, sin puertas de emergencia y sin las debidas condiciones de habitabilidad. A ello se le une la inexistencia para todos estos centros de personal administrativo y de auxiliares de clínica.

Otro asunto realmente peligroso es que además este mínimo personal sanitario debe de cubrir las urgencias sanitarias en once residencias de la Tercera Edad, ya que éstas carecen de médico en horario de atención continuada.

Por último añaden la imposibilidad de conseguir cumplir con toda la carga de trabajo acumulada exponiendo que no son sustituidos ni si quiera en procesos de enfermedad o problemas familiares. Hecho contrastado por Burgos Dijital, puesto que ya son muchas las quejas efectuadas por pacientes que se encuentran sin previo aviso sin médico que les atienda.

Uno de los casos más sangrantes se produce en la misma ciudad de Burgos donde los habitantes del Barrio de Villatoro se han encontrado en muchas ocasiones con la imposibilidad de reservar una cita en horario ordinario sin ninguna explicación por parte de las autoridades sanitarias.

Tras esta arbitraria y grave medida, varios médicos de atención primaria han decidido recoger firmas en diversos centros de salud de la capital

Mientras tanto lo más aconsejable para un burgalés es no ponerse malo y seguir pagando sus impuestos para reparar las losas volanderas del HUBU y pagar sin rechistar el canon a la concesionaria Eficanza y el sueldo del imputado Gerente Arribas.

miércoles, 13 de enero de 2016

Ridícula convocatoria del Programa para la Mejora del éxito Educativo

Por CGT Educación
La Consejería de Educación llena el BOCYL de bonitas palabras de compromiso con la calidad de la Educación y con atender las necesidades del alumnado de Castilla y León y finalmente solo convoca refuerzo para los alumnos de 4º ESO en el mes de Julio


Cuando uno lee la introducción de la convocatoria de este programa para el curso 2015-2016 en el BOCYL se piensa que estamos ante una Administración que lo único que tiene es preocupación por nuestro alumnado con dificultades o necesidad de apoyo. Podemos leer lo siguiente:
"la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, en su compromiso de seguir avanzando hacia la consecución de una escuela de calidad que dé respuesta a las necesidades del alumnado, considera de especial importancia la puesta en marcha deprogramas de refuerzo que faciliten la promoción del alumnado y la continuidad en el sistema educativo. El Programa para la Mejora del Éxito Educativo contribuye de forma clara a la consecución de dichos objetivos."

Pues bien, en este curso 2015-2016 la única medida de refuerzo que nos encontramos es el refuerzo para alumnos de 4º ESO que suspendan la evaluación final en Junio de Matemáticas y/o Lengua Castellana durante el mes de Julio para preparar la prueba de Septiembre. Ningún refuerzo u apoyo para el alumnado de 1º y 2º ESO, ningún refuerzo u apoyo para alumnado de 4º, 5º y 6º de Primaria, ningún refuerzo u apoyo para alumnado de 3º y 6º de Primaria, ... 


En fin, un gran compromiso con la calidad educativa y con la atención a las necesidades y dificultades de nuestro alumnado. Para ponerse medallas sí que dedican tiempo.

martes, 29 de diciembre de 2015

Los fraudes de Hacienda en Castilla y León

El dinero pagado en nómina de diciembre solo a los funcionarios de
Hacienda en Burgos asciende a 29.190 euros, en las llamadas "bufandas",
el resto de funcionariado ha sido discriminado
 Por Burgos Dijital

La Consejera de Hacienda Pilar del Olmo engaña a los castellanos y leoneses al informar reiteradamente en Cortes de la imposibilidad de hacer públicas las famosas “bufandas”, las gratificaciones extraordinarias que la Junta concede a algunos empleados públicos por servicios extraordinarios, amparándose en un informe jurídico hecho a medida por la Agencia Nacional de Protección de Datos.

O eso o la Consejera ha tirado el informe a la papelera, de lo cual debería dar constancia tanto a los Procuradores de la oposición que en repetidas ocasiones han denunciado la opacidad de la recompensa como a los representantes sindicales, los cuales, según la normativa, tienen derecho a dicha información.

Lo cierto es que diferentes plataformas en defensa de lo público han denunciado el hecho de que estas gratificaciones sirven para mantener una red de fidelidad y de clientelismo destinada a buscar silencios ante los manejos que de tanto en cuanto nos descubren organismos como el Consejo de Cuentas o los asfixiados medios de comunicación que buscan su libertad fuera de la órbita de Ulibarri y la familia Méndez Ordóñez.

Burgos Dijital ha podido comprobar como en la Delegación Territorial de Burgos se han hecho públicas, eso sí en un rincón del edificio, las gratificaciones que han sido repartidas a todos los funcionarios del Servicio Territorial de Hacienda en forma de “incremento del complemento de productividad”.

El concepto por el cual se abonan esas cantidades está dentro del "Plan Específico de Lucha contra el fraude 2014"

Al parecer la decisión ha sido tomada por el Director General de Tributos y Financiación Autonómica y refrendada por la propia Consejera de Hacienda vinculándolo con un supuesto Plan Específico de Lucha contra el Fraude 2014 que no es más que una mera excusa a juzgar por la presencia cada año de un Plan de control tributario que tiene, entre otros cometidos, la lucha contra el fraude fiscal.

A juzgar por los hechos, no se ha producido más que una dádiva discrecional que en este caso tiene que ver más con la “inyección de optimismo” sospechosamente cercana, junto a la devolución de la paga saqueada en el 2012, a las elecciones generales por parte de los ejecutivos de Herrera y de Rajoy.

Lo grave del asunto, como apuntábamos arriba, es que en este caso Pilar del Olmo cumple las disposiciones de la Ley de Función Pública 7/2005, que en su art. 76.3 expresa que “las cantidades que perciba cada funcionario por este concepto serán de conocimiento público de los demás funcionarios de la Consejería interesada, así como de los representantes sindicales”, por lo que estaría infringiendo las supuestas órdenes vinculantes en las que se ha amparado hasta ahora para ocultar los datos de los empleados públicos que reciben gratificaciones extraordinarias, las cuales también la ley informa en el mismo sentido.

Los sindicatos y sus representantes no han sido informados oficialmente de esta sorprendente medida, ya que hasta ahora la productividad era un concepto salarial fijado por las funciones y las responsabilidades de cada puesto de trabajo y negociado entre ambas partes. Con esta medida la Junta viene a decir al resto de empleados públicos que toda la pérdida de poder adquisitivo acumulada en los últimos 15 años se debe directamente a su falta de rendimiento y lealtad profesional. 

La mayor parte de los empleados públicos han cobrado en torno a una media de 400 – 500 €, aunque algunos de ellos han llegado a percibir de “aguinaldo” la cantidad nada desdeñable de 1500 €.

A día de hoy la denuncia realizada a la Inspección General de Servicios hace ya más de un año y al Presidente de la Junta hace dos semanas por funcionarios de la Delegación de Burgos y el movimiento Viernes Negro acerca de las graves irregularidades cometidas por un funcionario de Hacienda no sólo sigue siendo silenciada, sino que se da la paradójica circunstancia de que dicho funcionario también ha sido premiado con más de 700 euros “por su  especial lucha contra el fraude.

Es de suponer que el portavoz de Ciudadanos en las Cortes Luis Fuentes, después de pactar la creación de un mecanismo de protección de denunciantes en la administración pública, pedirá explicaciones ante semejante despropósito. O quizás lo que ocurra es que ni siquiera persiga el objetivo de la regeneración, dada la deserción de su partido por entregarse sin condiciones a los primeros presupuestos de esta legislatura.

Parece que en Burgos también tenemos a nuestro propio “Gómez de la Serna” y quién sabe si en Castilla y León a nuestro propio Albert Rivera, dechado de vacuidad y oportunismo.

miércoles, 16 de diciembre de 2015

La Junta de Castilla y León acumula más de tres meses de retraso la dotación de equipos informáticos en FP y FP Básica

Por CGT Educación Castilla y León



LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN ACUMULA UN RETRASO DE MÁS DE TRES MESES EN LA DOTACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA FP Y FP BÁSICA EN 52 CENTROS DE LA COMUNIDAD 




La Consejería de Educación de Castilla y León aprobó el pasado 12 de febrero de 2015 la partida presupuestaria para dotar de equipos informáticos a Centros Integrados de Formación Profesional y Centros de Educación Secundaria que impartían FP Básica y Ciclos Medios y Superiores de FP en la Comunidad. 

La dotación presupuestaba 704 ordenadores, de los cuales 164 eran de altas prestaciones. En junio la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León anunció en una nota de prensa “a bombo y platillo” su extraordinaria inversión en FP Básica y FP, que suponía un total de 474.000 euros. 
Lo que en ningún momento aclaró es que esta dotación estaba cofinanciada por el Fondo Social Europeo, inserta en el Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación. FSE que se desarrolla entre 2014-2020. En propias palabras de la Consejería de Educación de Castilla y León: 
Para poder comenzar el curso escolar tanto en el segundo curso de la Formación Profesional Básica, como en los nuevos ciclos de FP previstos para el 2015-2016, la Consejería de Educación ha considerado necesario complementar el equipamiento de los centros que imparten estos niveles educativos. 

En especial, la Administración educativa autonómica ha estimado que era imprescindible mejorar la dotación de ordenadores, con especial urgencia en aquellos estudios cuyo contenido es esencialmente digital, tales como los ciclos de informática o de imagen y sonido, entre otros. 

Desde CGT Educación Castilla y León denunciamos que ninguno de los 52 centros al inicio de curso había recibido los ordenadores. Esto ocasionó graves problemas de gestión y organización en los centros, ya que no podían impartir con normalidad las clases, pues no contaban con los recursos prometidos. 
Es más, reconocía la Consejería que había priorizado en la distribución a los ciclos y centros más necesitados en recursos informáticos. Ante esta situación CGT se puso en contacto con las diversas Direcciones Provinciales que en la mayor parte de los casos culpó a la empresa adjudicataria por ciertos problemas en la distribución del material. 

El retraso en la distribución no era una cuestión de días o semanas, se ha prolongado durante meses. Con un tercio del curso escolar a punto de concluir, este asunto no ha sido solventado con la premura y la solvencia que se exige a una Consejería, que no ha hecho otra cosa que escudarse y justificarse tras los problemas de una empresa que no consta en las licitaciones de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. 

Desde CGT pedimos en primer lugar que los recursos para los centros estén disponibles al inicio del curso escolar con el fin de no interferir de ninguna manera en la organización y puesta en marcha del curso académico; en segundo lugar, exigimos transparencia tanto en las licitaciones a empresas privadas como en la gestión de las partidas económicas que provienen del Fondo Social Europeo, ya que la Consejería de Educación no desglosa los créditos europeos que recibe en inversiones o medidas concretas, se limita a englobarlas en objetivos genéricos que en ningún modo aclaran dónde terminan esos fondos; en tercer lugar, reivindicamos que la Consejería actúe con la eficiencia que se espera de una institución pública y no permanezca como en este caso inactiva, incapaz de dar respuesta a una situación que afecta a 52 centros de la Comunidad, eludiendo responsabilidades y esperando que un asunto tan grave pase desapercibido y se solucione por sí mismo. 

Debemos por último destacar, que desde que CGT empezó a denunciar la situación de los centros y a indagar en qué estaba ocurriendo con esta dotación informática, entonces y solo entonces la Consejería a través de sus Direcciones Provinciales empezó a tomar medidas para remediar parcialmente la situación creada, casi tres meses después del comienzo del curso 2015-2016.

lunes, 14 de diciembre de 2015

Respuesta al artículo publicado en la revista Escuela por Fernando Sánchez-Pascuala, director de política educativa de JCyL.

Recorte del artículo extraído de la Revista educativa "Escuela" (pulsa para ampliar la imagen) 
Carta de los lectores


Agradezco al Director General de Política Educativa Escolar de Castilla y León su artículo en periódico Escuela del 8 de octubre de 2015. Agradezco su cita inicial sobre la UNESCO, la Educación Para Todos (EPT), la inclusión, la participación, la equidad, la cohesión y la sociedad del conocimiento.
Podría incluso agradecer su foto sobre la variabilidad de calidad y resultados entre los centros españoles (15,8%) y dentro de los propios centros (84,2%). Algo menos cuando amaga con una declaración de intenciones al relacionar la administración de recursos según el contexto específico de los alumnos con la búsqueda de una correcta compensación problemas-soluciones.

Lo que no puedo agradecer es que hable de buenos colegios. Aún menos que diga que los hacen los buenos profesores. Y es que el buen profesor como el buen médico, bombero o peluquero no nace. En toda empresa que se precie hay planes estratégicos que contemplan la formación permanente de vanguardia de los trabajadores con los objetivos corporativos. En la empresa de este Director General no. Hay muchos buenos profesores. Algunos incluso de manera autodidacta y como verdaderos camicaces se dejan la piel intentando transformar los centros partiendo de evidencias empíricas (INCLUD-Ed). Pero el diplodocus no despierta y el desgaste a veces es letal.

Ahora las desgracias. Sólo dos, ambas muy vinculadas a la variabilidad inter e intracentros:

     1.La palmaria “brecha metodológica” entre prácticas docentes obsoletas y las metodologías inclusoras, activas , estimuladoras de Inteligencias Múltiples. Esta brecha en el medio rural es insalvable generando en las familias impotencia, rabia, frustración y a veces hasta “exilio escolar”.

     2.La discriminación tolerada, avalada y hasta estimulada por la Consejería del Sr Director a cuenta del bilingüismo. En algunos centros se segrega a los alumnos de 1ºde ESO , por un lado los ¿“valientes?” que se lanzan a cursar algún área del complejo currículo de secundaria en inglés, y por otro los ¿“cobardes?” que no lo hacen. Pero la guinda es que desde los centros públicos se oferte fuera del horario escolar una hora para apoyar ¿a quién?...la respuesta nos abre las carnes, sí señor: ¡a los “valientes”!


Gracias Señor Director General. Gracias por todo y mire a ver cómo desde su negociado se promueven actuaciones contundentes para solucionar estas desgracias, y con ello la Variabilidad de marras. Como recomienda al final del  artículo para resolver el 40% de la tasa de repetición acumulada, pongamos imaginación pero además añadamos una buena, permanente y obligatoria formación.

viernes, 4 de diciembre de 2015

La Inspección de Servicios de JCyL protege irregularidades en la Administración

Por Burgos Dijital

La Inspección General de Servicios de la Junta hace caso omiso ante las denuncias de conductas irregulares de empleados públicos a los que parece proteger.

Esto es lo destacable en la nueva denuncia realizada por el Colectivo Viernes Negro, pocos días después de que el Partido Popular rechazara en las Cortes  la creación de un mecanismo de denuncia de posibles delitos de corrupción que amparara y protegiera a los denunciantes.

De hecho, una de las principales razones que adujeron los populares para la innecesaria creación del sistema fue la existencia de la Inspección General de Servicios, ya que este organismo de control tiene entre sus funciones, como se expresa en el artículo 3 del Decreto 13/2009: 

  • "Realizar actuaciones inspectoras dirigidas a detectar indicios racionales de responsabilidad disciplinaria en la actuación del personal al servicio de la Administración de la Comunidad, proponiendo, en su caso, al órgano competente la incoación de expedientes disciplinarios.
  • Tramitar los expedientes en materia de incompatibilidades del personal al servicio de la Administración de la Comunidad."

Pues bien, al parecer hace exactamente un año una serie de empleados públicos registraron una comunicación dirigida a la Inspección General de Servicios en el que se detallaba un hecho producido en las dependencias del Servicio Territorial de Hacienda de Burgos que involucraba a un funcionario de dicho servicio y que podría ser motivo de investigación más que sobrado dadas las funciones y competencias ya desgranadas en los párrafos anteriores.


En esta comunicación se relataba que el 27 de octubre de 2014 se había presentado un ciudadano reclamando la presencia de un funcionario del que solicitaba una factura cobrada por un servicio íntimamente relacionado con las funciones públicas de dicho empleado. También se expresaba, dando una serie de ejemplos que se sucedían en el tiempo, que su trabajo privado interfería con el público.

Posteriormente y a petición de la Inspección de Servicios se amplió la información de que se disponía en la que se aportaban datos de las incompatibilidades de dos funcionarios que mostraban a las claras tanto la realización de trabajos privados y personales dentro de su jornada de trabajo como el uso privilegiado de información con intereses lucrativos que podrían dañar a los intereses públicos.

Las actuaciones de la Inspección son de carácter reservado y sólo tienen acceso a la documentación obrante en los expedientes el personal de la Inspección que tiene encomendada la investigación. Pero los denunciantes afirman que trascurrido un año desde la denuncia inicial ninguno de los firmantes ha recibido notificación por la propia Inspección General que, a su vez, no ha recogido lo que podría ser la principal prueba de lo denunciado a través de las declaraciones de los testigos. 

La principal conclusión que apuntan, a la luz de lo ocurrido hasta ahora, es que la Inspección está protegiendo a estos empleados públicos bien por inacción bien por inhibición e incluso "informando" presumiblemente por alguna vía a alguno de los denunciados, ya que afirman que les consta que ha habido una solicitud de compatibilidad por parte de uno de los funcionarios denunciados.

Parece muy evidente que a los populares, que llevan manejando con puño de hierro la administración pública de esta comunidad, se les va escapando parte del control de la nave, ejercido con silencios cómplices y con multitud de trabajadores "agradecidos". Por ello Viernes Negro motiva buena parte de la mala praxis de la Inspección en su verdadera falta de autonomía e independencia.

Por ello ponen el foco en que las plazas están cubiertas a través de la Libre Designación o a través de un concurso específico, lo que conlleva, a su parecer, "un alto porcentaje de discrecionalidad por parte de las autoridades que juzgan la ocupación de estos puestos". Así mismo han comprobado que el máximo responsable está elegido "a dedo", no obstante es un importante peso pesado en el PP de Valladolid, y que de las 13 plazas, 3 están ocupadas en Comisión de Servicios, otro instrumento de discrecionalidad y politización de la Administración, y otras 3 están vacantes.

Viernes Negro expresa en su denuncia "que detrás de la falta de acción de la propia Inspección en el asunto denunciado no hay más que la búsqueda del silencio para que no trascienda más allá de nuestras paredes, hecho que a todas luces produce, como otros tantos, la erosión de la confianza en las instituciones por parte de los ciudadanos y la desmotivación y la desilusión entre aquellos trabajadores públicos, la mayoría de ellos, que cumplen con su deber fundamentado en el trabajo ejercido y en su sometimiento a las reglas de juego".

Esta denuncia es un jarro de agua fría para aquellos que crean que basta con controlar los tiempos y mentir en sede parlamentaria, como parece haberlo hecho el Partido Popular, si se confirma que la Inspección, a la que apelaban hace 10 días como órgano fiable para los empleados públicos, no es más que otra tramoya institucional a las que nos tiene acostumbrado el gobierno de Herrera. 

A tres semanas de las elecciones generales los populares siguen mostrándose refractarios a liberar la administración de sus tentáculos y a luchar realmente contra la corrupción: mientras venden transparencia, compran voluntades.

martes, 17 de noviembre de 2015

Miles de personas frente al Hospital de Burgos escriben a los políticos: "Sanidad Pública"


Por Burgos Dijital

La ciudad de Burgos volvió a mirar hacia el Hospital con una imagen única, miles de personas unidas para formar dos palabras. Nadie sabe si se puede decir más claro. Este recado envió la ciudadanía a los políticos, al Consejero de Sanidad y  al presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera. 

Miles de personas con y sin camiseta blanca, esta vez unidas para formar con sus cuerpos una letra, y letra a letra, un mensaje claro: Sanidad Pública
Letras formadas por cuerpos con brazos, sonrisas, besos, alegría, gestos, música, ritmos, entusiasmo, empatía y muchas cosas más, para defender de la avaricia de las empresas privadas a los lugares donde esos mismos cuerpos son cuidados y sanados.






miércoles, 11 de noviembre de 2015

PAH´s y Stop Desahucios exigen en Castilla y León una Ley similar a la catalana

Por PAH y STOP Desahucios de Castilla y León


Las “plataformas de afectados por la hipoteca” y grupos “Stop desahucios” de toda la comunidad autónoma han presentado esta mañana en las Cortes de Castilla y León, en una acción simultánea con otras 7 comunidades del estado (Andalucía, Asturias, Canarias, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid), el escrito que se adjunta, solicitando que se apruebe en nuestras comunidades una ley similar a la Ley 24/2015 de Cataluña, que han impulsado nuestros compañeros/as de las plataformas catalanas y que fue aprobada en el parlamento Catalán.
Esta mañana en Valladolid, donde se han desplazado compañeros/as de Segovia, Zamora y Salamanca y que el resto de plataformas de la comunidad, y del país hemos apoyado desde las redes sociales, con el lema "#ExijoAMiPAHrlamento que cumpla con su deber y defienda mi derecho a la vivienda digna!".
Nos unimos así a todas las comunidades autónomas que ya han hecho esta misma petición en sus parlamentos el pasado día 3 de Noviembre: Murcia, Cantabria, Navarra, Baleares y Valencia. Todo ello enmarcado dentro de una campaña a nivel estatal denominada #ExigenciasPAH.
Después de 6 años de lucha, con la recogida en 2012 de mas de un millón y medio de firmas para que se aprobara una ILP para garantizar el derecho a una vivienda digna, tumbada por el Partido Popular, con la aprobación de esta ley, conseguimos el primer cambio legislativo a favor del derecho a la vivienda.

Esta ley recoge las demandas de mínimos exigibles:
1. Medidas contra el sobre_endeudamiento relacionado con la vivienda habitual.
2. Medidas para evitar los desahucios que puedan producir una situación de falta de vivienda.
3. Medidas para evitar la pobreza energética
4. Medidas para garantizar la función social de la propiedad y aumentar el parque de viviendas asequibles de alquiler.
5. Umbral máximo de gastos destinados a vivienda habitual y suministros básicos.
6. Plazos (art. 9)

Porque los desahucios podrían evitarse con una ley como la 24/2015 de Cataluña.
La pregunta que van a tener que responder estos Parlamentos Autonómicos a la ciudadanía es, si están o no por la labor de poner fin a las deudas de por vida, los desahucios, los cortes de suministros y si van a movilizar la vivienda vacía. De no ser así, tendrán que responder por qué en unos parlamentos sí y en otros no, por qué a nivel municipal tienen un posicionamiento diferente que a nivel autonómico y que a nivel estatal.
En todas las Autonomías hay competencias para abordar los puntos que planteamos, y exigimos que lleguen tan lejos como puedan y en el plazo de un mes aprueben una ley similar a la catalana.
Desde las plataformas de CYL hemos elaborado un recuento de algunas de las acciones previas llevadas a cabo en Castilla y León:
  • Entrega en las Cortes en Mayo de 2014 de Documento de Mínimos para paliar el problema de emergencia habitacional en nuestra Comunidad. (doc. 1)
  • Denuncias al Procurador del Común. (Resumen Informe PC de Julio 2015)
  • Mociones en Ayuntamientos. Presentadas 115 en todo el estado, aprobadas ya en 45 Ayuntamientos. En CyL:
  • Burgos. Pendiente Pleno, este Viernes 13-Noviembre-15.
  • Miranda de Ebro: Pendiente Pleno.
  • Salamanca que ha sido denegada (votos en contra PP-12, abstención de Ciudadanos -4 y votos a favor de PSOE-7 y Ganemos-4)
  • Segovia aprobada (votos a favor de PSOE-12, IU-1, Abstenciones PP-7, UPYD-2,CIUDADANOS -2)
  • Valladolid aprobada (a favor psoe-8, Valladolid toma la palabra-4, Si se puede Valladolid-3, abstenciones PP-12, Ciudadanos-2)
  • Zamora. Pendiente Pleno.
  • Presentación PNL en las Cortes de CyL de apoyo para exigir una nueva Ley Reguladora del Derecho a la Vivienda que cubra las medidas de mínimos para hacer frente a la Emergencia Habitacional. Esta PNL se enmarca dentro de la Campaña Estatal ‘ViviendaEnCampaña’ que comenzó el pasado 8 de septiembre y que pretende, de una vez por todas, garantizar el derecho a la vivienda exigiendo a los partidos políticos que se presenten en las próximas elecciones estatales del 20D que cumplan con las demandas de la ciudadanía y no la de los bancos.

Después de más de siete años de crisis y sin políticas públicas que hayan ido dirigidas a un rescate ciudadano, en esta campaña exigiremos de forma contundente el compromiso de la clase política a todos los niveles. Es decir, esta campaña es multinivel, interpela a los Ayuntamientos a posicionarse como hemos explicado anteriormente, exigiendo al Congreso y Gobierno que salga de las urnas los cambios que desde la ciudadanía estamos reclamando. Al mismo tiempo interpelamos a los partidos que se presentan a las elecciones del 20D y les decimos al ciudadano que no vote a quienes no se comprometan con las Exigencias Pah.

Nuestras demandas son:
1. Dación en pago retroactiva
2. Alquiler estable y asequible (Reforma de la Ley de alquileres)
3. Vivienda accesible (Movilización de vivienda vacia y alquiler social)
4. Suministros básicos garantizados
5. Creación de un observatorio de la vivienda.
Nos parece importante hacer referencia al informe del Procurador del Común de CyL de Junio de 2013 y Julio de 2015 porque viendo sus resoluciones se pone de manifiesto que las leyes aprobadas por las Cortes de CyL, en relación a garantizar el derecho a una vivienda digna no están solucionando el problema de emergencia habitacional de esta Comunidad, bién porque no se han desarrollado adecuadamente con dotaciones presupuestarias o simplemente no se han puesto en práctica.
Como ejemplo, algunas de las medidas sugeridas por el PC en 2013 y la respuesta dada por la Administración:
Medidas Respuesta / aplicación de medidas
1. Plan de Vivienda autonómico / Pendiente de disponibilidad presupuestaria
2. Convenio de ejecución de plan estatal / Próximamente (firmado el 28 agosto 2014)
3. Estudios e info.en materia de vivienda / Pdte. Dispo. Presup.
4. Registro de viviendas protegidas / Próximamente (Mº de Fomento)
5. Regulación de vivienda vacía / Próximamente (Mº Fomento)

Tras una actuación de oficio para conocer las medidas adoptadas por la Administración Autonómica, emite conclusiones después de información con diez propuestas generales considerando que la realización práctica resulta conveniente (para nosotros debería haber dicho imprescindible) para la consecución final de garantizar la eficacia del derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada. (Ver Informe del PC de Julio 2015, adjunto)

En la PAH y Grupos Stop Desahucios siempre hemos sabido que “sí se puede” terminar con las leyes injustas; es una cuestión de voluntad política.