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lunes, 22 de febrero de 2016

¿Por qué son importantes las elecciones a representantes sindicales en la Administración autonómica?



Por Burgos Dijital


Resulta profundamente llamativo como el 1 de febrero de 2016 los sindicatos CCOO, UGT y CSIF dieron el pistoletazo de salida en el Diario de Burgos como únicos vertebradores de la representación de los empleados públicos de la Junta ante los próximos comicios sindicales del 3 de marzo.

Ante esta fotografía, sería por otro lado muy fácil pero poco imaginativo hacer la misma comparación con la presencia mediática de los partidos políticos en las pasadas elecciones generales realizando una equivalencia entre estos sindicatos y el bipartidismo junto a las marcas nacionalistas conservadoras en sus respectivos territorios.

Ciertamente las reglas del juego son parecidas aunque buscando una menor intensidad premeditada en la contienda, puesto que para asegurar el poder lo mejor es que nada cambie, no vaya a ser que la bien organizada colmena de abejas se transforme en un avispero. De ahí tanta “paz social” vendida por el Presidente de la Junta, el equivalente en este caso al jefe de la patronal, y tanto acuerdo comprado por nuestros representantes sindicales, eso sí vía financiación: ¡¡Qué mejor masaje que una buena lluvia de billetes!!


No se va a explicar lo que significa el Movimiento Viernes Negro (VN) porque ya hay publicado lo suficiente, pero sí se pretende recordar que este colectivo nació de forma espontánea, contando con muchas personas que o bien no tenían ninguna afiliación sindical o bien pertenecían, e incluso eran delegad@s sindicales, de todas las centrales con representación en nuestra provincia. 



El tiempo ha dado la razón a quienes pensaban que poco a poco todos los sindicatos de la "paz social" iban a abandonar las protestas, especialmente cuando se comenzaron a realizar denuncias frente a la gestión arbitraria, antidemocrática y oportunista del Partido Popular: por poner un ejemplo, la presidenta provincial del sector público del CSIF en Burgos, Milagros Alcalde Castilla, obligó a todos los representantes de su sindicato a desaparecer de las concentraciones por el hecho de que Viernes Negro denunciara el acceso único y exclusivo a Intereconomía a través de la red en todos los puestos de trabajo. 

Poco a poco y a medida que iban pasando las hojas del calendario, las manifestaciones iban perdiendo fuerza pero ganando en razones morales y objetivas. Muchas personas comprometidas perdieron sus energías para seguir confrontando con sus denuncias que la crisis ha sido una gran estafa y que ha servido de excusa para realizar un ideológico desmontaje de las administraciones públicas a través de privatizaciones y externalizaciones.

Otras dejaron el colectivo por las presiones de sus superiores, la mayor parte de ell@s “libres designad@s”, y por los “toques de atención” de l@s representantes sindicales a los afiliad@s más activos.

Seguro, también, otr@s habrán dejado la pelea por no estar de acuerdo con algunas de las denuncias y acciones

Vaya por delante que la crítica desde este medio no es hacia las bases y simpatizantes de los sindicatos a los que se alude, la mayor parte gente honesta y trabajadora que en muchos casos incluso estarán en listas de candidat@s para “rellenar”, sino a los aparatos autonómicos, a sus correas de transmisión y también, por qué no decirlo, a tod@s aquell@s que se aprovechan de su posición de poder, sus contactos y la información atesorada para malgastar sus liberaciones y horas sindicales en “cosas personales” o colocar de manera espúrea a familiares y amig@s en la Administración.

Esto es lo que hay y esto es lo que ha llevado a la situación en la que se encuentra ahora: UGT dice que “la dignidad es el salario en una ¿inverosímil coincidencia? con el nombre que much@s emplead@s públic@s  dieron a una lista de reivindicaciones y propuestas que fue elaborada con la participación de tod@s en el 2011 y que se entregó al Presidente de la Junta de Castilla y León, la “Lista de la Dignidad”; CCOO y su secretario autonómico se hicieron la foto-portada con el Presidente conservador Juan Vicente Herrera para cerrar con un apretón de manos la ampliación del horario, medida que sirvió especialmente para la reducción de plantillas de manera quirúrgica en la Sanidad y la Educación; y el CSIF que defiende especialmente la carrera profesional en una administración pública dónde nadie sabe qué significa esto.

Lo cierto es que tras cuatro años de imperio trisindical es un hecho objetivo que la capacidad adquisitiva de los empleados públicos se ha visto menguada y que muchas otras personas que trabajan en los servicios públicos han visto como se precarizaban sus salarios y sus condiciones laborales; que se continua con el mismo horario de trabajo gracias al incumplimiento del infame pacto alcanzado por el que el gobierno popular les devolvería a las 35 horas, y a la reducción proporcional para docentes y sanitari@s, una vez alcanzado el 2,5 % del PIB, condición ya cumplida; y que las formas de provisión distintas a la oposición y a los concursos libres junto al “trapicheo digital” han convertido estos centros de trabajo en comisarías políticas, muy lejos de la pretendida profesionalidad.

Si hace menos de un año estos tres sindicatos dieron su visto bueno a una campaña mediática de dignificación de l@s emplead@s públic@s, cuando prácticamente se les ha deshauciado de todos sus derechos laborales, para permitirle al partido gobernante arañar votos a costa del erario público y que PLADEPU (Plataforma para la Defensa de lo Público) consiguió paralizar haciendo pública esta perversa estrategia, ahora el Consejero de Presidencia, cuya mujer utilizaba coche y conductor oficial para su uso privado, abre las puertas del Paraíso a los representantes sindicales y les habla de trasparencia y de profesionalidad.

Todo esto resulta una farsa y basta con analizar la situación para comprobar que con su silencio y/o su asentimiento son responsables de una escandalosa gestión de personal utilizada para hiperpolitizar la administración a través de Libres designaciones, de caprichosas comisiones de servicio, de contratos de alta gestión, de contratos que desprecian las bolsas de empleo burlando los méritos y la capacidad de los no alineados a sus intereses de grupo.

Son así mismo responsables de la pérdida de poder, ellos sabrán a cambio de qué, en todas las mesas de negociación frente a los ejecutores políticos tras la última reforma de la Ley 7/2005.

Por otro lado, ninguna de sus voces se ha alzado contra la creación y persistencia de la Administración paralela a base de empresas públicas, fundaciones, gerencias y demás chiringuitos que día tras día tanto VN como PLADEPU han demostrado y seguirán demostrando que sirven a intereses opacos y privados con profundas conexiones con el partido gobernante.

También es curioso que mientras todos estos hechos estaban y están sucediendo, aún es el día hoy en el que nadie puede ver y comprobar las actas y los acuerdos de las mesas de negociación de las condiciones laborales de funcionari@s, laborales y estatutari@s.

Para terminar nuestras fuentes nos han confirmado que much@s de los que se han mantenido activ@s en las protestas han recibido presiones para que abandonaran la pelea y, al parecer, ningún@ de l@s representantes sindicales de los tres grandes sindicatos han apoyado a sus compañer@s. En última instancia, algunas de esas personas  se quejan de que "mientras un@s poc@s poníamos el dedo en las abiertas llagas de este cadáver y advertíamos de su tremendo hedor, otr@s nos miraban con desconfianzas y recelos, más preocupados por salvar su status y buscando con desaliento la obtención de alguna prebenda o privilegio".


Pero es precisamente ahora cuando, recien estrenada la campaña sindical, algun@s comienzan a realizar el juego sucio al que tanto acostumbran. Hasta el punto de que, como se nos ha informado desde Valladolid, el sindicato UGT ha comenzado a repartir propaganda electoral con la quiere convencer a los empleados públicos de haber sido los impulsores de los "Viernes Negros" en Castilla y León.

Esto no parece más que una muestra de nerviosismo de la posible pérdida de poder de esta central sindical, lo que le pondría en serio aprieto a la hora de recibir la porción del pastel repartido por un Juan Vicente Herrera que ya tiene suficiente con soportar las embestidas de la oposición en la investigación de la trama eólica.

¿Comenzará a ser el final de la mal llamada "paz social"?


jueves, 26 de noviembre de 2015

El PP de Castilla y León blinda la opacidad en la Administración Pública

Por Burgos Dijtal

Ayer el Partido Popular dijo no a la creación de mecanismos para la protección de l@s emplead@s públic@s en el caso de que éstos denuncien irregularidades y posibles delitos contra la Administración Pública. 

Esa es la noticia que se produjo en las Cortes de Castilla y León y no, como “rellena” el Diario de Burgos su espacio regional de noticias, el cambalache de última hora, que ya explicaremos, entre la Presidenta de las Cortes Silvia Clemente y los portavoces de los grupos Popular y Ciudadanos.

También hay que apuntar al periodista Pablo Álvarez, firmador de la noticia, que PLADEPU significa Plataforma en defensa de lo Público y no, como apunta el profesional, Plataforma de Defensa del Empleado Público
Este es el tipo de información que confunde, curiosamente de manera maliciosa, a la opinión pública, puesto que este colectivo de empleados públicos que llevan más de cuatro años arriesgando, y nos consta, no ya su carrera profesional sino incluso su propio puesto de trabajo, ha realizado innumerables acciones políticas y denuncias de irregularidades que en cualquier otro país de nuestro entorno habrían sido inmediatamente investigadas.

El trabajo de este colectivo no ha buscado en ningún momento, como nos informan parte de sus miembros, la mejora de sus condiciones laborales, ya que para eso ya están las organizaciones sindicales, sino para combatir la corrupción sistémica que se produce a su alrededor y para combatir las privatizaciones, externalizaciones y la deriva de presupuestos públicos a la administración paralela. Basta con entrar en la página web de PLADEPU o en seguir las denuncias del colectivo Viernes Negro a lo largo de todos estos años.

Parece que ni los diarios del Grupo Promecal ni el sacrosanto Norte de Castilla han tenido demasiado interés en la cobertura de esta noticia que, si no fuera por su evidente falta de independencia, sería hoy noticia de portada, puesto que es el primer parlamento español en donde se ha planteado el desarrollo de esta normativa.

En palabras de Quinidio Martínez, principal portavoz de PLADEPU, la propuesta fue entregada y discutida en diversas reuniones mantenidas con representantes de todas las formaciones políticas con representación en las Cortes, como ya informamos en este medio. Así mismo el famoso “wistleblower”, nombre anglosajón que se da a l@s denunciantes tanto en las grandes empresas como en las administraciones públicas de los países occidentales, ya fue elevado, junto a otras 34 propuestas, y aceptado en diversos programas políticos antes de las elecciones autonómicas.

Nos sigue informando el funcionario Quinidio Martínez que buena parte del día de ayer estuvo en contacto con todos los partidos de la oposición para discutir la estrategia y el planteamiento de la propuesta y que el propio Partido Popular, en un claro intento político de “llevarse el gato al agua” intentó convencer a Luis Fuentes, portavoz de C’s y presentador de la propuesta, de que ésta fuera presentada y consensuada previamente con el partido mayoritario de la Cámara para, evidentemente, ganar tiempo y dejarla en nada.

Como finalmente no se produjo el acuerdo, l@s compañer@s de Herrera dieron el no por respuesta, defendiendo cínicamente que l@s emplead@s públic@s, como tod@s l@s ciudadan@s, están obligad@s a denunciar irregularidades y que darles una protección excepcional sería, en el fondo, estigmatizarles.

Y ahora vamos a la explicación del cambalache final, el momento que ocupa la mayor parte de la noticia en El Diario de Burgos.es. Tal y como nos lo cuenta el periodista pareciese que l@s procurador@s del Partido Popular quisieron cambiar de opinión en última instancia al comprobar que Luis Fuentes quería modificar la propuesta en el sentido de ampliar el plazo de 6 meses a 1 año para que el legislativo desarrollase en una Ley los mecanismos de protección, lo que obligaría a votar otra vez. Y que la presidenta de la Cámara paralizara esta posibilidad, con toda lógica, porque la propuesta modificada sólo se podría presentar en otro pleno por escrito.

Por otro lado, Carriedo explica al periodista que la razón de dar un sí si se dobla el plazo se debe a que el Consejo Consultivo de Castilla y León necesita precisamente los 6 meses para realizar el dictamen preceptivo. Pablo Álvarez no se molestó en comprobar que el Consejo Consultivo tiene marcado ese plazo no como obligatorio sino como máximo, e incluso la Junta puede solicitar a la institución un plazo máximo de dos meses.

La versión que nos da Quinidio Martínez es bien diferente: al parecer l@s procurador@s del PP no habían hecho bien sus deberes y no habían comprobado que en el programa político que los populares están realizando, no hacía más de dos días que se había incluido la creación de un sistema de protección de emplead@s públic@s en el caso de que ést@s denunciaran.

Ahora bien, ¿se debe esto a un ataque de trasparencia? ¿quizás al enésimo anzuelo electoral al que nos tiene acostumbrado el bipartidismo? Pues no exactamente. La explicación se debe a que, como nos recuerda el portavoz de PLADEPU, una de las medidas que tomó Rajoy contra la creación de una República Catalana fue la de advertir a tod@s l@s emplead@s públic@s que era su deber denunciar todas las órdenes que les diera la Generalitat y que fueran en contra del ordenamiento jurídico y, para ello, crear un sistema eficaz y rápido de denuncia, protección del denunciante e investigación.

Es evidente que las intenciones del PP no pasan por no volver a tener en la Administración Pública a multitud de afiliados bien relacionados que se dediquen a saquear las arcas públicas, sino más bien al acomodo y a la instrumentalización de las instituciones, al que nos tienen acostumbrados, para el relato único que tienen para este país.

Mientras tanto Juan Vicente Herrera sigue sin contestar, como denuncian miembros de Viernes Negro de Burgos, a todas las denuncias que lleva recibiendo personalmente en los últimos tres años. Para él nada tienen que ver con su gestión el desarrollo de la trama púnica, de la trama eólica, del alucinado sobrecoste del Hospital de Burgos o de todos los graves y feos asuntos en torno a los negocios oscuros de las empresas públicas, algunos sustanciándose ya en los tribunales, dirigidas por el exconsejero de Economía Tomás Villanueva.

viernes, 6 de noviembre de 2015

Viernes Negro desvela los privilegios de los altos cargos de la Junta de Castilla y León


Por Burgos Dijital
El día 22 de noviembre de 2013 empleados públicos de la Junta de Castilla y León presentaron una denuncia al Presidente de la Junta de Castilla y León y al Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, de la que dimos cuenta en este medio, por el presunto uso indebido de un vehículo oficial por parte de la Directora del Gabinete del Presidente, la Sra. Virginia Arnaiz Gonzalez, lo que valoraron en unos 70.000 € anuales.
Informaciones posteriores aparecidas en medios de comunicación en relación a gratificaciones extraordinarias a conductores y personal de confianza podrían elevar esa cifra a los 100.000 € anuales.
Ante la falta de respuesta por parte del Presidente y del Delegado Territorial en Burgos de la Junta se presentó esta denuncia el día 3 de diciembre de 2013 ante el Procurador del Común y éste dio respuesta tras recibir un informe de la Consejería de Presidencia en el que se manifestaba que existía un “Código de Austeridad para altos cargos de la Administración”, según Acuerdo de 29 de septiembre de 2011”, en el que se exponía que la Directora de Gabinete del Presidente “podría utilizar el coche oficial para ir y venir del trabajo diariamente, compartiéndolo cuando fuera posible con otros altos cargos que residieran en la misma localidad"
A continuación el Movimiento VIERNES NEGRO de Burgos solicitó al Procurador del Común el citado texto del “Código de austeridad para altos cargos de la Administración” y éste respondió que tenía en su poder dicho documento pero sin disposición de hacerlo público.
Más tarde VIERNES NEGRO al conocer que el Director General de Formación Profesional y Régimen Especial, Sr. Enrique de la Torre Alonso, seguía utilizando un coche oficial para desplazarse diariamente desde su domicilio de Burgos a su lugar de trabajo en Valladolid y viceversa, presentó el día 3 de julio de 2015 una nueva denuncia-queja, ante el Sr Presidente de la Junta, por entender que se estaba utilizando un vehículo público para uso privado.
Once días después y tras más de año y medio el nuevo Consejero de Presidencia De Santiago-Juárez remitió al Movimiento un escrito de respuesta a la denuncia-queja anterior, adjuntando el opaco “Código de Austeridad para los Altos Cargos de la Administración Autonómica y de su Sector Público”.
Tras su lectura los denunciantes sospechan de la falta de control público efectivo, puesto que el documento dice literalmente que los privilegios allí vertidos se notificaron únicamente a los altos cargos…”. Expresan así mismo la gravedad del asunto porque dicho documento no se ha debatido en las Cortes, se ha ocultado a los Procuradores como así nos lo comunicaron, no ha sido explicado en los medios de comunicación y, como nosotros mismos hemos comprobado, se ha ocultado a los propios trabajadores de la Administración, por lo que no puede ser más que un pacto entre iguales para que ninguno de ellos tenga privilegios por encima del resto. Además señalan la inexistencia en el mentado Código de posibles sanciones, multas o apercibimientos.
Al parecer los privilegios expresados en el código oculto hasta ahora no sólo afectaban a los 74 altos cargos en la Administración General: Presidente, Jefa de Gabinete, Consejeros, Viceconsejeros, Secretarios, Directores Generales y Delegados Territoriales, sino que también se incluían los Presidentes, Directores Generales y asimilados de los Entes Adscritos o Administración B, que está compuesta por los Organismos Autónomos, Empresas Públicas y Fundaciones Públicas, tales como: Gerencia Regional de Salud, Gerencia de Servicios Sociales, Servicio Público de Empleo, Instituto de la Juventud, Ente Regional de la Energía, Instituto Tecnológico Agrario de C y L, Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización de Empresas (ADE), y fundaciones de todo tipo y pelaje como: Fundación Santa Barbara, Fundación Centro de Supercomputación de CyL, Fundación Patrimonio Natural de CyL.
Tras el último “Informe Sobre la Reorganización del Sector Público Autonómico a 1 de Julio de 2014”, elaborado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, donde se reflejan los Entes Adscritos que han desaparecido y creado en Castilla y León, en estos últimos años, tenemos en Castilla y León un total de 61 Entes Adscritos: Organismos Autónomos, Entes Públicos de Derecho Privado, Empresa Públicas y Fundaciones Públicas. El número de altos cargos en estos Entes Adscritos es difícil de saber dado que la coletilla “Asimilados” no está definida en este tipo de Entes, y en muchos casos no es público su organigrama, pero suponen, al menos, unos 30 altos cargos los que pueden acogerse a esta denominación y ser susceptibles de la aplicación de este Código de Austeridad.
Los denunciantes calculan que la mitad de estos 104 altos cargos tengan su domicilio en Valladolid, con lo que habría al menos 52 altos cargos que estarían presuntamente utilizando diariamente un vehículo público para uso privado. Tras el cálculo realizado del gasto medio por vehículo de unos 100.000 euros anuales (gasolina, mantenimiento y gastos del conductor-sueldo/gratificaciones), apuntan “un gasto medio de al menos 5.200.000 de euros anuales, es decir unos 20.800.000 de euros en la legislatura pasada, cálculo aproximado, teniendo en cuenta que desconocemos las cifras reales de altos cargos y asimilados de los Entes Adscritos o Administración B”.
Tras la realización de esta fácil contabilidad, la organización espeta al Presidente “¿Cómo se ha permitido y se permite a este grupo selecto de trabajadores con unas retribuciones aproximadamente de 8-9 veces el salario mínimo interprofesional, el uso particular, y probablemente indiscriminado, de un vehículo público, cuando miles de empleados públicos de la Junta se deben trasladar todos los días en su vehículo a otros municipios, cuando tienen que poner a disposición de la administración su vehículo particular para trasladarse en una misma jornada a diferentes centros de salud o colegios rurales, cuando miles de docentes y sanitarios deben de cambiar periódicamente de municipio por no tener durante años un destino definitivo y por las altas tasas de interinidad que les impiden tener una mínima posibilidad de conciliar su vida laboral y familiar?

En una reciente entrevista de la Plataforma en Defensa de lo Público PLADEPU, con la Viceconsejera de la Función Pública y Gobierno Abierto, esta justificó que a estos altos cargos hay que ofrecerles incentivos para que acepten estos puestos, como se hace en las grandes empresas. A ello, los representantes de la plataforma respondieron que los altos cargos son servidores públicos que vienen a servir y no a servirse ni a hacerse ricos y que los únicos méritos que tienen para acceder a esos puestos son la amistad con Juan Vicente Herrera y sus Consejeros o el pertenecer o simpatizar con el Partido Popular.
Por otro lado también se destaca el denominado “Punto IV Atenciones protocolarias y representaciones” que consideran un salario complementario, una especie de fondos reservados: no se sabe si aquí se incluirían las famosas facturas que la exconsejera de Agricultura Silvia Clemente cargaba por la compra de bolsos y otras bagatelas al Corte Inglés o a restaurantes en días tan administrativamente extraños como un 25 de diciembre.
Tampoco parece quedar muy claro el “Punto VI. Reuniones de trabajo”, puesto que al parecer se utilizan sistemáticamente y de forma individual los vehículos oficiales para asistir a reuniones de trabajo y se consideran como tales salidas tan “berlanguianas” como la entrega de unas llaves de un edificio de un representante de una Administración a otra, con banquete incluido, o los paseos festivos de los Delegados Territoriales en el día del patrón de los distintos pueblos de Castilla y León. Por ello los empleados públicos se preguntan “cuántas dietas, horas extras y gratificaciones a los conductores y a los representantes de la Administración y gastos de combustible y mantenimientos de vehículos oficiales se han generado en estos actos festivos” y si “estas reuniones son de carácter técnico o exclusivamente de carácter propagandístico del partido gobernante”.
Otro punto sensible del Acuerdo es, como ya adelantábamos al principio el “Punto XI. Control del cumplimiento de este Acuerdo”. Por ello en el escrito enviado al Presidente Herrera los trabajadores le preguntan datos ciertamente relevantes como si “son exclusivamente los altos cargos de las Intervenciones Delegadas los que examinan las cuentas justificativas de los gastos”, si ha habido reparos en las fiscalizaciones, cuántas auditorías se han hecho en estos cuatro años a los organismos y entidades en los que no existe Intervención Delegada y si se han tomado medidas en el caso de incumplimiento del Acuerdo.
Por último Viernes Negro exige una verdadera transparencia en la página de GOBIERNO ABIERTO para que en ella se publique la relación de todos los altos cargos y asimilados de los Entes Adscritos, todos los vehículos, conductores oficiales utilizados por todos los altos cargos y costes de los mismos.

lunes, 26 de octubre de 2015

PLADEPU toma la iniciativa para que los partidos de la oposición acaben con el desmantelamiento de la función pública

Por Burgos Dijital

Componentes de PLADEPU de León, Palencia y Valladolid, han mantenido reuniones esta semana con los representantes de IU, Podemos y Ciudadanos para explicar cómo se puede acabar con la corrupción y la politización de los servicios públicos en la Junta de Castilla y León.


La trayectoria de la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) desde el año 2011, cuenta con un gran respaldo de compañeros y compañeras que trabajan en la administración autonómica y que realizaron decenas de propuestas para el recorte en el gasto de la administración pública que no afectaba a los ciudadan@s, poniendo en evidencia la estrategia del Partido Popular de evitar el control público de miles de millones de € y de destrucción de la independencia de los empleados públicos. Por ello en 2012 las reivindicaciones fueron avaladas con 9.000 firmas de empleados públicos, con las que consiguieron dos reuniones con Pilar del Olmo y representantes de Función Pública y posteriormente con los portavoces de los grupos parlamentarios.

En esa ocasión de nada sirvió debido al rodillo parlamentario y ninguna de las medidas fueron debatidas y adoptadas por el ejecutivo.

El 22 de octubre en la sede de las Cortes tuvo lugar un encuentro y toma de contacto entre varias personas de León, Valladolid y Palencia, por parte de PLADEPU, y procuradores de tres de las fuerzas de oposición de esta legislatura para volver a retomar las reuniones que se tuvieron hace 5 meses, antes de las elecciones autonómicas, para que todos los partidos incluyeran una serie de propuestas en su programa. 

Como señalan miembros de PLADEPU en nota de prensa "tras las presentaciones, posteriormente se hizo entrega de la carta que van a recibir cada uno de los 84 diputados que componen las Cortes de Castilla y León, insistiendo en que el primer y más importante derecho que se está vulnerando gravísimamente es el de la propia función pública: las encomiendas de gestión a fundaciones y entes públicos que atentan contra el derecho al puesto del funcionariado no susceptible al miedo al despido o a temporalidad y precarización del trabajo de las personas. Las recientes contrataciones de la Fundación de Acción Social y Tutela van más allá y vulneran profundamente la legalidad y atentan contra la independencia que debe garantizar la administración en la tramitación de la mayor parte de las políticas de los servicios sociales".

A continuación PLADEPU expuso los puntos estratégicos más importantes que puedan servir para realmente defender lo público en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, de modo que la administración vuelva a estar al servicio de la ciudadanía y no al servicio de los intereses de los partidos políticos como ocurre actualmente. 

El documento de trabajo se estructura en 34 medidas "para la regeneración de la Administración Autonómica, contra la corrupción y por la devolución de derechos expropiados a los empleados públicos o recortados a la ciudadanía".

Las propuestas concretan soluciones para la regeneración de la Administración autonómica de Castilla y León, despolitización y profesionalización de la Administración autonómica, eliminación de la administración paralela o administración B (empresas públicas, institutos, fundaciones, agencias y otros entes), y otras medidas contra la privatización y la corrupción.
Por ultimo hubo un ofrecimiento de PLADEPU para asesorarles en cuantas dudas tengan sobre la Administración, explicando que el apoyo será esencialmente técnico, sin ningún sesgo político, y que se apoyará a cada grupo político que lo solicite, puesto que la prioridad es que la Junta de Castilla y León valorice los medios materiales y humanos que tiene, promueva la eficacia, independencia y transparencia en la gestión de los servicios públicos, y devuelva los derechos recortados a la ciudadanía y a sus trabajadores.

El denominador común en las tres reuniones ha sido el interés de los grupos políticos por las propuestas expuestas, así como de las prácticas necesarias para poder llevarlas a cabo con efectividad. Quedó muy claro que todas las funciones de la Administración “B” paralela pueden ser llevadas a cabo y desarrolladas por la Administración General, es decir, que todo debe volver a ser público. Algunos grandes fraudes están siendo silenciados pero acabarán saltando a la opinión pública; otros no se hubieran producido si hubieran sido gestionadas las funciones por empleados públicos independientes, y no de libre designación.

jueves, 17 de septiembre de 2015

Entrar en la Junta de Castilla y León por la puerta de atrás



Por Junta de Personal de Servicios Centrales


Ante la demanda de una trabajadora de la empresa del grupo TRAGSA, llamada TRAGSATEC, que presta sus servicios dentro de las instalaciones de la Junta, para programas oficiales de la Junta, con los medios de la Junta, en condiciones de horarios, vacaciones, permisos, órdenes e instrucciones de la Junta, el juez sentencia que es una CESIÓN ILEGAL de trabajadores, por lo tanto fraude de ley y condena a que sea considerada como TRABAJADORA INDEFINIDA de la Junta de Castilla y León.

Como consecuencia del cumplimiento de dicha sentencia , se dictó la Instrucción 4/FYM/2015, de 26 de mayo, de la Secretaría General de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en la que se dictan diferentes medidas para la ejecución de los contratos de servicios, encargos y encomiendas de gestión. En ella, se trata de delimitar y separar los medios personales y materiales de las empresas públicas y de la Administración.

Instrucción atípica, ya que el Gobierno de Castilla y León ha hecho siempre caso omiso a las quejas que se han presentado por diferentes colectivos, sindicatos e incluso por los grupos parlamentarios de las cortes por la perversión y deriva en la administración denominado jurídicamente por catedrático de Derecho "efecto lucifer" y huida del derecho administrativo mediante la irregular contratación de empresas externas para realizar los trabajos destinados y regulados para los empleados públicos.

Si esta sentencia y otras que surgirán porque han demandado en todas las provincias de CyL (se cree que ya existe otra en Salamanca, pero sin confirmar aún) , son conformadas por el Tribunal Superior como parece muy probable, además de fijos conlleva los consiguientes costes dinerarios públicos: diferencias salariales de varios años, cotizaciones a la Seg. Social y sanciones de la inspección de trabajo con recargos a que haya lugar en cada caso concreto .

Por otra parte, compañeros laborales por contratados por obra y servicio de los Servicios Territoriales y Centrales de la Consejería de Medio Ambiente comenzaron el año pasado a denunciar ante lo social su situación laboral (contratos por obra y servicio que ese renovaban in extremis el 31 de diciembre de cada año, cuando en realidad prestaban servicios de carácter continuado y para funciones permanentes inherentes a la administración) y están ganando y ganarán fijo uno a uno las sentencias en los Juzgados con su declaración como personal laboral de carácter indefinido.

Todos deberíamos alegrarnos por la eliminación de ésta injusta situación, pero por otra parte la Junta debería obrar en consecuencia, no volver a usar de forma sistemática esta vía de contratación, llevar a los trabajadores actualmente contratados a las sedes de sus empresas y en futuro próximo crear las plazas de R . P . T . y sacarlas a oposición en cuanto las sentencias van declarando como indefinidos (que no fijos) de estos compañeros suponen una entrada por la puerta de atrás en la administración sin que se haya tenido en cuenta los criterios de selección en las AA . PP. 

En este sentido le trasladamos información que ha sido remitida por un funcionario a esta Junta de Personal, denunciando hechos parecidos 

... "No sé si a estas alturas están informados del continúo chorreo de puestos de trabajo que se pretende ocupar en la Gerencia de Servicios Sociales a través de Eulen; todo ello con la intención de coger a las mismas personas que entraron hace años con Cruz Roja y después con Fucoda. Estas contrataciones además de saltarse las bolsas de trabajo existentes para empleados públicos lo único que pretenden es la cesión de funciones que muchos empleados estarían dispuestos a asumir y crear trabajo precario para los trabajadores con grandes beneficios para los contratantes puesto que al final resultan más caras estas contrataciones que si se realizaran directamente desde las bolsas de empleo.
Les remito algunos de los enlaces aparecidos en Infojobs:
EULEN SELECCION, división de Consultoría, Selección y Formación de Grupo Eulen, selecciona para Entidad del Sector Público en Valladolid:
- Puestos Administrativo Gestión Documental
- Puestos Técnico Medio Proyectos Europeo

- Plazas de Técnico Medio

- Puestos de Administrativo/a

Esperando que puedan parar esta situación que representa una degradación de la función pública .. "