Cuando la seguridad ciudadana deja de servir a los ciudadanos

Por Carles Giménez

Es ya una vieja excusa conocida, un justificante del beneficio, una especie de concesión económica a la opinión pública (cuando las circunstancias son difícilmente justificables) el esgrimir por todo lo alto el llenazo hotelero de la ciudad que suponen eventos de todo tipo, incluso algunos molestos, o incluso algunos generados por la soberbia de un alcalde y la justificación de los actos de una mafia de la construcción en la imposición de obras faraónicas esencialmente cuando están pagadas por los contribuyentes. 
Sí, estoy hablando de aquél llenazo hotelero que se esgrimió desde las oscuras páginas del boletín de Promecal en el que se alabó la afluencia de antidisturbios que se necesitaron para… ¿cómo decirlo? imponer el orden y que bajo ese orden ya se pudiesen imponer también (no es cosa ya de los agentes) los abusos de poder por parte del consistorio sobre el barrio.

Además de estos beneficios económicos con los que se pretendió justificar una actuación de fuerza desmedida contra la propia población de Burgos (por cosas similares fuera de la OTAN y especialmente en Oriente Medio eres invadido por las fuerzas de Estados Unidos y el Mosad con gran rapidez) uno llega a preguntarse, ¿cuál es la delgada línea que separa la actuación de funcionarios de seguridad pagados por nosotras para proteger y mantener el orden entre eso y pasar a mantener el orden para que los intereses de un grupo cerrado de dirigentes se desenvuelvan bajo la permanencia de una desmedida apariencia de control e incluso del miedo?

Si analizamos que el uso del pánico y del miedo, sin hablar del término “terror” ya demasiado politizado e inocuo de su verdadero significado, cuando nos encontramos en una situación con un grupo armado con pistolas y escudos frente a civiles desarmados ¿qué diferencias encontramos cuando sirven para el mantenimiento de un orden social o cuando sirven a un orden que al mismo tiempo beneficia a la expansión de la corrupción urbanística?

¿Pueden los escudos, la apropiación sistemática de una bandera, los santos patrones, los estautos y mandatos sobre papeluchos dotar ya no de legalidad (no vamos a discutir la ley) pero sí de legitimar moralmente a un grupo armado sobre la población civil a estas alturas en España (mientras el ministro de Interior se reúne con criminales imputados)?

Porque si se tratase de otra circunstancia, en el caso del conflicto del barrio de Gamonal ¿qué llevó a los agentes a detener entre otros a personas inocentes que no formaban parte de la protesta? Unas detenciones sin control no ayudan a mantener un orden sino tal vez a expandir el miedo. 

Si la estrategia hubiese sido tal tampoco podríamos culpar al cuerpo entero de una posible actuación no profesional, sabemos que en este tipo de organizaciones prevalece una jerarquía de hierro y que al igual que en otro tipo de organizaciones con funcionariado existen “cargos políticos” en las antípodas de la tecnocracia que actúan de maneras que la ciudadanía desconoce. 

Es sabido que en un grupo u organización con escudo, colores o bandera, si es de tipo piramidal, prevalece una especie de fidelidad a la organización que si alguna vez puede llegar a ser cuestionada (por discrepancias con altos cargos) bien se sabe también que prevalece la fidelidad a un grupo cercano o finalmente a los compañeros más allegados. Los altos dirigentes, expertos en utilizar grupos (ya sean partidos, plataformas, funcionariado etc…), saben de sobras que hay una gran facilidad para dividir grupos y que es difícil que un funcionario politizado pueda comprender a los ciudadanos que le están pagando y pueda llegar a haber una sintonía o empatía entre una fuerza de seguridad y la gente del barrio, aunque incluso se haya dado la orden de extender el miedo.

La existencia de cargos políticos, de funcionarios cercanos a autoridades que a diferencia de compañeros suyos no les baste con la mera tarea de servir a los ciudadanos sino aspirar a algo más cerca de los poderosos nos lleva a plantearnos a qué tipo de puertas giratorias pueden aspirar las fuerzas de seguridad, a qué tipo de organizaciones de seguridad privada acceden funcionarios tras su labor para con los ciudadanos, qué tipo de requisitos son necesarios para pasar de ser agente a llegar tal vez al cni, u a otro tipo de organizaciones con mayor retribución. 

Si existen requisitos más allá de la valía, y en este país es bastante posible, en favor de las amistades o lazos con dirigentes de los “santos despachos” es muy probable que sea la base junto al poder económico de una red de funcionarios que en ocasiones trabajen para intereses más allá del deber común o habitual. 
Esto ya ocurre en diferentes áreas del funcionariado, sobre todo en regiones con tradición de mayorías absolutas como la nuestra.

En un mundo donde el imperio del beneficio es la norma ¿hasta dónde puede conducir la represión dentro del margen legal de actuación?
En países de habla hispana lejanos encontramos ejemplos que han demostrado que los agentes de seguridad lejos de actuar en el mantenimiento del orden movidos por sabe dios qué oscuros intereses han llegado a colaborar con cárteles del narcotráfico y relaciones directas con alcaldes y caciques locales. 

Podríamos hablar de la complicidad para entregar a más de 40 personas a la suerte de un cártel por parte de los agentes resultando más de cuarenta desaparecidos de por medio que luego se han encontrado asesinados y enterrados en fosas ocultas.
Claro está que este tipo de hechos que han consternado a la comunidad internacional son un ejemplo lejano y extremo pero no dejamos de describir una realidad en la que fuerzas de seguridad hacen utilización de su autoridad para servir a intereses más allá de su deber y poniendo en entredicho la ética y la moral, un espejo donde resultaría muy delicado reflejarse e inimaginable llegar cruzando la delgada línea entre el deber y el poder.

El día día prosigue en nuestra ciudad con un diario que sigue criminalizando e inflando cifras contra una protesta en la que se dijo “basta ya de corrupción con nuestro dinero” y el consistorio, con la complicidad de una fuerza que dice ser de izquierdas,, continúa el linchamiento contra el barrio colaborando con esa misma corrupción urbanística que tanto colaboracionista y adepto tiene en nuestra ciudad.

Siguen empeñados en convencernos de que la protesta es de criminales y gastarse más de 20 millones de euros de dinero público en bulevares y plazas de toros es de gente honrada y respetada, rodeada de premios, becerros de oro varios.
Burgos seguirá con su estación de tren fantasma, algún día nuestros nietos acabarán de pagar la deuda del bulevar ferroviario, el cielo amanecerá algún día con uno o dos caciques fallecidos a cuyo nombre destinarán una calle o unos distinguidos premios. Pero nosotros nunca nos cansaremos de contar la historia de un barrio agotado que indignado dijo basta y que hizo capital cultural a Burgos 2014-15.

Ley Mordaza, ley 1984

Presencia de la Policía Nacional en la calle.   

Por Revista Libertaria Argelaga

El 1 de julio, momento de la entrada en vigor de la Ley Mordaza y de la última Reforma del Código Penal, la monarquía española se convierte en un Estado policíal, culminando una etapa de populismo punitivo que arranca en la década de los noventa con la Ley de la Patada en la Puerta y el Código Penal “de la democracia”, el más duro de Europa y digno heredero del código franquista vigente hasta 1995. Lo que había sido hasta hoy un Estado partitocrático caracterizado por un autoritarismo rampante emanando de un “poder” legislativo que poco a poco iba conculcando derechos y suprimiendo libertades con la ayuda de un “poder” judicial dependiente de los partidos, ya es un Estado de excepción declarado gracias a un ordenamiento jurídico hecho a la medida del aparato represivo. 

La diferencia no es sutil: hasta anteayer la partitocracia se apoyaba principalmente en el conformismo de las masas; ahora ante todo lo hace en “las fuerzas y cuerpos de seguridad”. Eso quiere decir que, bien por la irrupción incontrolable de la cuestión social, bien por la debilidad irrefrenable del régimen ante las consecuencias de la salida de Grecia de la zona euro, los problemas políticos se están contemplando cada vez más como problemas de seguridad, es decir, como problemas de orden público. 

Al menos, a una parte significativa de la clase dominante le ha entrado pánico ante el peligro que conlleva el desarrollo de los conflictos sociales en las urbes y el territorio, consecuencia directa de la crisis económica y el descrédito institucional, y ha considerado que no era suficiente el refuerzo del sistema de partidos que ha supuesto la aparición de nuevas opciones políticas. 
Una parte de la oligarquía dirigente confía más en la integración de los partidos y coaliciones emergentes gracias a una política de pactos; la otra, cree más en los cordones policiales con carta blanca para reprimir sin contemplaciones toda veleidad de protesta y de disidencia. En un caso bastaría con los mecanismos de vigilancia y control habituales del posfranquismo, fuertemente respaldados por la legislación de los anteriores gobiernos socialistas; en el otro, se trataría lisa y llanamente de volver a la política de orden practicada por la dictadura franquista.

El pacto social que fundamentaba la partitocracia, representado por la ley Corcuera, parece haberse resquebrajado. Las fuerzas políticas partidarias de anteponer la “seguridad ciudadana” al estado actual de los derechos de intimidad, vivienda, acogida, reunión, manifestación y expresión, de por sí bastante recortados, piensan que la situación social amenaza con deteriorarse y derivar hacia coyunturas griegas pues el régimen es demasiado vulnerable a las especulaciones financieras y a medida que surjan nuevos agujeros en la financiación lo será todavía más. A fin de conjurar una crisis potencial con otro rescate en el horizonte complicado con un Syriza a la española, ellas han apostado por la línea dura. 

Creen conveniente imponer un “marco jurídico adecuado” y una desregulación de la actividad policial que permita total impunidad a prácticas ilegales que se venían ejecutando sin demasiada cobertura, tal como hizo en su momento la anterior ley. Incluso se le autoriza a imponer sanciones que antes incumbían al juez. 

Parece que la intervención arbitraria y desproporcionada de la policía contra “terceros” que protesten sea, oligárquicamente hablando, la única forma de garantizar “el normal funcionamiento de las instituciones” dentro de la crisis y asimismo, de mantener “la tranquilidad” de los ciudadanos que deciden en la economía y la política. 

Para que la sociedad y el Estado continúen en manos de irresponsables y corruptos, la calle ha de quedar a merced de los verdaderos violentos: la madera.La ley Mordaza es la primera de su estilo en definir el concepto de “seguridad ciudadana”: es “la garantía de que los derechos y libertades reconocidos y amparados por las constituciones democráticas puedan ser ejercidos libremente por la ciudadanía”. 

La redacción resulta más clara de entender cuando se tiene en cuenta que se refiere al derecho de estar de acuerdo con las disposiciones del Estado y a la libertad para obedecerlas.

La legislación securitaria amplía el muestrario de hechos “perturbadores” y figuras delictivas con términos suficientemente ambiguos como para abarcar a un sector importante de la población: aquél que se manifiesta, desobedece, grita a los políticos, se opone a los desahucios, convoca movidas por internet; aquél que forma parte de piquetes de huelga, okupa casas, corta el tráfico, fotografía las brutalidades de las fuerzas de orden; aquel que interfiere “en el funcionamiento de infraestructuras críticas”, es decir, que defiende el territorio, e incluso el hincha futbolero demasiado ruidoso y… aquél que hace botellón: la dipsomanía juvenil resulta ahora subversiva a la mirada beata de los dirigentes. 

En el cesto punitivo cabe de todo, desde el yihadista fanático al modesto ciudadano que no se cree obligado a mostrar su carnet de identidad al primer esbirro; desde el pacifista que se encadena contra las líneas MAT al viandante que rehúsa un cacheo; desde el inmigrante indocumentado al insolvente que se resiste a abandonar su casa. 

Todos ellos son “infractores”, y como tales figurarán en un registro, cualquiera que sea la levedad de la infracción o el grado de culpabilidad, porque aunque ésta sea mínima, puede ser susceptible de considerarse contraria al orden constitucional, y por lo tanto, responsable de aportar su grano de arena a la desestabilización “de las instituciones políticas, de las estructuras económicas o sociales del Estado”.

La ley Mordaza nos indica que el régimen partitocrático evoluciona imparablemente hacia una sociedad orwelliana como la descrita en la novela “1984”, con la información unilateral, el control de masas, la represión del activismo social, la erradicación de la inteligencia crítica, las neolenguas y los ministerios de la opresión, donde cualquier muestra exterior de disconformidad puede comportar terribles humillaciones. Es evidente, el Gran Hermano de hoy no es el Partido, sino el Estado partitocrático, pero los lemas siguen siendo los mismos: “la guerra es la paz”, “la libertad es la esclavitud”, “la ignorancia es la fuerza”. 

La Ley Mordaza es un producto típico de la Razón de Estado, pues con ella se persigue un aumento de poder que apunta a la conservación del régimen por encima de los súbditos denominados “ciudadanos”, sea cual sea el medio empleado. De preferencia, los inmorales, arbitrarios, violentos e ilegítimos, pues a los ojos de los expertos represores de la oligarquía dirigente, son los más eficaces. 

La partitocracia desde el pasado 1 de julio es ya visiblemente lo que ya era esencialmente: un Estado policial que da la bienvenida a su “ciudadanía” con una expansión penal perfectamente regulada sin necesidad de recurrir al golpe de Estado.

Estado policial

No son ya casualidad las actuaciones policiales relacionadas con la alta conflictividad social cada vez más patente en nuestras calles y en nuestros inviolables domicilios. Actuaciones más propias de una dictadura que afortunadamente muchos no vivimos pero que hemos percibido a través del eco de referencias pretéritas probablemente mantenidas para helarnos el alma como quien le dice a un niño que “el hombre del saco vendrá si se porta mal”.

Durante este año tremendamente regresivo en derechos económicos y civiles hemos asistido de manera paralela a innumerables barbaridades causadas por la temible puesta en marcha de la maquinaria represiva del estado.
Sería una tontería por mi parte recordar las discutibles detenciones, el empleo masivo y rápido de la violencia jaleada desde diversos medios de comunicación, el uso abusivo de la estrategia de la “falsa bandera” para reventar todo tipo de manifestaciones, los atentados permitidos contra el “habeas corpus” y demás derechos del detenido, las injerencias permanentes y automáticas de los principales responsables políticos del Interior sobre el aparato judicial, la ideologización sectaria de los códigos legislativos, o la permisividad de ciertos poderes ante hechos tan graves como la tortura, propios de regímenes criminales. Para todo esto ya tenéis la web.

Sé que sería muy fácil relacionar todos estos hechos con la llegada al Gobierno de manera incontestable del Partido Popular. Sería aún más fácil explicarse esta alarmante situación si atendemos a la sociología e ideología que sustenta este partido proclive al autoritarismo y a la búsqueda constante del mantenimiento del orden establecido por encima de cualquier otra alternativa.  Más aún si cabe cuando, no lo neguemos, cualquier partido que acumula el poder político que ahora mismo tiene el PP podría “pasarse de vueltas”. Pero mucho me temo que las primeras reacciones violentas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del estado se comienzan a comprobar desde los primeros movimientos activistas, allá por 2010, contra los recortes de ZP.  Es quizás a partir de ese momento cuando el Ministerio del Interior comienza a tener un mayor peso en la política socioeconómica del país como parte de la estrategia de la defensa de la política neoliberal a modo de “trágala”, y es a partir de ese momento cuando se abre la caja de Pandora y se “tira” de los elementos más duros y agresivos de la policía. Una vez incorporada esa filosofía de trabajo y comportamiento en el aparato policial, ya se irá relegando poco a poco a los blanditos y a los comprensivos…

Si a todo lo anterior se suman los tejemanejes obscuros por parte del gobierno socialista y su particular Rasputín Rubalcaba dentro del Ministerio del Interior y que poco a poco se van descubriendo, tenemos el campo abonado para sembrar la semilla de la miseria moral, la corrupción y el crimen.  En cualquier caso es de suponer que para un Ministro como Jorge Fernández Díaz, el actual, todos los hechos de los que son acusados o culpabilizados algunos de los antidisturbios que campan a sus anchas por las calles de los territorios hispánicos no son más que pequeñas ordalías por las que muchos ciudadanos debemos de pasar para conseguir nuestra propia santificación.  Al fin y al cabo se apela al sacrificio cuando se habla de recortes, los rezos a la Virgen del Rocío se pueden convertir milagrosamente en multitud de empleos para la cristianísima Fátima, y nuestro máximo hacedor el ínclito Mariano habla de hacer las cosas “como Dios manda”, muy al estilo de los tiempos que corren donde sólo existe un camino, el Camino.

Y es en el Camino donde el Ministro mejor se mueve, entendiendo que “Dios es el gran legislador del Universo” y que lo que pasa ahí en la calle es cosa poco importante, de mortales, crean o no crean en su “Dios legislador”. Pero él como buen miembro de la Prelatura está a lo suyo: ofrecimiento de obras al levantarse; oración de 30 minutos; asistencia a misa; 10 minutos de acción de gracias después de la misa; y a lo largo del día cántico del Trium Puerorum, visita al Santísimo, rezo del rosario, jaculatorias, actos de desagravio, rezo del Acordaos”…; y antes de acostarse lectura de los evangelios, examen de conciencia y tres avemarías… Con todo este cumplido programa diario, más otro tipo de cumplimientos periódicos, como no va a estar convencido de la sagrada misión encomendada, como no va a relativizar lo que ocurre a su alrededor, y sobre todo como no va a entender el ejercicio de la política, dirigido con total pulcritud por sus confesores y sus fraternos compañeros, como un medio providencial para llegar al omega del fin de los tiempos donde Dios cargará con su espada contra todos los enemigos de su dogma.

Imagenes de archivo Huelga 29M 2012

El integrismo religioso ha llegado a nuestras casas y a nuestras conciencias, si es que alguna vez se había ido, y el sr. Ministro ya se ha encargado poco a poco de hacer su labor proselitista como lo manda la Obra colocando en los principales puestos de la Dirección General de Policía a sus amigos opusinos. Tal es así que incluso hasta el propio Sindicato Unificado de Policía lo denuncia públicamente citando a peligrosos individuos como el Jefe de las Unidades de Intervención Policial (Antidisturbios, entre otros) Comisario Iguzquiza, miembro de la secta como al parecer se entrevé en la denuncia, “que pretende establecer prácticas de actuación ilegales y peligrosas para los ciudadanos” quizás para buscar con el tiempo una situación insostenible que proporcione a este gobierno la excusa de utilizar los estados excepcionales que cita la Constitución para la suspensión de derechos fundamentales. Así mismo, el SUP denuncia que el Ministerio de Interior pretende que “la Policía sea el escudo, soporte y receptora de una gran parte del malestar social provocado por las medidas adoptadas por este Gobierno”.

Es indudable que la democracia salta por los aires cuando se comprueba día tras día la utilización de la violencia y la violación de derechos fundamentales por parte de aquellos que deberían de trabajar para resolver nuestros problemas y no para causar más, pero aún más indudable es que la soberanía popular, de la cual emana el poder para decidir los destinos de un colectivo, no puede ser regentada ni detentada por individuos que pertenecen a una organización fanática que tiene entre sus haberes: la coacción psicológica a todos los miembros que quieran dejarla, el control absoluto de todas las acciones y actividades del miembro por parte de sus superiores, la falta de libertad para elegir a su confidente, y una acusada tendencia de pertenencia exclusiva de grupo que imposibilita a todas luces pensar en el bien común.

Lo creáis o no el fundamentalismo católico está detrás, en buena parte, de las contundentes órdenes que reciben los Cuerpos de Seguridad, de la misma manera que las bolas de goma asesinas son vistas por estos carniceros como los cilicios que usan para su penitencia, pero no os preocupéis que ellos seguirán predicando que son los mártires y los perseguidos: la estrategia de la falsa víctima…

ALONSO QUIJANO

Jugando con la seguridad de la afición en el Plantío.

Desde hace unos años el baloncesto es el deporte de moda en Burgos.  Los buenos resultados deportivos  unidos a la falta de tirón del  fútbol  ha  provocado un súbito interés por el deporte del aro en nuestra ciudad.  El año pasado se rozó el éxtasis en los play-off de ascenso a la ACB y se vivieron momentos emocionantes en un pabellón insuficiente para acoger a toda la afición.  La escasez de aforo hizo que se tuvieran que colocar pantallas en la Plaza de toros y  que se empezaran a vender más entradas que las que admite el polideportivo.  El ascenso a la ACB hubiera acarreado un problema importante al ayuntamiento, porque el reglamento de esa competición exige estadios con un aforo mínimo de 5000 espectadores y el Plantío sólo cuenta con 2500.

A pesar de la decepción por no lograr el ascenso, la afición por el baloncesto ha seguido creciendo y el Plantío se queda pequeño.   Es vox populi que se venden más entradas que el aforo del pabellón.  Diario de Burgos señala sin pudor que  en el partido contra  el Murcia asistieron más de 3000 espectadores cuando el aforo, como hemos señalado es de 2500,  es decir se vende un 20% más de entradas que la capacidad del polideportivo.  El "exceso" de espectadores ve los partidos en sillas que se sitúan en la pista, principalmente en los fondos, en uno de los laterales, y  a lo largo del pasillo.  Sillas que se convertirían en cientos de obstáculos móviles en caso de evacuación. Además no es infrecuente encontrar a numerosos espectadores de pie  u ocupando las escaleras de acceso a la grada superior.

Las consecuencias del abarrotamiento son dos: la incomodidad de todos l@s aficionad@s , y  lo que es más importante,  un aumento considerable del riesgo en  caso de accidente.  Los pasillos y las escaleras, principales vías de evacuación en caso de emergencia, son intransitables por estar atestadas de gente.  Nunca se ha hecho un simulacro de evacuación y dudamos mucho que en su plan de seguridad ni el club ni el ayuntamiento hayan trabajado con la hipótesis de evacuar a más de 3000 personas entre los que se cuentan muchos niños, personas con movilidad reducida.  En caso de accidente grave el Plantío podría convertirse en una auténtica ratonera.  Burgosdijital está estudiando emprender acciones legales a este respecto.

El Club, el ayuntamiento y la subdelegación del gobierno participan de un compadreo en el que todos parecen salir ganando excepto los espectadores.  El club hace caja vendiendo más entradas, y el ayuntamiento, propietario del recinto, y la subdelegación del gobierno  permiten una manifiesta irregularidad  para no granjearse la enemistad del club deportivo más importante de la ciudad a dos meses de las elecciones.  Todo ello a costa de la seguridad de l@s aficionad@s. 

  

 

Unas cien personas son instaladas en el fondo próximo al banquillo local.

200 personas son instaladas sistemátiamente sobre la parte de la pista cercana al banquillo visitante.

Las sillas ocupan los pasillos dejando 1 metro de espacio para transitar.

                         Unas 200 personas ocupan sillas en el pasillo que rodea toda la pista.

                             También hay en muchos espectadores de pie.  El espacio para el tránsito y desalojo es muy reducido.

El exceso de entradas vendidas provoca que algunos espectadores se sienten en las escaleras de acceso a las gradas.

No podemos olvidar a unas 70 personas que se sientan en los palcos de empresas.