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viernes, 2 de octubre de 2015

Cuando la seguridad ciudadana deja de servir a los ciudadanos



Por Carles Giménez

Es ya una vieja excusa conocida, un justificante del beneficio, una especie de concesión económica a la opinión pública (cuando las circunstancias son difícilmente justificables) el esgrimir por todo lo alto el llenazo hotelero de la ciudad que suponen eventos de todo tipo, incluso algunos molestos, o incluso algunos generados por la soberbia de un alcalde y la justificación de los actos de una mafia de la construcción en la imposición de obras faraónicas esencialmente cuando están pagadas por los contribuyentes. 
Sí, estoy hablando de aquél llenazo hotelero que se esgrimió desde las oscuras páginas del boletín de Promecal en el que se alabó la afluencia de antidisturbios que se necesitaron para… ¿cómo decirlo? imponer el orden y que bajo ese orden ya se pudiesen imponer también (no es cosa ya de los agentes) los abusos de poder por parte del consistorio sobre el barrio.

Además de estos beneficios económicos con los que se pretendió justificar una actuación de fuerza desmedida contra la propia población de Burgos (por cosas similares fuera de la OTAN y especialmente en Oriente Medio eres invadido por las fuerzas de Estados Unidos y el Mosad con gran rapidez) uno llega a preguntarse, ¿cuál es la delgada línea que separa la actuación de funcionarios de seguridad pagados por nosotras para proteger y mantener el orden entre eso y pasar a mantener el orden para que los intereses de un grupo cerrado de dirigentes se desenvuelvan bajo la permanencia de una desmedida apariencia de control e incluso del miedo?

Si analizamos que el uso del pánico y del miedo, sin hablar del término “terror” ya demasiado politizado e inocuo de su verdadero significado, cuando nos encontramos en una situación con un grupo armado con pistolas y escudos frente a civiles desarmados ¿qué diferencias encontramos cuando sirven para el mantenimiento de un orden social o cuando sirven a un orden que al mismo tiempo beneficia a la expansión de la corrupción urbanística?
¿Pueden los escudos, la apropiación sistemática de una bandera, los santos patrones, los estautos y mandatos sobre papeluchos dotar ya no de legalidad (no vamos a discutir la ley) pero sí de legitimar moralmente a un grupo armado sobre la población civil a estas alturas en España (mientras el ministro de Interior se reúne con criminales imputados)?

Porque si se tratase de otra circunstancia, en el caso del conflicto del barrio de Gamonal ¿qué llevó a los agentes a detener entre otros a personas inocentes que no formaban parte de la protesta? Unas detenciones sin control no ayudan a mantener un orden sino tal vez a expandir el miedo. 

Si la estrategia hubiese sido tal tampoco podríamos culpar al cuerpo entero de una posible actuación no profesional, sabemos que en este tipo de organizaciones prevalece una jerarquía de hierro y que al igual que en otro tipo de organizaciones con funcionariado existen “cargos políticos” en las antípodas de la tecnocracia que actúan de maneras que la ciudadanía desconoce. 

Es sabido que en un grupo u organización con escudo, colores o bandera, si es de tipo piramidal, prevalece una especie de fidelidad a la organización que si alguna vez puede llegar a ser cuestionada (por discrepancias con altos cargos) bien se sabe también que prevalece la fidelidad a un grupo cercano o finalmente a los compañeros más allegados. Los altos dirigentes, expertos en utilizar grupos (ya sean partidos, plataformas, funcionariado etc…), saben de sobras que hay una gran facilidad para dividir grupos y que es difícil que un funcionario politizado pueda comprender a los ciudadanos que le están pagando y pueda llegar a haber una sintonía o empatía entre una fuerza de seguridad y la gente del barrio, aunque incluso se haya dado la orden de extender el miedo.

La existencia de cargos políticos, de funcionarios cercanos a autoridades que a diferencia de compañeros suyos no les baste con la mera tarea de servir a los ciudadanos sino aspirar a algo más cerca de los poderosos nos lleva a plantearnos a qué tipo de puertas giratorias pueden aspirar las fuerzas de seguridad, a qué tipo de organizaciones de seguridad privada acceden funcionarios tras su labor para con los ciudadanos, qué tipo de requisitos son necesarios para pasar de ser agente a llegar tal vez al cni, u a otro tipo de organizaciones con mayor retribución. 

Si existen requisitos más allá de la valía, y en este país es bastante posible, en favor de las amistades o lazos con dirigentes de los “santos despachos” es muy probable que sea la base junto al poder económico de una red de funcionarios que en ocasiones trabajen para intereses más allá del deber común o habitual. 
Esto ya ocurre en diferentes áreas del funcionariado, sobre todo en regiones con tradición de mayorías absolutas como la nuestra.

En un mundo donde el imperio del beneficio es la norma ¿hasta dónde puede conducir la represión dentro del margen legal de actuación?
En países de habla hispana lejanos encontramos ejemplos que han demostrado que los agentes de seguridad lejos de actuar en el mantenimiento del orden movidos por sabe dios qué oscuros intereses han llegado a colaborar con cárteles del narcotráfico y relaciones directas con alcaldes y caciques locales. 

Podríamos hablar de la complicidad para entregar a más de 40 personas a la suerte de un cártel por parte de los agentes resultando más de cuarenta desaparecidos de por medio que luego se han encontrado asesinados y enterrados en fosas ocultas.
Claro está que este tipo de hechos que han consternado a la comunidad internacional son un ejemplo lejano y extremo pero no dejamos de describir una realidad en la que fuerzas de seguridad hacen utilización de su autoridad para servir a intereses más allá de su deber y poniendo en entredicho la ética y la moral, un espejo donde resultaría muy delicado reflejarse e inimaginable llegar cruzando la delgada línea entre el deber y el poder.

El día día prosigue en nuestra ciudad con un diario que sigue criminalizando e inflando cifras contra una protesta en la que se dijo “basta ya de corrupción con nuestro dinero” y el consistorio, con la complicidad de una fuerza que dice ser de izquierdas,, continúa el linchamiento contra el barrio colaborando con esa misma corrupción urbanística que tanto colaboracionista y adepto tiene en nuestra ciudad.

Siguen empeñados en convencernos de que la protesta es de criminales y gastarse más de 20 millones de euros de dinero público en bulevares y plazas de toros es de gente honrada y respetada, rodeada de premios, becerros de oro varios.
Burgos seguirá con su estación de tren fantasma, algún día nuestros nietos acabarán de pagar la deuda del bulevar ferroviario, el cielo amanecerá algún día con uno o dos caciques fallecidos a cuyo nombre destinarán una calle o unos distinguidos premios. Pero nosotros nunca nos cansaremos de contar la historia de un barrio agotado que indignado dijo basta y que hizo capital cultural a Burgos 2014-15.

martes, 21 de julio de 2015

Ley Mordaza, ley 1984

Presencia de la Policía Nacional en la calle.   

Por Revista Libertaria Argelaga

El 1 de julio, momento de la entrada en vigor de la Ley Mordaza y de la última Reforma del Código Penal, la monarquía española se convierte en un Estado policíal, culminando una etapa de populismo punitivo que arranca en la década de los noventa con la Ley de la Patada en la Puerta y el Código Penal “de la democracia”, el más duro de Europa y digno heredero del código franquista vigente hasta 1995. Lo que había sido hasta hoy un Estado partitocrático caracterizado por un autoritarismo rampante emanando de un “poder” legislativo que poco a poco iba conculcando derechos y suprimiendo libertades con la ayuda de un “poder” judicial dependiente de los partidos, ya es un Estado de excepción declarado gracias a un ordenamiento jurídico hecho a la medida del aparato represivo. 

La diferencia no es sutil: hasta anteayer la partitocracia se apoyaba principalmente en el conformismo de las masas; ahora ante todo lo hace en “las fuerzas y cuerpos de seguridad”. Eso quiere decir que, bien por la irrupción incontrolable de la cuestión social, bien por la debilidad irrefrenable del régimen ante las consecuencias de la salida de Grecia de la zona euro, los problemas políticos se están contemplando cada vez más como problemas de seguridad, es decir, como problemas de orden público. 

Al menos, a una parte significativa de la clase dominante le ha entrado pánico ante el peligro que conlleva el desarrollo de los conflictos sociales en las urbes y el territorio, consecuencia directa de la crisis económica y el descrédito institucional, y ha considerado que no era suficiente el refuerzo del sistema de partidos que ha supuesto la aparición de nuevas opciones políticas. 
Una parte de la oligarquía dirigente confía más en la integración de los partidos y coaliciones emergentes gracias a una política de pactos; la otra, cree más en los cordones policiales con carta blanca para reprimir sin contemplaciones toda veleidad de protesta y de disidencia. En un caso bastaría con los mecanismos de vigilancia y control habituales del posfranquismo, fuertemente respaldados por la legislación de los anteriores gobiernos socialistas; en el otro, se trataría lisa y llanamente de volver a la política de orden practicada por la dictadura franquista.







El pacto social que fundamentaba la partitocracia, representado por la ley Corcuera, parece haberse resquebrajado. Las fuerzas políticas partidarias de anteponer la “seguridad ciudadana” al estado actual de los derechos de intimidad, vivienda, acogida, reunión, manifestación y expresión, de por sí bastante recortados, piensan que la situación social amenaza con deteriorarse y derivar hacia coyunturas griegas pues el régimen es demasiado vulnerable a las especulaciones financieras y a medida que surjan nuevos agujeros en la financiación lo será todavía más. A fin de conjurar una crisis potencial con otro rescate en el horizonte complicado con un Syriza a la española, ellas han apostado por la línea dura. 



Creen conveniente imponer un “marco jurídico adecuado” y una desregulación de la actividad policial que permita total impunidad a prácticas ilegales que se venían ejecutando sin demasiada cobertura, tal como hizo en su momento la anterior ley. Incluso se le autoriza a imponer sanciones que antes incumbían al juez. 
Parece que la intervención arbitraria y desproporcionada de la policía contra “terceros” que protesten sea, oligárquicamente hablando, la única forma de garantizar “el normal funcionamiento de las instituciones” dentro de la crisis y asimismo, de mantener “la tranquilidad” de los ciudadanos que deciden en la economía y la política. 

Para que la sociedad y el Estado continúen en manos de irresponsables y corruptos, la calle ha de quedar a merced de los verdaderos violentos: la madera.La ley Mordaza es la primera de su estilo en definir el concepto de “seguridad ciudadana”: es “la garantía de que los derechos y libertades reconocidos y amparados por las constituciones democráticas puedan ser ejercidos libremente por la ciudadanía”. 


La redacción resulta más clara de entender cuando se tiene en cuenta que se refiere al derecho de estar de acuerdo con las disposiciones del Estado y a la libertad para obedecerlas.



La legislación securitaria amplía el muestrario de hechos “perturbadores” y figuras delictivas con términos suficientemente ambiguos como para abarcar a un sector importante de la población: aquél que se manifiesta, desobedece, grita a los políticos, se opone a los desahucios, convoca movidas por internet; aquél que forma parte de piquetes de huelga, okupa casas, corta el tráfico, fotografía las brutalidades de las fuerzas de orden; aquel que interfiere “en el funcionamiento de infraestructuras críticas”, es decir, que defiende el territorio, e incluso el hincha futbolero demasiado ruidoso y… aquél que hace botellón: la dipsomanía juvenil resulta ahora subversiva a la mirada beata de los dirigentes. 

En el cesto punitivo cabe de todo, desde el yihadista fanático al modesto ciudadano que no se cree obligado a mostrar su carnet de identidad al primer esbirro; desde el pacifista que se encadena contra las líneas MAT al viandante que rehúsa un cacheo; desde el inmigrante indocumentado al insolvente que se resiste a abandonar su casa. 
Todos ellos son “infractores”, y como tales figurarán en un registro, cualquiera que sea la levedad de la infracción o el grado de culpabilidad, porque aunque ésta sea mínima, puede ser susceptible de considerarse contraria al orden constitucional, y por lo tanto, responsable de aportar su grano de arena a la desestabilización “de las instituciones políticas, de las estructuras económicas o sociales del Estado”.

La ley Mordaza nos indica que el régimen partitocrático evoluciona imparablemente hacia una sociedad orwelliana como la descrita en la novela “1984”, con la información unilateral, el control de masas, la represión del activismo social, la erradicación de la inteligencia crítica, las neolenguas y los ministerios de la opresión, donde cualquier muestra exterior de disconformidad puede comportar terribles humillaciones. Es evidente, el Gran Hermano de hoy no es el Partido, sino el Estado partitocrático, pero los lemas siguen siendo los mismos: “la guerra es la paz”, “la libertad es la esclavitud”, “la ignorancia es la fuerza”. 

La Ley Mordaza es un producto típico de la Razón de Estado, pues con ella se persigue un aumento de poder que apunta a la conservación del régimen por encima de los súbditos denominados “ciudadanos”, sea cual sea el medio empleado. De preferencia, los inmorales, arbitrarios, violentos e ilegítimos, pues a los ojos de los expertos represores de la oligarquía dirigente, son los más eficaces. 
La partitocracia desde el pasado 1 de julio es ya visiblemente lo que ya era esencialmente: un Estado policial que da la bienvenida a su “ciudadanía” con una expansión penal perfectamente regulada sin necesidad de recurrir al golpe de Estado.


domingo, 1 de febrero de 2015

Un año después de la convención del PP en Valladolid

Por Asamblea de Apoyo a l@s Afectad@s 2F


"Hoy 1 de febrero de 2015, desde la “ASAMBLEA DE APOYO A L@S AFECTAD@S - 2F” hemos salido a la calle para recordar los hechos violentos sucedidos hace un año, el día 2 de febrero de 2014. Qué mejor forma de recordarlo, que reproducir simbólicamente lo sucedido, realizando la siguiente acción.
Durante los días 31 de enero, 1 y 2 de febrero del 2014 se celebró el congreso del PP en Valladolid. El día 2, al terminar la manifestación, un centenar de personas decidimos seguir mostrando nuestro malestar por los recortes de forma pacífica por las calles céntricas de la ciudad. A la altura de un conocido restaurante de Valladolid, en la calle San Lorenzo, fuimos rodeadas por numerosos antidisturbios, que sin mediar palabra cargaron, golpeando a la ciudadanía. 
Esta carga policial se saldó con tres detenidos, que se enfrentan a acusaciones falsas por delitos de desobediencia, lesiones, atentado y resistencia. Además, numerosas personas resultaron heridas de distinta consideración, entre ellas Encarnación -que sufrió un derrame cerebral- y Montse -a la que le destrozaron la mano de un golpe con la porra, y que  actualmente continúa de baja, sin posibilidad de mejora-.
 Nueve de las personas que resultamos heridas interpusimos una denuncia contra los agentes intervinientes ese día. Frente a esto, los agentes aportan 3 partes que recogen lesiones irrisorias, como pisotones o curas con hielo y Betadine.


Actualmente hemos conseguido que declaren como imputados tres policías, no sin encontrar muchas trabas en el camino. Esperamos que próximamente declaren al menos otros nueve agentes, todos ellos en calidad de imputados.
Igualmente ese día fuimos sancionadas 4 personas, acumulando 990 euros de multas. Todas las multas están recurridas ante el juzgado.
Nos sentimos orgullos@s de haber podido sentar delante del juez como imputados a los culpables de las lesiones. Vamos a llegar hasta el final y conseguir que sean juzgados y condenados por su violenta actuación. No se puede permitir que por manifestarnos en contra de los recortes y la corrupción, nos golpeen, nos detengan y nos juzguen.
Por todo eso, no queríamos dejar de recordar lo sucedido, porque nosotr@s no vamos a olvidarlo."

Fotos cedidas por la Asamblea de Apoyo a l@s Afectad@s 2F

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viernes, 5 de diciembre de 2014

PAH Burgos ante la denuncia de la policía local

Desalojo con violencia de  miembros de la PAH Burgos
Por PAH Burgos

El pasado día 2 de diciembre, a las 11 h, PAH Burgos realizó una sentada en la parte anterior al arco de seguridad de la entrada del Ayuntamiento, para exigir a ese Ayuntamiento la aprobación de una moción entregada la semana anterior, por la que se pide el levantamiento de embargos municipales en los casos en los que esto impida la dación en pago del inmueble.           
Igualmente se exigía la modificación de las Ayudas al alquiler, así como la creación de un parque público municipal de viviendas en alquiler social.

Hemos sabido por la prensa que el Ayuntamiento, a través de la policía local, ha presentado denuncia en comisaría contra 14 miembros de la PAH (muchos de ellos directamente afectados por la hipoteca) por “alterar el orden público”.

La ciudadanía debe saber que la sentada, como todas las acciones de la PAH, fue absolutamente PACÍFICA, Y NO IMPIDIÓ, EN NINGÚN MOMENTO EL TRABAJO DE LOS FUNCIONARIOS, NI EL ACCESO DE LOS CIUDADANOS AL AYUNTAMIENTO. ES DECIR, NO SE PERTURBÓ EL ORDEN PÚBLICO MÁS ALLÁ DEL DERECHO DE MANIFESTACIÓN.

A las 12, la Policía Local, procedió al desalojo de algunos participantes en la sentada, de una forma absolutamente desproporcionada, provocando lesiones (adjuntamos fotografías y partes médicos) y violando el ejercicio de un derecho fundamental, como es el de la protesta, en una actuación incompatible con la que debe ser su comportamiento de acuerdo con el artículo 5 de la Ley  Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Lesión a un miembro de la PAH producida 
durante la actuación de la Policía Local

Dado que ningún miembro del equipo de gobierno nos daba una respuesta, los miembros de la PAH acudimos de forma pacífica a una reunión del IMC para exigir dicha respuesta. Permanecimos en la reunión unos pocos minutos y salimos voluntariamente, por tanto tampoco alteramos el orden público.

Nos parece vergonzosa la actuación del Ayuntamiento; ante la dramática situación de los desahuciados, provocada entre otras cosas por la dejación de responsabilidades del Ayuntamiento en materia de vivienda social, resulta que el problema consiste en que sus protestas pacíficas “molestan” (alteran el orden público). ¿No alteraron el orden público los propios policías municipales cuando montaron el follón en el Pleno Municipal por sus propios intereses? En las muchas acciones pacíficas que ha desarrollado la PAH ante entidades bancarias, cuando hemos sido desalojados por la policía nacional no se ha producido ninguna lesión y no hemos recibido el trato vejatorio de la policía local y a nadie se le ha ocurrido denunciar a los que se manifiestan pacíficamente por “alterar el orden público”.


Parte médico de un miembro de la PAH lesionado
Exigimos al Ayuntamiento que retire la denuncia y que apruebe en el próximo pleno las peticiones de los desahuciados que les hemos presentado.

Hemos presentado queja en el Ayuntamiento sobre la actuación policial exigiendo que se abra expediente sancionador a los agentes mencionados, así como al responsable máximo de la Policía Local, que autorizó la actuación policial.

Asimismo estamos valorando presentar denuncia ante la policía nacional por las lesiones provocadas durante dichas actuaciones.

Si el Ayuntamiento espera meternos miedo con esta denuncia, más vale que desista. Nos asiste la justicia y la razón, sabemos que contamos con el apoyo de la ciudadanía y los movimientos sociales, tanto en Burgos como del resto de las plataformas a nivel nacional.


* fotografías cedidas por PAH Burgos

martes, 20 de mayo de 2014

Secuelas de la Convención del PP en Valladolid

Por Burgos Dijital

Son tiempos de recuperación económica, por lo visto con la primavera las cunetas de nuestro país se han empezado a llenar de brotes verdes y todo, según dicen, tiene mejor pinta. Dejemos brotar a esas plantitas, todo va bien... no serán gamonales los brotes que con tanta fuerza están creciendo... 
Como digo, ahora que estamos en período electoral y todo va bien, todo es bello, los partidos tienden puentes que se engalanan de grandes promesas y diálogo (a excepción de alguno en León), se vislumbran grandes señales de que España sigue siendo un gran país y que da lo mejor de sí al mundo. 

"Marca España"
Para mayor gloria de nuestra nación este país ha exportado al exterior a un hombre de gran altura. Uno de nuestros mejores activos en seguridad, dignidad y honradez ciudadana ha sido enviado a un país que necesita de nuestra mano, Afganistán. Allí en la Embajada de España en Kabul hará grandes cosas por mantener el honor de la “marca España”; llenará de orgullo el camino que vayan tocando sus botas en un país que, por qué no decirlo, está muy necesitado de grandes ejemplos y de todo tipo de asesoramientos en cargas policiales y diálogos comedidos a golpe de porra para salir adelante del kaos que allí seguramente estarán viviendo con el terrorismo que hay en sus calles. Es nuestro deber como españoles ayudar a estos países de Asia a gobernarse a sí mismos y que lleguen a su plenitud, tenemos larga experiencia, como la gran Democracia que somos, en esos menesteres.

Nuestro gran hombre ha sido escogido de entre muchísimos otros agentes de gran valía para desempeñar tan noble función, es el mejor. Tanto es así que ha tenido que realizar un gran sacrificio por el país; el agente estaba citado como imputado por el juez el día 24 debido a su heroica actuación en la carga de Valladolid del 2F, y debido a su obligación con nuestra gran nación no ha podido cumplir su asistencia ante tales honores.  

Recordemos que en Valladolid unos antisistema muy ruidosos (entre los que se encontraba Encarni, la que peor parada salió de esa carga) se atrevieron a molestar a nuestros nobles políticos en la puerta del restaurante donde estaban reponiendo fuerzas tras una dura jornada de trabajo en la Convención Nacional del Partido Popular. Aquello podía provocar que a nuestros nobles gobernantes les sentase mal la comida y España necesitaba ayuda urgente de manos profesionales para evitar tal situación como en efecto así se hizo. Nuestro gran héroe acudió al momento a la llamada de la Democracia. Con su gran liderazgo y sabiduría, entre varios agentes echaron a esa turba molesta del lugar y la normalidad volvió a las calles de la capital de la impoluta y justa región de Castilla y León.
Mano fracturada de una persona por la policía

Pero volviendo a la actualidad, no importa el no haber podido disponer de la presencia de este gran español ante el juez porque todo sea seguir sirviendo a la gran Democracia española, da igual los sacrificios que haya que hacer, para él el país es lo primero y su obligación es seguir sirviendo y exportando nuestra sabiduría como pueblo más allá de nuestras fronteras.

PD: Corre la información de que el médico del Hospital de Valladolid al saber que los damnificados habían sufrido una agresión policial declinó atenderles y delegó en subordinados. La mujer que tuvo una fractura de mano aún continúa con escasa movilidad en alguno de sus dedos y su mano no ha vuelto a la normalidad por lo que corren rumores de que no tuvo lugar un buen proceder médico a la hora de realizar la escayola. Otras voces cuentan que uno de los damnificados que cayó al suelo entre agresiones fue llevado al furgón detenido y  al entrar al vehículo fue empujado por el agente de tal manera que su cabeza se golpeó fuertemente contra la puerta del vehículo, algo que no se pudo probar puesto que los otros detenidos dentro no llegaron a verlo.