BNK Petroleum comienza trámites de expropiación para realizar fractura hidráulica

Por Fractura Hidráulica No

BNK Petroleum comienza trámites para expropiar fincas ganaderas en Villarcayo para realizar fractura hidráulica

                    

Situación aproximada de la finca a expropiar

"Esto es una guerra en la que yo si lucho sola me van a ganar, yo lo que quiero es luchar en compañía de agricultores, de ganaderos, el pueblo, o con quien sea, yo lo que quiero es tener compañía, tener apoyo de la gente. Que sea un movimiento que se vea que no nos vamos a rendir. Queremos salir adelante sin que nadie nos pise."

Palabras de Janet Ortiz Medina en relación a la posible expropiación forzosa de su finca para fractura hidráulica.

Muchas veces, en las charlas informativas sobre el fracking que hemos venido haciendo en los pueblos, la gente nos preguntaba: ¿En qué fincas van a entrar? ¿Te van a quitar una finca si es tuya? 

La primera noticia que tuvimos del modus operandi de las empresas fue con las fincas entre San Pedro del Romeral y Vega de Pas que Repsol había elegido como alternativas posibles para realizar los pozos de fracking. 

En estas fincas, los operarios de Repsol habían entrado, paseado por finca, hecho fotos y quien sabe si algo más sin avisar ni siquiera a las dueñas de éstas. Se enteraron por nosotrxs cuando, por casualidad, les fuimos a informar a sus casas.

La segunda noticia es muy reciente, de este fin de semana. Una vecina de Villarcayo ha recibido una carta por la cual BNK Petroleum le conmina a llegar a un acuerdo bajo la amenaza de una expropiación forzosa, le dan 15 días para pensárselo. 

BNK Petroleum, que tiene un permiso de investigación de hidrocarburos en el lugar (URRACA) es la empresa que, amenazando con la aplicación de una ley de Expropiación forzosa de 1954, pretende ocupar su finca dedicada a la ganadería trabajada con mucho esfuerzo durante años por sus padres y ahora por ella.

Ahora ya sabemos como lo hacen: el Reglamento de la Ley de Hidrocarburos declara la investigación de hidrocarburos como Bien de Utilidad Pública y por tanto sujeta las fincas a la Ley de Expropiación forzosa de 1954. 

Esta es la primera finca de la que tenemos noticias, pero no nos extrañaría nada que BNK Petroleum haya podido enviar varias de estas cartas-amenaza a otras vecinas de Villarcayo o de Sedano, o de otros lugares donde tienen sus concesiones para hacer fracking.

Es necesario ponerse manos a la obra y empezar a pensar como hacer frente a esta amenaza que ya se ha hecho efectiva.

Porque no queremos fractura hidráulica, ni en Villarcayo ni en ningún lugar, ¡ahora, más que nunca! ¡No al fracking!

Breve cronología de la actuación de BNK Petroleum

Marzo 2011: El Ministerio de Industria concede el permiso de fracking Urraca a BNK Petroleum. 95.000 hectáreas entre Burgos y Araba.

Abril 2011: primer conocimiento que tenemos por aquí tanto de BNK Petroleum como del fracking: El Gobierno de Cantabria concede un permiso de investigación de hidrocarburos a BNK Petroleum para hacer fracking en las cuencas de los ríos Saja y Nansa.

Verano-Otoño 2011: Arranque de la campaña informativa contra el fracking en Cantabria, Burgos y Araba.

2012: Creación de la Plataforma de Empresas de fracking Shale Gas España

2012-2013: Campaña propagandística y de contactos institucionales por parte de Shale Gas España y BNK Petroleum a través de Juan Carlos Muñoz, su portavoz.

Marzo 2014: invitación con todos los gastos pagados por parte de BNK Petroleum a alcaldes, concejales, periodistas, sindicalistas, etc a Polonia para convencer de las bondades del fracking así como para cooptarlos para futuras campañas.

Enero-Mayo 2014: campaña mediática en Burgos: programas apologéticos del fracking en la televisión pública castellanoleonesa, publirreportajes sin firma en la prensa local de página completa, buzoneos casa por casa con panfletos a todo color, contactos con alcaldes para ver qué fincas y qué paisanos pueden ser comprables en Sedano. 

Envío de cartas a propietarios amenazando con la expropiación forzosa de las fincas.

http://www.fracturahidraulicano.info/noticia/atencion-bnk-petroleum-comienza-tramites-para-expropiar-fincas-ganaderas-villarcayo-para

 Carta:: http://www.fracturahidraulicano.info/sites/default/files/media/documentos/cartafracking.jpg


"No sé cuánto de legal pueda ser expropiar con este fin, pero ya da claros indicios de que por las buenas no se van a ir."

"...el asunto es grave: están mandando cartas para expropiar parcelas particulares con el fin de realizar fractura hidráulica. No sé si es posible expropiar por parte de una empresa privada para algo que no es de utilidad pública, pero ya están haciéndolo asi, en contra de la voluntad de su dueña.

"...alguien sabe qué podemos alegar legalmente para evitar esto. Y sobre todo, para que muchas personas lo sepan. Se adjunta la parcela afectada que conocemos aunque puede haber mas."

28 de mayo: PAH y STOP DESAHUCIOS de Castilla y León en las Cortes de la Comunidad

Por PAH Burgos

La obligación de los Poderes Públicos de garantizar el DERECHO A LA VIVIENDA está contenida en el artículo 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y en el artículo 47 de nuestra Constitución.  En Castilla y León, se producen, en este momento, siete desahucios al día. El año 2013 hubo 2.768 lanzamientos, esta situación es insostenible.

A pesar de ello, nuestra Comunidad Autónoma no lo hace. No hace nada. Ni la Ley 9/2010, de 30 de agosto, del Derecho a la Vivienda de Castilla y León, ni la Ley 10/2013, de 16 de diciembre de medidas urgentes en materia de Vivienda de Castilla y León, contienen garantías reales sobre el uso social de las viviendas deshabitadas, sobre la creación de un parque público de viviendas en alquiler social y sobre la implicación real de la Administración en los supuestos de familias en riesgo de exclusión social, ya sea por estar sujetas a proceso ejecutivo hipotecario, o por que no tienen acceso a los bienes básicos –energéticos- entre los que se encuentran, con carácter primordial, una vivienda digna.

Por estas razones los colectivos STOP DESAHUCIOS y las PLATAFORMAS DE AFECTADOS POR LA HIPOTECA de todas las ciudades de Castilla y León, han elaborado en DOCUMENTO DE MINIMOS (que se adjunta) en el que se contienen las exigencias en esta materia, para que la Administración de la Junta de Castilla y León, realmente garantice el DERECHO A LA VIVIENDA.

Dicho documento se entregará, mañana, 28 de mayo, a las 11:00 h. en las Cortes de Castilla y León, aprovechando que se encuentran reunidas en Pleno.   Invitamos a todas, ciudadanos y ciudadanos, a que nos acompañen mañana.

 SÍ, SE PUEDE

DOCUMENTO DE MÍNIMOS. GARANTIA REAL DEL DERECHO A LA VIVIENDA.

Los poderes económicos, especialmente los financieros, vinieron configurando el acceso a la vivienda de los y las ciudadanas, reconocido como derecho en el artículo 47 de la Constitución, como un elemento de enriquecimiento insaciable que tranquilamente podemos llamar usura o estafa y que ha sido uno de los elementos determinantes de la grave crisis económica que el pueblo trabajador viene sufriendo en los últimos años.

De una necesidad tan vital y elemental como es el derecho a la vivienda, hicieron un elemento de enriquecimiento millonario a través del crédito hipotecario. Todo ello se hizo en consonancia con las políticas de vivienda y urbanismo desarrolladas por las diferentes Administraciones Públicas y con la complicidad de un sector muy amplio de profesionales y de cargos públicos implicados en este grandioso negocio.

En detrimento de la promoción pública de viviendas sociales, se promocionó la compra de vivienda privada cuyos precios tuvieron un crecimiento descontrolado en los últimos años anteriores a la crisis, alcanzando niveles de locura que los propios bancos, a través de sus tasadoras, contribuyeron a incrementar.

Como consecuencia de todo ello y de la legislación hipotecaria que lo facilitaba,miles de familias en la Comunidad Autónoma de Castilla y León han perdido su vivienda y se han visto abocadas a situaciones de verdadera precariedad habitacional.

Todo ello a la vez que existe un exiguo parque de vivienda social y una extremada desatención a otras fórmulas habitacionales como el alquiler social, la propiedad

cooperativa, la cesión de uso o el derecho de superficie.

A la dificultad de garantizar una vivienda digna, sobrevienen otras necesidades básicas, tales como una alimentación de calidad, una buena salud e ingresos suficientes para poder hacer frente a los gastos cotidianos, que con la crisis, han debilitado la economía familiar. Muchas familias en situación de emergencia habitacional tienen dificultades para pagar la luz, la calefacción y el resto de suministros.

Es preciso resaltar que un desalojo, ya sea por ejecución hipotecaria o por impago de alquiler, no afecta únicamente a un individuo sino que impacta en toda la unidad familiar. Esto incluye a menores de edad y a personas mayores en situación de dependencia. En el caso de las ejecuciones hipotecarias, además, la pérdida de la vivienda no supone necesariamente la desaparición de la deuda.  Muy por el contrario, la legislación Española hace posible que ésta pueda persistir de por vida.

Junto a estos datos, nos encontramos con el escándalo de miles de viviendas vacías. Buena parte de las mismas, que podrían destinarse al alquiler social, son propiedad de entidades financieras, de inmobiliarias o de la SAREB (que en el momento actual las está sacando al mercado a bajos precios facilitando nuevas operaciones especulativas). Algunas de estas entidades financieras, como Bankia, han sido rescatadas con fondos públicos, otras, como BBVA, Caixa Bank y Santander, se presentan como ejemplos de buena gestión financiera y, sin embargo, son las que más desahucios han practicado hasta el momento.

En el ámbito de la Comunidad de Castilla y León, en términos globales, puede afirmarse que las políticas de vivienda no han desarrollado un marco normativo garantice una vivienda digna. La principal consecuencia de esta debilidad es que, de manera dominante, ha sido el principio de mercado y la búsqueda de beneficios elevados a corto plazo el que ha regulado y asignado los recursos habitacionales y urbanísticos. En consecuencia:

1. No se dispone de un parque de viviendas públicas de alquiler suficiente que permita alojar a los colectivos de menores ingresos (el porcentaje de viviendas de alquiler social no alcanza al 2% del total, cuando la media de la UE está entre el 20% y el 30%).

Las ayudas al pago del alquiler de la Junta son escasas y están vinculadas a la disponibilidad presupuestaria.

2. Que el mercado privado de alquiler también es insuficiente (un 15% del total) y altamente especulativo. No existen límites a los aumentos indiscriminados de la renta por alquiler.

3. Se ha renunciado a la introducción de medidas orientadas a luchar contra la desocupación e infrautilización injustificada de inmuebles. Esta desatención contrasta con la tendencia en otros países del entorno a considerar la desocupación como un fenómeno patológico ante el que han de tomarse medidas para su erradicación.

4. Este panorama se completa con una legislación que facilita los desalojos, sin tener en cuenta la situación económica o familiar de las personas afectadas y sin que existan medidas efectivas orientadas a promover un realojo adecuado.

La reversión de este panorama exige, ante todo, reformas estructurales –financieras, fiscales y económicas- no solo en el ámbito de la vivienda, sino también en otros ámbitos como el laboral o el de la seguridad social.

El control público y social de la banca, una fiscalidad anti-especulativa, social y ambientalmente justa y que redistribuya la riqueza, son piezas fundamentales de este cambio, así como la reversión de las privatizaciones de los servicios públicos y la anulación de los recortes practicados hasta ahora en esos servicios públicos.

Es urgente atender las demandas de los colectivos, como la PAH o STOP DESAHUCIOS, que defendemos el derecho a la vivienda y las recomendaciones sobre la materia realizadas por diferentes organismos e instancias internacionales y locales, entre ellas Naciones Unidas y algunas defensorías del pueblo. Según datos del Consejo General del Poder Judicial los desahucios realizados en 2013 ascienden a 67189.

Queremos destacar que a pesar de las amplias movilizaciones de ciudadanos y ciudadanas a día de hoy continúan siendo miles las familias amenazadas con ser desahuciadas de sus viviendas por no poder pagar a los Bancos y Entidades Financieras unos créditos hipotecarios abusivos y que igualmente sigue pendiente una auténtica reforma legislativa que permita la dación en pago y garantice los derechos de defensa de las personas afectadas por los procedimientos de ejecución hipotecaria.

No podemos por menos que denunciar el incumplimiento de la Junta de Castilla y León del derecho a una vivienda digna de manera efectiva.

Por todo lo expuesto las PAHs y Stop Desahucios de Castilla y León exigimos que la Junta de Castilla y León promueva las siguientes actuaciones:

Un informe detallado de las viviendas en propiedad de la Banca Intervenida (Bankia, Unicaja) obtenidas en procedimientos hipotecarios o mediante dación en pago,

indicando cuántas y cuáles han sido transferidas a la SAREB, así como el valor por el que han sido transferidas a SAREB.

Un informe detallado sobre el precio al que están siendo vendidos los inmuebles adquiridos por la Banca por impago de Créditos Hipotecarios, precio que en su día pagaron los particulares al adquirirlas, así como el valor por el que las entidades bancarias las adquirieron en subasta o dación en pago.

Un informe pormenorizado sobre las Ayudas Sociales que durante los años 2012 y 2013 se han destinado a las familias afectadas por las hipotecas. Cantidad presupuestada y a qué se ha destinado realmente.

Que se informe pública y eficazmente de los planes actuales sobre ayudas para alquileres sociales, pago de hipotecas y prestaciones sociales destinadas a familias con escasos recursos y en riesgo de marginación y exclusión social.

Que la Junta de Castilla y León, y sus diversos órganos de gobierno, exima a las familias con pocos recursos y en riesgo de exclusión social el pago de los recibos de luz, agua y gas. 

La Junta de CyL mediará con las empresas de suministros energéticos para que dejen exentos del pago a estas familias, ya que existe una emergencia habitacional y muchos ciudadanos desatienden sus comidas o medicaciones para hacer frente a los gastos básicos de la vivienda.

Que la Junta de Castilla y León elabore un informe sobre viviendas deshabitadas en Castilla y León y tiempo que llevan deshabitadas, indicando cuáles pertenecen a las entidades Bancarias o sus inmobiliarias. Se obligará a ponerlas en uso mediante sanciones o expropiaciones.

Que la Junta constituya, a partir de las viviendas ya existentes, un parque público de viviendas dignas y de calidad para alquileres sociales y venta. Las rentas se establecerán en base a una escala en función de los ingresos.

Que la Junta exija a las entidades bancarias con las que mantiene operaciones financieras la paralización de todos los procesos de ejecución hipotecaria en la Autonomía. Asimismo exigimos la retirada de fondos y el cese de operaciones con las entidades que no cumplan lo anterior.

Que la Junta de Castilla y León realice una política a favor de una quita o reducción de la deuda hipotecaria de los particulares que, habiendo o no perdido su primera y única vivienda, se sobre endeudaron para la compra de la misma, como consecuencia del alza artificial de los precios inmobiliarios.

Que desarrolle todo tipo de iniciativas para lograr una moratoria de hasta cinco años sin intereses para los deudores hipotecarios por compra de vivienda que lo deseen.

Que adopte medidas urgentes para que no se incremente el precio de los alquileres ni se especule con la vivienda, pues asistimos a incrementos de alquileres y nuevos negocios con los inmuebles adquiridos por los bancos en subastas. Por el control público y eficaz de los precios de los alquileres.

Que la Junta ponga en marcha todo tipo de iniciativas para lograr definitivamente la regulación legal de la dación en pago a petición del deudor con efectos retroactivos, así como la condonación del remanente de la deuda para las viviendas ya subastadas y adjudicadas a las entidades bancarias.

Que la Junta de Castilla y León incluya en la legislación o inste a la Administración competente para que se deje de considerar la dación en pago anterior al proceso judicial como una “donación al banco” por el remanente de la deuda y deje de tributar como ganancia patrimonial.

Que se libere a los deudores hipotecarios, que pierden su primera y única vivienda, del Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos (Plusvalía Municipal).

Que la Justicia sea gratuita para los afectados por los procesos de Ejecución Hipotecaria en los que está en juego la vivienda habitual.

Que se firme un convenio entre la Junta de Castilla y León y los Notarios y Registradores de la Propiedad para que no recaiga sobre los afectados por las Hipotecas por compra de primera vivienda, los gastos de todo tipo necesarios para formalizar las daciones en pago sea cual sea su forma.

Que la Junta cree los cauces adecuados para la participación efectiva e informada de las organizaciones sociales y de las personas afectadas en las políticas públicas de vivienda.

Archivar todas las denuncias y acusaciones derivadas de la lucha contra los desahucios y anular las sanciones administrativas y penales que se hayan podido dictar por la exigencia a que se cumpla el derecho a la vivienda.

La Junta de Castilla y León ha de comprometerse en la depuración y exigencia de responsabilidades, a todos los niveles que pudieran derivarse, de todos los causantes y sus cómplices de las estafas inmobiliarias, investigando todos los indicios de irregularidades y malas praxis en la concesión de hipotecas por parte de las entidades

financieras.

Asamblea de Plataformas de Afectados por la Hipoteca y grupos Stop Desahucios de Castilla y León.

28 de mayo " Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres"

Desde  acciónenred,  queremos aprovechar la fecha del 28 de mayo “Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres”[1]  porque nos ofrece una oportunidad  para recordar, difundir y reivindicar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

 Para ello les invitamos al acto que se celebrará:

28 de Mayo, 10,30 h frente a  la Subdelegación del Gobierno en Burgos

C/ Vitoria, 34 - C.P.: 09071 - Burgos

Además  haremos entrega al Gobierno, a través de la Subdelegación,  de las firmas recogidas que recogen el sentir de diferentes profesionales  y jóvenes de  Burgos contra el “Anteproyecto de Gallardón”,  que en la práctica impedirá  el ejercicio del derecho al aborto, restringiendo los supuestos en los que se permitirá la interrupción del embarazo en una carrera de obstáculos.

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[1] “28 de Mayo, como día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres” fue tomada en la reunión de integrantes de la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Sexuales Reproductivos realizada al terminar el V encuentro Internacional sobre salud de la mujer, en Costa Rica en Mayo de 1987.

Vecinos de Gamonal y miembros de la Asamblea de Gamonal trasladan al alcalde sus denuncias

Unos vecinos del barrio de Gamonal miembros también de la Asamblea de Gamonal se reunieron esta mañana con el alcalde para mostrarle sus denuncias y exigencias. La reunión tuvo lugar en el Ayuntamiento y, aunque fueron escuchados, el alcalde no pareció querer llegar a ningún tipo de acuerdo palpable. Eso sí, queda abierta la posibilidad de realizar alguna otra reunión en los próximos meses. Los vecinos entregaron el siguiente documento:

Por Vecinos de Gamonal como miembros de la Asamblea de Gamonal

Ante la propuesta de Javier Lacalle de hablar con las personas miembros de la Asamblea de Gamonal, el lunes 26 de Mayo nos reunimos con él para trasladarle nuestras denuncias.  Aunque el Ayuntamiento de Burgos se vió obligado a paralizar las obras del Bulevar debido a la presión vecinal, hay algunas cuestiones que han quedado sin resolver. Además, hay otras realidades con las que nos hemos ido enfrentando a través de nuestra actual actividad asamblearia, que también queremos denunciar.

Desde la Asamblea de Gamonal consideramos que el Ayuntamiento ha sido responsable de los disturbios ocurridos durante el mes de enero en Gamonal por haberse negado a reunirse con las personas de la Plataforma Bulevar NO, que en dos ocasiones, coincidentes con las manifestaciones pacíficas realizadas durante el mes de diciembre, se pidieron. Por lo tanto, exigimos la retirada de la denuncia a las personas encausadas y que renuncien a la posible indemnización por daños y perjuicios.

Consideramos que si el alcalde hubiera actuado como un buen representante público y hubiera mostrado interés por la negativa de Gamonal al Bulevar no se hubieran dado tales incidentes. Pero en lugar de escuchar, se ninguneó la movilización diciendo que se trataba del sector de "los que siempre dicen no" o que nada de lo que hicieran hubiera podido hacernos cambiar de opinión -tal y como se recogió en las páginas del Diario de Burgos- evitando llegar a una solución dialogada. Si hubiesen querido sentarse a hablar, habrían escuchado el clamor de un barrio que les estaba pidiendo invertir esos 8 millones de euros en asuntos sociales y en crear puestos de empleo encaminados a paliar la situación de precariedad que vive Gamonal. Un barrio obrero con una altísima tasa de desempleo, que sufre desahucios, que ve cómo se cierran guarderías, cómo se recorta en ayudas sociales, becas etc. En este sentido, consideramos que la clave de un buen gobernante está en escuchar al pueblo y aún estaría a tiempo de preguntar al barrio de Gamonal en qué quiere invertir esos 8 millones de euros, en lugar de retirarlos, como ha hecho el Ayuntamiento.

La represión indiscriminada y arbitraria como vía de intervención vivida en Gamonal, que llevó a 49 personas a la Comisaría, lejos de servir a mantener el orden público, solo contribuyó a generar más rabia, daños y destrozos. Además, el daño moral ocasionado hacia las familias inocentes afectadas por la represión, contribuirá a dejar en la memoria colectiva del barrio un recuerdo amargo imborrable.

Además, aunque la obra del Bulevar se paró, el compromiso adquirido por el Consistorio de dejar la calle Vitoria como estaba no se ha cumplido. En el camino, los vecinos y vecinas de Gamonal hemos perdido plazas de aparcamiento, al acercar un metro la línea roja a la acera, impidiendo que se aparque en batería.

Por todas estas cuestiones, consideramos que el alcalde no ha tenido respeto hacia la ciudadanía movilizada y no ha actuado con autoridad, sino con autoritarismo. Por lo que, ante la mala gestión que realizó - y realiza- del asunto, tendría que haber actuado con responsabilidad y haber dimitido.

La actitud de la Administración Pública tampoco nos satisface en la cotidianeidad de nuestras actividades. Así, la actitud represora se mantiene en el tiempo, y aún a día de hoy las personas de la Asamblea de Gamonal seguimos recibiendo multas administrativas por ejercer nuestros derechos de manifestación, de reunión y libertad de expresión.

También, el Ayuntamiento nos niega el uso de los espacios públicos como La Casa de Cultura de Gamonal para nuestras actividades. Incluso en una ocasión se intentó cancelar un evento organizado por la asamblea porque el espacio había sido pedido por una asociación. Y esta misma semana recibimos la negativa de la Concejalía de Cultura de cedernos espacios para colocar unos buzones para que el vecindario pueda expresar sus quejas, sugerencias y deseos para el barrio.  Exigimos que cesen estas actitudes represoras y poco facilitadoras de nuestra participación política en los asuntos públicos. Y, más bien, exigimos respeto y facilidades hacia la actividad que se desarrolla desde la Asamblea de Gamonal.

Por otro lado, observamos el abandono al que se han visto sometidos por la administración pública distintos espacios del barrio. Nos da pena ver el estado en el que se encuentran los aparcamientos aledaños a la calle Lavaderos, el abandono que ha sufrido la Plaza San Bruno o las nefastas actuaciones del parking de la Plaza Santiago que no han sabido solucionar las goteras. Pero no queremos erigirnos en portavoces del barrio. Más bien, nos gustaría que el Ayuntamiento preguntara antes de hacer, que hiciera esfuerzos por conocer todas las visiones del vecindario antes de actuar, también las de las personas que no forman parte del Consejo de Barrio o de las Asociaciones de Vecinos.

29 de mayo: Asamblea abierta " Fractura hidráulica y técnicas no convencionales no, ni aquí, ni en ningún sitio"

Foto de archivo Manifestación contra el fracking en Burgos (2013)

ASAMBLEA ABIERTA: 29 DE MAYO A LAS 19:30 EN EL PASEO DE LA EVOLUCION (GRADAS, JUNTO AL RIO.)

Después de tres años de lucha como Asamblea Contra la Fractura Hidráulica de Burgos, necesitamos aún más del apoyo y sobre todo de la participación de todo el mundo, es un problema que nos afecta a todxs. 

Las instituciones y élites sociales ya han tomado partida favorable en el asunto y algunos otros sectores, se hacen los despistadxs ante un tema de tal repercusión social y que puede tener serias consecuencias en nuestro medio natural, agua y territorio. 

Por ello, porque estamos hartos de que hagan oídos sordos a la oposición existente, de que nos gobiernen como recursos, necesitamos estar alerta, implicadxs en este tema tan serio más que nunca. 

No todxs tenemos por qué hacer todo o acudir a las asambleas, pero si podemos hacer algo, la acción que sea, la protesta que se nos ocurra, todxs podemos aportar nuestro granito de arena para detenerlo. 

La inacción no solo nos condena a nosotrxs, también a las posteriores generaciones a cargar con quien sabe los daños irreparables en nuestro entorno. Necesitamos verte, charlar, compartir o lo que sea, hacemos este llamamiento lo más amplio posible.

Burgos Fractura Hidráulica No

Burgos no es de derechas

Por Víctor Atobas

Entre los estereotipos más frecuentados; Burgos es una ciudad de derechas y  siempre lo ha sido; por tanto, para la izquierda y la lucha de los oprimidos, intentar cambiar esto resultaría inútil. 

Los pilares que sostienen esta argumentación: una ciudad erigida en el desierto castellano y dominada por una red, heredera del franquismo, que se desarrolló no sólo a través del aparato político, sino también mediante la Iglesia, que sigue ocupando un papel fundamental a la hora de preguntarse por la realidad política de la ciudad. Si a esto le añadimos el envejecimiento de la población, la juventud expulsada y apartada de sus raíces ante la falta de oportunidades, la deslocalización y el cierre de la industria, podríamos pensar que Burgos es de derechas.

 Dicho estereotipo beneficia tanto a los intereses de la derecha como a la oligarquía local, puesto que ambas constituyen una unidad que “sujeta”. Además, este estereotipo se aleja de la realidad material, aquella que se encuentra en constante transformación mediante la lucha de opuestos; con el surgimiento de contradicciones y la batalla dialéctica que, en el caso del movimiento de Gamonal, supuso la victoria de la clase obrera frente a los intereses de la burguesía.

 Más bien, lo que ocurre es que la sociedad reproduce los valores y las ideas que han dispensado los aparatos ideológicos del Estado: la Iglesia y la familia patriarcal, el sistema político basado en la falsa paz social o la educación autoritaria, entre otros. Hablamos de la hegemonía de los valores e ideas autoritarias, propias a la clase dominante; en el movimiento de Gamonal, advertimos cómo el péndulo oscilaba al tiempo que avanzaban la lucha y sus correspondientes contradicciones, habiéndose inclinado de parte de la clase trabajadora gracias a la toma de conciencia, las movilizaciones y  contra-ofensivas.

 L@s manifestantes de Gamonal eran pertenecientes, en su mayoría, a la clase trabajadora; personas que habían estudiado y mamado la ideología autoritaria, que habían sido presionadas y condicionadas no solo para soportar la enajenación, sino para reproducirla en su propia familia, con sus hijos y allegados; entonces, los valores cambiaron. Durante la lucha por la hegemonía de las protestas, dichas manifestantes fueron combativas, arrojadas y valientes, honradas y dignas; comportándose de forma contraria a lo que suelen hacer en sus trabajos, o respecto a su vida, aceptando el “estado de las cosas” porque no son conscientes de que, en realidad, éste se encuentra en constante transformación y en su mano está cambiarlo. 

 El estereotipo de Burgos es de derechas perpetúa la falsa convicción de que, los valores y las ideas conservadoras y autoritarias, hegemónicas en la sociedad burgalesa, lo son de forma constante y lineal; sin que se produzcan cambios ni saltos cualitativos, como ocurrió en Gamonal. Dejemos de repetir los estereotipos que, además de faltar a una interpretación seria de la realidad, nos perjudican.

Lucha de clases en una ciudad industrial.

La supuesta “recuperación” se ha traducido en un empeoramiento de las condiciones de l@s trabajador@s. Los conflictos desarrollados en fábricas como Ara, Matutano o Kronospan; aun habiendo aumentado los ingresos de las empresas, gracias sobre todo al comercio exterior y al descenso de los salarios; peores condiciones para l@s trabajador@s. La crisis económica se origina por la acumulación de capitales, canalizados en expoliar los servicios públicos y en ensanchar la diferencia entre las rentas del trabajo; refiriéndonos a la suma de los salarios de todos los trabajadores, y las rentas del capital: dividendos, intereses y beneficios especulativos.

 En la distribución de la composición del PIB por sectores económicos, Industria […] tiene, en proporción, un mayor peso en Burgos que en el resto de Castilla y León. ⁽¹⁾

Frente al carácter industrial de Burgos, donde la clase trabajadora es mayoritaria, las instituciones han potenciado aquellos sectores económicos que permitieran “disgregar” a la clase, precarizándola de modo que sea aun más complicado construir lucha sindical. 

En este sentido, recordaremos las presiones de la Iglesia frente a la instalación de los polos industriales, que “acabarían con la familia” y pervertirían a la sociedad, en clara referencia a la irrupción de la clase proletaria.

El sector servicios [equivalente a precariedad] continúa incrementando su peso en la estructura empresarial de la provincia, como viene ocurriendo en los últimos años. En 2012 el número de centros de este sector económico es de 12.321, un 15,90% más que el año anterior.

Más del 75% de los contratos se formalizan para  trabajar en el sector servicios. Las actividades  económicas más representativas de esta  contratación son: actividades administrativas y servicio auxiliar; hostelería; industria  manufacturera; agricultura, silvicultura, ganadería y pesca y comercio al por mayor y menor.

Respecto a la temporalidad de los contratos, datos de 2012: el 91,10% de los contratos realizados fueron  temporales. El número de indefinidos se elevó a  9.166, el 8,90%, incluyendo las conversiones. ⁽²⁾

En el siguiente gráfico, observamos el peso de los distintos sectores productivos. El sector servicios ha sido claramente impulsado por las instituciones políticas, lo que supone empleo precario.

Entre las ocupaciones que más empleados concentran en Burgos; ocupaciones de baja cualificación y peones de industrias manufactureras (43,14%),  personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares (7,00%); peones agrícolas (5,62%); vendedores en tiendas y almacenes (4,14%); empleados domésticos (4,10%) y monitores de actividades recreativas y de entretenimiento (1,79%). ⁽³⁾ Estos son algunos de los trabajos propios de la clase trabajadora.

En Burgos, la brecha salarial entre hombres y mujeres se sitúa en un 23,3% (24% en el sector industrial), según apuntaron los sindicatos. Como podemos deducir de los datos, a los que podríamos añadir otros que hubieran indicado “por qué apuesta la burguesía”; por ejemplo, la “ideología de los emprendedores”, esto es, el neoliberalismo.

Los datos señalan a Burgos como una ciudad industrializada, en cierta medida. Y a la clase trabajadora como mayoritaria y presa de sus propias contradicciones; el aumento del paro y del empleo precario,  así como la pérdida progresiva de los servicios y las prestaciones sociales, además del empobrecimiento de los trabajadores, “empujan” en un sentido determinado si van acompañadas de la toma de conciencia y la movilización, pero los aparatos ideológicos que hemos mencionado antes, “contra-prestan” este empuje.

El próximo 12 de junio se celebrará una movilización en defensa de la sanidad pública, y por el rescate público del HUBU. Porque una serie de empresarios y explotadores; entre los que se encuentran enemigos ya derrotados en Gamonal, como Méndez Pozo o Arranz Acinas, se han asegurado una tasa interna de rentabilidad del 6,9%, mientras aumenta la mortalidad hospitalaria. Lo que conllevan los recortes en sanidad, es la muerte y el retroceso de la esperanza de vida.

Carolina Blasco declaró que, “si por algo se caracterizaba la ciudad de Burgos era por la ausencia de conflictividad y la paz social”; hablando en pasado, puede que, por una vez, no se haya equivocado. ⁽⁴⁾

 NOTAS:

(1) , (2) y (3) Datos extraídos del Informe del Mercado de Trabajo de Burgos, 2013. Observatorio de las Ocupaciones. Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Apunte: La diferencia es que la primera cita se refiere a datos de 2010, haciendo referencia el resto a 2012. (descargar)

(4)Bochornosa entrevista en el Diario de Burgos. Fuente.